De acuerdo con un reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), desde que se inició la pandemia de coronavirus los avances que se habían tenido contra el hambre en el mundo disminuyeron.

La población que vive con un consumo insuficiente de alimentos pasó del 8,4 % en 2019 al 10,4 % en 2020, tras haber permanecido en los mismos niveles por cinco años.

La FAO agrega que más de 1.000 millones de personas no tuvieron acceso adecuado a alimentos en 2020, un aumento de 150 millones en relación con el año previo.

“(...) Siete millones de personas se sumarán al colectivo que sufrió inseguridad alimentaria grave, que alcanzó un total de 22 millones, o el 2,4 % de la población” en la región de Europa y Asia Central, según un comunicado del organismo.

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Esto se debería principalmente a las interrupciones en los mercados, el comercio y las cadenas de suministro de alimentos.

La prevalencia de la desnutrición en Asia-Pacífico bajó del 14,3 % al 7,5 % entre 2000 y 2019, pero volvió a subir al 8,7 % en 2020.

Algunos de los países con mayor prevalencia de desnutrición en la región son Corea del Norte (más del 40 %), Afganistán (más del 25 %), Papúa Nueva Guinea (casi el 25 %) y Timor Oriental (más del 22 %), recoge EFE.

En tanto, el número de personas hambrientas en África sigue aumentando, debido a los conflictos, el cambio climático y la desaceleración económica.

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De acuerdo con el informe anual sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en África, la situación ha empeorado desde 2013, siendo el peor periodo el de 2019-2020 y se espera que las cifras de 2021 sean aún peores.

“En 2020, 281,6 millones de personas en la región de África estaban subalimentadas, lo que supone un aumento en 89,1 millones respecto de 2014, según el informe. Sin embargo, existe una variación significativa entre las subregiones con respecto a los niveles y las tendencias del hambre. Alrededor del 44 % de las personas subalimentadas del continente viven en África oriental, el 27 % en África occidental, el 20 % en África central, el 6,2 % en África septentrional y el 2,4% en África meridional”, apunta el documento.

Ante esta realidad se piden acciones a corto plazo como ayuda humanitaria desde otros países y adopción de medidas de protección social. Mientras que a largo plazo se debe buscar que los países afectados inviertan en agricultura, educación, salud y los servicios de agua.

La FAO ha indicado que como la pandemia continúa, aún es imposible determinar todos los efectos que tendrá en los progresos en relación con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible (erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, y promover la agricultura sostenible, entre otros), aunque de momento la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ha quedado sacudida hasta sus cimientos.

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Por el momento la pandemia ha podido ocasionar que entre 83 y 132 millones de personas caigan en situación de hambre crónica en el mundo.

Otro punto por destacar es que “el porcentaje de alimentos perdidos tras la cosecha en las explotaciones agrícolas y en las fases de transporte, almacenamiento y elaboración se sitúa en un 13,8 % a nivel mundial”, algo que equivaldría a más de 400 millones de dólares anuales.

También aumentaron los precios generales de los alimentos en 2020. Mientras que el estrés hídrico (cuando la demanda de agua es mayor que la disponible) se mantiene en 18,4 % en el planeta, pero en África Occidental y septentrional, así como en Asia meridional es muy alto, llegando al 70 %.

En Ecuador se debate ley contra el desperdicio

La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional dejó listo este mes el informe para segundo debate del proyecto de Ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas en situación de vulnerabilidad alimentaria, llamada “ley pancita llena”. Aún no hay fecha para la discusión en el pleno.

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En el proyecto se establece garantizar alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad alimentaria mediante el proceso de donación, prohibir la destrucción de alimentos aptos para el consumo humano para que, en orden de jerarquización, se reduzca su pérdida y se donen, entre otras acciones acordes con principios de economía circular, que se destine lo recaudado en multas por sanciones a programas y estrategias sociales para combatir la desnutrición crónica infantil.

Una de sus impulsoras es la asambleísta Dallyana Passailaigue (PSC), quien explica que la idea nace de la necesidad de volver la donación de alimentos la primera opción por encima de la destrucción, tomando en cuenta que ambas acciones pueden considerarse como pérdida de inventario y deducirse en el impuesto a la renta.

“Es una ley humana, una ley solidaria que no tiene sesgos políticos, pero sí un objetivo social que debe ser visibilizado para que las familias más pobres puedan apropiarse de esta herramienta y beneficiarse de estas donaciones. (...) nadie debería pasar hambre, mucho menos en país o un mundo donde se produce mayor cantidad de alimentos que (el necesario para) personas subalimentadas”, dice Passailaigue.

La propuesta también se basa en las actividades que ya realizan algunas organizaciones sin fines de lucro con empresas.

La “ley pancita llena” incluso permitiría que organizaciones sin fines de lucro puedan ofertar a ínfimos precios productos que han sido procesados a alargar su vida útil, de manera excepcional y para su autosostenimiento.

En Ecuador entre el 25 % y 42 % de personas viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema e indigencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Además, uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición crónica infantil, según datos de Unicef, y 1,3 personas están subalimentadas. Sin embargo, esto último se da mientras en el país se desperdician alimentos para dar de comer a 1,5 millones de ciudadanos. (I)