El comandante a cargo de resguardar la residencia del presidente de Haití se convirtió rápidamente en sospechoso del magnicidio del presidente Jovenel Moïse el mes pasado, cuando su equipo de seguridad se desvaneció inexplicablemente, lo que permitió que sicarios ingresaran a la casa sin enfrentar mucha resistencia y asesinaran al mandatario en su propia alcoba.

Pero funcionarios y exfuncionarios dijeron que el comandante, Dimitri Hérard, ya era sospechoso en un caso aparte que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), ha perseguido durante años: la desaparición de cientos, si no es que miles, de kilos de cocaína y heroína que funcionarios corruptos se llevaron apenas horas antes de que llegaran los agentes de la ley para confiscarlos.

Ahora, algunos funcionarios internacionales que apoyan la investigación del magnicidio dicen que averiguan si esas redes criminales ayudan a explicar el asesinato. Incluso los funcionarios haitianos, entre ellos el primer ministro del país, han reconocido que no cuadra la explicación oficial presentada los días después del asesinato —que Moïse fue abatido como parte de un intrincado plan para ganar el control de la silla presidencial— y que el verdadero motivo del crimen no se ha descubierto.

Dimitri Hérard, sospechoso de participar en el asesinato del presidente de Haití, se benefició de capacitación y cédula ecuatoriana

Haití es un importante punto en el tráfico de drogas que van hacia Estados Unidos. Y los funcionarios estadounidenses y de las Naciones Unidas indican que el comercio prospera gracias a una variedad de políticos, empresarios e integrantes de los cuerpos de seguridad que abusan de su poder. Ahora, funcionarios y exfuncionarios aseguran que Hérard ha sido desde hace tiempo un punto clave de la investigación de uno de los mayores casos de narcotráfico a los que la DEA se ha dedicado en Haití.

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“La corrupción llega a los niveles más altos”, dijo Keith McNichols, exagente de la DEA que fue destacado a Haití y lideró la investigación de la agencia en torno al cargamento desaparecido de drogas. “La justicia es huidiza”.

El extenso caso de narcotráfico no solo involucra a Hérard sino también a jueces y al cuñado de un expresidente haitiano. Los funcionarios indican que la sorprendente cantidad de drogas desviadas por los funcionarios ilustra hasta qué grado Haití se ha convertido en un narco-Estado en el que políticos e integrantes del poder judicial haitianos e incluso agentes estadounidenses de la DEA han facilitado la corrupción durante años.

Cuando un buque con bandera de Panamá llamado MV Manzanares atracó en un puerto privado de la capital haitiana en abril de 2015, los estibadores empezaron a descargar lo que creían que eran costales de azúcar, dicen los funcionarios. Hasta que uno se desgarró para revelar los bienes ilícitos y valiosos que contenía.

Michel Martelly, el expresidente de Haití, sale de un hospital en la ciudad de Les Cayes, afectada por el terremoto, el 20 de agosto de 2021. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos ha considerado durante mucho tiempo a Dimitri Hérard, quien era el jefe de seguridad de Martelly y el presidente asesinado Jovenel Moise, sospechoso de un importante caso de trata. (Adriana Zehbrauskas / The New York Times) Foto: ADRIANA ZEHBRAUSKAS

Se desató una trifulca entre los estibadores cuando robaron lo que pudieron del enorme cargamento de cocaína y heroína, según los funcionarios. Los guardias de seguridad dispararon al aire para detener el saqueo y el alboroto alertó a McNichols y a la policía antinarcóticos de Haití del caos que transcurría en el puerto.

Sin embargo, antes de que pudieran llegar al lugar, dos Jeeps se precipitaron hacia el muelle. Se bajaron hombres con uniformes de la guardia presidencial y otras insignias policiales y, en lugar de realizar detenciones, se apoderaron rápidamente de costales de cocaína y heroína que cargaron por montones en los vehículos antes de marcharse a toda velocidad, según lo relatado por testigos y funcionarios.

Encargado de la seguridad presidencial

Dirigiendo a gritos a algunos de los guardias se encontraba Hérard, que en aquel entonces era integrante de la guardia de seguridad presidencial, según un testigo entrevistado por The New York Times y según McNichols, que llegó unas dos horas más tarde y empezó su investigación en el lugar de los hechos.

