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Contratos secretos y precios distintos, así funciona la venta de vacunas

La mayoría de los gobiernos latinoamericanos se ha asegurado la vacuna AstraZeneca, la más barata.

Cláusulas de confidencialidad en los contratos con las farmacéuticas pueden encarecer las vacunas contra el SAR CoV-2 y aumentar el riesgo de corrupción en los gobiernos, los únicos que pueden negociar. Foto: -- JOSEPH PREZIOSO

La emergencia por la pandemia en América Latina no permite dilaciones, pero sí exige transparencia, coinciden expertos.

En Perú fue el vacunagate, en Argentina el vacunatorio VIP, y en Chile, decenas de miles de personas se saltaron la fila, mientras que en Brasil se investigan posibles inoculaciones con aire. La corrupción golpea a la mayor campaña masiva de salud pública nunca vista y de cuyo éxito depende en gran parte salvar vidas, reabrir escuelas y recuperar fuentes de trabajo.

También surgen cuestionamientos en torno a convenios y donaciones. El medio Salud con Lupa informó que la empresa china Sinopharm habría entregado al Ministerio de Salud de Perú y a la Universidad Peruana Cayetano Heredia donaciones de insumos y equipamiento médico por más de 860 mil dólares. El país sudamericano ha hecho su mayor reserva de vacunas con esta farmacéutica.

Los gobiernos enfrentan una presión extrema por asegurar las vacunas para su población. La falta de transparencia en la adquisición y distribución puede amenazar una vacunación justa y equitativa, alerta la organización Transparency International (TI). Hasta ahora, la información difundida sobre vacunas COVID tiene que ver con la fundamental: eficacia y seguridad. ¿Pero qué pasa con los contratos, precios y eventuales conflictos de interés? ¿Es relevante hablar de precio/calidad?

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“Es una preocupación muy válida de largo plazo, pero en una emergencia como la que estamos viviendo, y con cualquier vacuna que se compruebe que tiene eficacia, el precio diferencial entre vacunas sería un cálculo mucho menos importante que el de no vacunar a la población”, dice a DW el politólogo Miguel Lago, director ejecutivo del Instituto de Estudios para Políticas de Salud (IEPS), de Brasil.

“Cuánto cueste cada vacuna es un tema menor, porque lo que cuesta mucho a un país es no vacunar a su población”, indica Lago. Sin embargo, precio y contratos debieran ser públicos, subraya el experto: “Yo abogo por la transparencia”.

“Los ciudadanos no saben qué acuerdos han hecho los gobiernos, cuánto están gastando o si esto puede llevar a manipulación y corrupción, porque no sabemos realmente qué precio se ha pagado ni qué ocurre con los contratos”, alerta en entrevista con DW Jonathan Cushing, jefe de salud global de TI, en Londres. A esto se suma el riesgo de que “cualquier aspecto que no sea transparente puede darle razones al movimiento anti vacunas para argumentar en contra, lo que puede tener impacto en la confianza y el éxito del proceso”, advierte.

Contratos secretos y precios distintos

“Las negociaciones de los grandes laboratorios no son transparentes, porque negocian por países y no en forma concertada. La manera como se relacionan las grandes farmacéuticas y los gobiernos, y la falta de transparencia en las negociaciones es uno de los graves problemas de salud global que tenemos”, alerta Lago.

La carrera por la vacuna contra el COVID-19 ha evidenciado particularidades de esta industria: no es raro que un mismo producto se venda a precios diferentes, según el trato con el comprador. Un artículo del British Medical Journal (BMJ) indica que Sudáfrica habría comprado la dosis de la vacuna AstraZeneca a 5,25 dólares, mientras que la Unión Europea pagaría 2,15, es decir, menos de la mitad.

“Lo que hemos visto, no sólo en el caso de la vacuna contra el COVID, es que por lo general los países pobres tienden a pagar más por productos de las farmacéuticas que los países ricos, a causa de esta completa falta de transparencia en los precios. Eso impacta en la capacidad de vacunar a la población y en la respuesta global a la pandemia”, observa Cushing.

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También influye que los países de mayor ingreso invierten en investigación y desarrollo, lo que puede abaratarles costos. Según el BMJ, esto determina, por ejemplo, que la Unión Europea obtenga la vacuna Pfizer-BioNTech, desarrollada en Alemania, a un precio más favorable que Estados Unidos, y que éste compre la dosis de Moderna, la cual subsidió, más barata que los europeos.

¿A qué precios acceden los países latinoamericanos?

Casi sin industria propia, dependen de la disponibilidad en el mercado externo, y al negociar cada uno por separado, los costos se elevan. El secretismo tampoco contribuye. Cushing rechaza el argumento de que cláusulas de confidencialidad permitan acuerdos más favorables: “Hemos trabajado mucho este tema, y lo que vemos es que al hacer públicos los contratos, como ocurrió en Ucrania, es justo lo opuesto: bajan los precios. La transparencia permite mayor equidad”.

Lago alude también a la dependencia del mercado externo: “Lo que le sale realmente caro a los países latinoamericanos es no tener la capacidad industrial de producir vacunas. Es muy importante que haya algún tipo de política nacional de desarrollo de estos insumos estratégicos o al menos una cooperación regional. Si no, vamos a depender siempre de empresas muy poco transparentes y que hacen negociaciones distintas con cada cliente. Todos los esfuerzos de convergencia y cooperación regional son necesarios para mitigar esas grandes desigualdades”.

