La llamada “guerra” contra las pandillas lanzada desde finales de marzo por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se extendió de las calles a la justicia con unas reformas penales aprobadas por el Legislativo, que para el gremio de periodistas representan una “censura” y “criminalizan” su trabajo, según trascendió este miércoles.

Una de estas enmiendas -impulsadas por Bukele- castiga hasta con 15 años de prisión la publicación de “cualquier manifestación escrita” que aluda al “control territorial” de las pandillas en El Salvador, lo que ha levantado la alarma entre la prensa y organismos internacionales.

El nuevo paquete de enmiendas prohíbe a los medios de comunicación “la reproducción y transmisión a la población en general de mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delincuenciales, que pudieren generar zozobra y pánico en la población”. Con la iniciativa de Bukele -que la comparó con la lucha alemana contra el nazismo- se declararon también ilegales los grafitis o “cualquier expresión visual” que “explícita o implícitamente transmitan mensajes” de las pandillas.

Representantes de la denominada Mesa de Protección a Periodistas -que agrupa a diferentes organizaciones- advirtieron que las reformas son un paso más en el camino para “violentar” el derecho a la libertad de prensa y “profundización de la mentira en los discursos del oficialismo” contra quienes ejercen el periodismo.

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“Se ha comenzado a profundizar este discurso de que los periodistas estamos defendiendo pandillas, eso no es cierto, hay que dejarlo claro”, dijo Serafín Valencia, relator para la libertad de expresión de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Valencia añadió que las enmiendas son contrarias a la Constitución, al representar una “censura previa”, prohibida en la carta magna.

En tanto, César Castro Fagoaga, presidente de la APES, afirmó en una conferencia de prensa que esta “reforma mordaza” es “un claro intento de censura a los medios de comunicación”. El titular de la APES alertó, además, que con la reforma ven “muy cerca” la posibilidad de que en El Salvador se arreste a periodistas. “Se está tratando de legitimar, a través de decretos espurios, que esta posibilidad (la de ser detenidos) se concrete” y “es para ponerle un apellido de legal a cualquier abuso que venga”, subrayó.

Castro Fagoaga recordó que los casos más sonados de corrupción, como las negociaciones de políticos con pandillas, se han conocido primero por la prensa y no por el Ministerio Público. “Prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad”, agregó el periodista.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), consideró, por su parte, que la reforma “busca silenciar a los medios de comunicación independientes” y, a su juicio, Bukele “sigue pasos de (Daniel) Ortega, (Nicolás) Maduro y compañía”.

En tanto, la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, publicó en redes sociales que se necesitan “pronunciamientos fuertes de la OEA, de la Unión Europea y de Gobiernos de la región” y sostuvo que “no es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo en El Salvador”. (I)