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Los testigos no solo le contaron lo que Hérard había hecho en el puerto, también le dijeron que la mayor parte de la carga ilícita —hasta 800 kilos de cocaína y 300 kilos de heroína— ya se la habían llevado. Un exfuncionario de las Naciones Unidas confirmó que Hérard había sido visto en el puerto y acusado de despachar miembros de la guardia presidencial para recoger las drogas del buque.

En total, al final de una búsqueda de 28 días realizada por la unidad antinarcóticos de Haití, la DEA y la Guardia Costera de Estados Unidos, se recuperaron 120 kilogramos de cocaína y heroína. Incluso esa cantidad es una de las mayores requisas de droga que se han registrado en Haití.

La DEA no quiso comentar sobre la investigación del fiasco en el puerto. Ninguno de los principales sospechosos ha sido detenido y el caso al final condujo a la denuncia de un informante que alegaba que la agencia no hacía lo suficiente para combatir el narcotráfico en la isla.

Varios testigos han acusado a Hérard de trabajar para introducir drogas a Haití con Charles Saint-Rémy, cuñado del expresidente Michel Martelly; con Bernard Mevs, cuya familia opera la terminal donde atracó el barco; y con integrantes de la familia Acra, que importaron el azúcar que llevaba el barco, según un oficial estadounidense en funciones que también trabajó en ese caso.

Si bien la redada fue revelada por The Miami Herald, hasta ahora no se había informado que Hérard y el cuñado del expresidente fueran sospechosos clave en la investigación.

Actualmente, Hérard se encuentra en custodia de las autoridades haitianas; fue detenido en conexión con el magnicidio. La viuda del presidente ha exigido que se conozca lo que sucedió con las decenas de guardias que estaban bajo las órdenes de Hérard y se investigue el motivo por el cual ninguno de ellos perdió la vida cuando un comando ingresó a su casa el 7 de julio y la hirió y mató a su marido junto a ella.

Hérard no pudo ser contactado para que comentara, y su abogado no quiso hacerle llegar las preguntas. Una portavoz de la Policía Nacional haitiana negó que la institución estuviera involucrada en el tráfico de narcóticos.

Al preguntársele si había participado en el tráfico de drogas, Saint-Rémy respondió por mensaje de texto “no, no, no”. Un miembro de la familia Acra declinó hacer comentarios. Y Devs negó cualquier delito y dijo que jamás se reunió con Hérard y añadió que Saint-Rémy solo era un conocido.

Joel Hirschhorn, abogado de Mev, dijo que la DEA recurría a haitianos pobres dispuestos a mentir para apoyar una investigación sesgada.

“No cuesta tanto lograr que alguien desesperado acepte el ofrecimiento de una vida mejor”, añadió, “seguirle la corriente a la DEA, incluso si resulta ser falso”.

Pero la red de corrupción en Haití era más profunda, aseguró McNichols, y llegaba hasta la DEA.

Cuando McNichols y otro exagente de la agencia antidrogas, George Greco, llegaron por primera vez a Haití en 2014, dicen que detectaron hasta 1,2 millones de dólares en gastos irregulares que parecían permitirle a un alto funcionario de la DEA recibir reembolsos fraudulentos.

Testigos también reportaron haber visto que el alto funcionario de la DEA se reunió en varias ocasiones con Saint-Rémy en privado, lo que creó preocupación de que estuviera informando a Saint-Rémy sobre las operaciones de la DEA, según McNichols y una declaración jurada de un agente del FBI. La DEA prohíbe que sus agentes se reúnan a solas con sospechosos de narcotráfico para evitar el soborno y la colusión.

Una vocera de la DEA no quiso comentar sobre estas declaraciones.

McNichols dijo que había reportado los pagos sospechosos y las reuniones y que sus superiores al interior de la DEA lo reprendieron por insistir en el asunto.

Él y Greco relataron serios fallos en los esfuerzos antidrogas en Haití. Siempre que él y Nichols intentaban ingresar al puerto, dijeron, los guardias los demoraban en la entrada durante alrededor de media hora, a pesar de que contaban con matrícula diplomática en su vehículo. Pero cuando intentaron que la DEA hiciera más para solucionar los problemas, dicen que fueron despreciados.

“El puerto es una alcantarilla abierta”, dijo Greco.