Cushing también expresa preocupación porque “muchos países, como Argentina y México, están firmando cláusulas de responsabilidad e indemnización, lo que significa que, por ejemplo, en casos de efectos secundarios, los gobiernos nacionales asumirán la responsabilidad y costos de responder a este tipo de demandas, en vez de los fabricantes”.

¿Qué vacunas, dónde... y a qué precio?

“Dada su gran demanda, las vacunas para COVID-19 tienen un valor de venta extremadamente alto, lo cual las hace particularmente vulnerables a la corrupción, que va desde falta de transparencia en los precios pagados por los gobiernos y confidencialidad en torno a los contratos con las farmacéuticas, a temas de acceso, que afectan quién es vacunado y cuándo”, alerta un informe de TI.

A nivel mundial, los países de mayores ingresos han adquirido la mayoría de las vacunas, un 56%, observa TI. Sólo un 14% ha sido comprado por COVAX, la iniciativa global para un acceso equitativo a insumos, tratamientos y vacunas contra el COVID. Adicionalmente, cada país latinoamericano ha hecho acuerdos individuales con diferentes laboratorios. El que algunos reserven más dosis que las necesarias para su población contribuye también a subir los precios.


La mayoría de los gobiernos latinoamericanos se ha asegurado la vacuna AstraZeneca, la más barata. Brasil y México registran la mayor compra a este laboratorio. La Pfizer-Biontech figura en las opciones de numerosos países, pero con volúmenes mucho más discretos. Argentina apostó por la rusa Sputnik y Chile por la china Sinovac, la cual también tiene un importante pedido de Brasil.

“Los gobiernos quieren vacunar a su población rápidamente, hay una gran urgencia y están bajo gran presión. Hay suministros limitados y deben decidir si esperar a determinadas vacunas o comprar las que están disponibles en el mercado en el momento. Y lo que hemos visto es una amplia disponibilidad de vacunas rusas y chinas”, dice Cushing.

A pesar de la resolución de 2019 de la OMS para promover la transparencia en el mercado de vacunas y productos de salud, buena parte de la limitada información disponible sobre contratos y precios se debe a filtraciones, solicitudes de información por ley de transparencia e investigaciones periodísticas.

Basándose en fuentes públicas sobre contratos, fabricantes y precios, UNICEF presenta el Tablero de Información sobre el mercado de vacunas contra el COVID-19. De las 13 vacunas actualmente en uso en el mundo, los precios por dosis varían ampliamente, alerta el organismo. En América Latina alcanzan van desde 2,7 hasta 44 dólares.

Según el tablero, las más baratas serían AstraZeneca, Sputnik y Janssen -que promete dosis única- y las más caras, Sinovac, Moderna y Sinopharm. Pero los precios seguirán variando según se desarrolle la pandemia, se muevan la oferta y demanda y surjan nuevas vacunas.

¿Cuánto informan los gobiernos?

En Uruguay, el gobierno ha señalado que los contratos con farmacéuticas se mantendrán confidenciales. En Argentina, una ley dictada especialmente permite incluir cláusulas de confidencialidad y bloquear el acceso a información sobre precios y convenios de compra. No obstante, en una entrevista con el medio Página 12, el presidente Alberto Fernández reveló que el precio por dosis de Sinopharm era 20 dólares, Sputnik 4,75 y Astra Zeneca 4,5, y que gracias a las negociaciones Sinopharm habría bajado su valor.

Colombia, en tanto, primer país en recibir un cargamento de COVAX en la región, ha transparentado sus primeros gastos. Por medio de una resolución del ministerio de hacienda, indica que tiene un compromiso por 10 millones de dosis de Pfizer a un precio estimado de 12 dólares cada una. Asimismo, el presidente Duque indicó que “el país ha pagado cerca de 1,5 billones de pesos para garantizar 29 millones de colombianos vacunados”. Esto sería un estimativo de aproximadamente 7 dólares promedio por dosis.

En México, donde el gobierno autorizó a gobiernos federativos y municipios a realizar compras de vacunas, Transparencia México, la oficina local de TI, hará un seguimiento del acceso a la información en los contratos para asegurar la transparencia y el cumplimiento de la ley.

Chile, elogiado a nivel mundial por su rápida campaña de vacunación masiva, ya ha inoculado a más del 20% de su población con al menos una dosis. Consultada por DW, la oficina de prensa del ministerio de Salud indicó que no es posible informar sobre los precios de adquisición, pues la transacción “está sujeta a cláusulas de confidencialidad en los contratos”.

La confidencialidad que permite proteger derechos de propiedad y fórmulas de las vacunas no debería incluir los precios, que son pagados con recursos públicos de todos los contribuyentes, considera TI. La organización llama a los ciudadanos a tener un rol activo y exigir información. Y lo resume en cinco preguntas que todo gobierno debiera contestar, entre ellas, qué vacunas ha adquirido, cuántas dosis de cada una, quién será vacunado con cuál y, también importante, cuánto pagó por cada una. (I)

Redacción
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