La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció este viernes en una audiencia pública realizada en San José, Costa Rica, el trato inhumano que reciben en Nicaragua, 44 personas considerados presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega, a quienes se les han otorgado medidas cautelares.

Conviviendo con insectos y ratas en las celdas, durmiendo sobre colchones invadidos de chinches y defecando en un orificio en el suelo en el mismo espacio que se bañan son parte de las denuncias expuestas durante la audiencia organizada por la CIDH, como parte de la supervisión de 10 medidas cautelares otorgadas a 60 nicaragüenses, de los cuales 44 permanecen privados de libertad por motivos políticos.

Durante la audiencia pública, de la que se ausentó el Estado de Nicaragua, las organizaciones solicitantes, entre ellas Centro por la Justicia y el Derecho internacional (Cejil), expusieron ante CIDH un sinnúmero de violaciones de derechos humanos que sufren en Nicaragua los “presos políticos”.

Entre otros mencionaron que son víctimas por parte de guardias y parapoliciales de golpes, torturas físicas y psicológicas, así como de aislamiento e incomunicación.

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Cenidh: hay “tratos crueles, humillantes y denigrantes”

Además, que están recluidos en celdas sin acceso permanente al agua potable, y otros duermen en el suelo porque fueron ubicados en galeras sin suficientes camas, lo que les ha causado insomnio, depresión y pérdidas de peso.

“Las personas beneficiarias continúan en situaciones de insalubridad e inhumanidad, que constituyen en sí mismas tratos crueles, humillantes y degradantes”, expuso la abogada Georgina Ruiz, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Por su parte, Alejandra Salazar, de la Unidad de Defensa Jurídica, afirmó que “la situación de salud de las personas presas políticas en Nicaragua sigue siendo crítica”, incluido la de los beneficiados con las medidas cautelares.

Condiciones precarias e inhumanas

“Los beneficiarios continúan sin acceder a medicamentos básicos y especializados para el tratamiento de sus padecimientos y enfermedades crónicas, no cuentan con la asistencia especializada y oportuna, lo que incrementa los riesgos a sus vidas con el paso del tiempo”, advirtió Salazar, cuya organización recogió testimonios de los familiares.

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Según su relato, algunos de los privados de libertad sufren de taquicardia, infecciones en los oídos, caída de cabello, hongos en la piel, problemas estomacales y diarrea constante, problemas renales y de anemia, hígado graso, y frecuentes sangrados en sus heces. Otros orinan sangre “como secuelas de sus detenciones violentas”, sufren vómitos, mareos, dolores en la columna, alergia en la piel, sarna, pérdidas de peso, y trastornos psicológicos como alucinaciones “debido a las condiciones precarias e inhumanas”, dijo Salazar.

La activista alertó sobre los niveles de ansiedad y depresión de ese grupo de “presos políticos”, debido a “los actos de torturas y malos tratos que son sometidos constantemente”, y a la falta de acceso a salud adecuada y oportuna, incluido 39 que han presentado síntomas relacionados a la covid-19.

“Nuestra preocupación con el sistemático deterioro a la salud de personas presas políticas es especialmente relevante en el contexto en donde ya dos presos políticos bajo custodia han fallecido y otros tres han resultado con daños irreparables a su integridad personal”, argumentó.

Relatora para Nicaragua impactada

La comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño, relatora para Nicaragua de la CIDH, expresó su “angustia” y estar “impactada” por la situación narrada por los representantes de los organismos humanitarios.

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“Realmente es inconcebible. Es un asunto que no tiene ni explicación ni justificación alguna. Estoy realmente impactada por cada una de las presentaciones que han hecho los representantes de la sociedad civil, que son representantes de 56 de las 60 personas beneficiarias de medidas cautelares dictadas por la CIDH”, indicó.

Durante la audiencia pública, las organizaciones civiles pidieron a la CIDH que “requiera a Nicaragua la liberación inmediata de las personas beneficiarias” y ordene al Estado que, mientras se surten los trámites administrativos, proceda a garantizarles la vida e integridad, en particular el acceso inmediato a servicios de salud y medicamentos.

También que facilite a los presos el contacto inmediato con familiares y abogados al menos una vez a la semana, y garantice condiciones dignas de detención. Asimismo, que solicite a Nicaragua “su anuencia para que una delegación de la CIDH ingrese al territorio para constatar la implementación y efectividad de las medidas”. (I)