Van Williams, otro supervisor de las Naciones Unidas con sede en Haití en aquel momento, coincidió.

“Se daba muy poca importancia a los muelles, lo que se me hizo muy extraño”, dijo Williams. “La corrupción en Haití desde arriba hasta abajo es muy descontrolada”.

Los problemas en los puertos marítimos haitianos persisten. Con solo dos embarcaciones operativas para 1.770 kilómetros de costa, “la tarea de seguridad marítima es una labor abrumadora”, concluyó un reporte del gobierno estadounidense a principios de este año. Solo cinco personas han sido declaradas culpables de narcotráfico en Haití y el gobierno no consideraba la corrupción como crimen hasta 2014, añadió el informe.

McNichols dijo que su alarma creció al profundizar la investigación. Los traficantes le dijeron que Haití se había convertido en una ruta preferida para los contrabandistas porque la policía les ayudaba a mover miles de kilos de droga.

No queda claro lo que Hérard podría haber hecho con el cargamento ilícito que fue sustraído del puerto aquel día. Pero su trabajo de protección a Martelly, el presidente de aquella época, y las denuncias de que trabajaba con Saint-Rémy, cuñado de Martelly, eran parte central de la investigación.

Martelly estaba a un año de concluir su mandato presidencial y preparaba al sucesor que había elegido, un exportador de plátanos poco conocido de nombre Jovenel Moïse, para que fuera su reemplazo.

Pero Martelly rechazó un pedido de la policía judicial haitiana para interrogar a Hérard por su papel en el caso Manzanares, según un funcionario de Naciones Unidas destinado en Haití en aquel momento. Martelly no quiso hacer comentarios.

Otros sospechosos del magnicidio

Hérard volvió a figurar como sospechoso a causa del asesinato de Moïse. La viuda del presidente dijo que su marido llamó a Hérard cuando los sicarios invadieron la casa, suplicando ayuda. Los registros telefónicos y la declaración inicial de Hérard también indican que Moïse lo llamó a la 1:39 a.m. la madrugada del asesinato. Pero Hérard y su unidad jamás interactuaron con el escuadrón en la residencia y más bien instalaron un retén a cierta distancia de ahí, según su propia declaración inicial a la policía.

Los oficiales de seguridad haitianos al fin acorralaron a algunos de los sospechosos del ataque en una casa cercana a la residencia presidencial. Dijeron que habían visto a Hérard hablando por teléfono con los mercenarios e intentando negociar para que se rindieran, pero no se sabe cómo consiguió sus números telefónicos.

Hérard no fue la única persona en la órbita presidencial sospechosa o acusada de narcotráfico. En marzo, Lissner Mathieu, un traficante convicto que brindaba al palacio nacional lo que la gestión de Moïse describió como “servicios profesionales”, fue arrestado por la DEA en Haití y enviado a Estados Unidos en avión.

Mathieu había escapado a Haití en 2006 luego de admitir en la corte que había contrabandeado 500 kilos de cocaína a Estados Unidos. Cuando Mathieu fue detenido, se le encontró una tarjeta de acceso al palacio presidencial. Luego se dio a conocer una foto con Moïse durante la campaña. La oficina del presidente más tarde comentó que Mathieu no era empleado y que tenía un pase de acceso como muchos otros proveedores de servicios.

En cuanto a las drogas que llegaban al puerto marítimo, McNichols y Greco dijeron que los obstáculos, obstrucciones y hostilidades que enfrentaron en la DEA al final los motivaron a abandonar la agencia.

Presentaron sus quejas con la ayuda de un grupo llamado Government Accountability Project, que representa a informantes. El mes pasado, la Oficina de la Fiscalía Especial de Estados Unidos, responsable de proteger a los trabajadores del gobierno federal de la interferencia política, reprendió a la DEA por su manejo del caso Manzanares y por no hacer más para limpiar los puertos haitianos.

“Pasé un infierno al decir la verdad e intentar hacer lo correcto”, dijo McNichols. (I)

  • Anatoly Kurmanaev en Puerto Príncipe y Julian Barnes en Washington, D.C. colaboraron con este reportaje.
  • María Abi-Habib es la jefa de la corresponsalía para México, Centroamérica y el Caribe. Ha reportado para The New York Times desde el sur de Asia y el Medio Oriente. Encuéntrala en Twitter: @abihabib