Constituyentes, una estrategia política usual en la región

Chile está en proceso de redactar una nueva constitución y el nuevo presidente de Perú tiene entre sus promesas impulsar un proceso similar. Pero esto no es algo nuevo en una región en la que es común que líderes políticos busquen cambiar todo el marco legal con diferentes objetivos y resultados.

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Tomando como referencia solo las dos últimas décadas, este siglo (XXI) nacía con una nueva constitución en Venezuela impulsada por el entonces presidente Hugo Chávez en 1999, quien por su popularidad se armó una estructura que le fue dando a él y a su fuerza política una relevancia enorme, que posteriormente aupó la subida de los precios del petróleo para un país que tiene las mayores reservas confirmadas del mundo.

Luego, como respuesta a la creciente protesta, el régimen de Nicolás Maduro organizó otra en 2017 para quitar los poderes a la oposición, que había obtenido la Asamblea Nacional, bloqueando todo lo que hacía. Esta terminó en 2020 sin redactar ni promulgar un texto. Además, una buena parte de la comunidad internacional no la reconoció por las críticas a su método de formación.

Actualmente la referencia principal a estos procesos la tiene Chile, que tras fuertes manifestaciones en 2019 decidió preguntar a sus ciudadanos si querían una nueva constitución, ya que una de las críticas era que la actual había nacido en la dictadura de Augusto Pinochet -está vigente desde 1981-, aunque había sido reformada en gran medida por el presidente Ricardo Lagos en 2005.

Actualmente se redacta un nuevo proyecto en ese país en una convención constituyente y el resultado final deberá ser refrendado en las urnas.

Una figura de la izquierda de la región, el expresidente uruguayo José Mujica, ha dicho que esta convención constituyente en Chile, que tiene mayoría del centro a la izquierda, debe recordar que una constitución “es un programa, de grandes líneas y objetivos” y que no hay que pedirle más, en referencia a equivocaciones en el pasado. Añadió que tiene sentido provocar una liberación de carácter social para atender las urgencias más fuertes y que los sectores más poderosos de la economía deben tener más responsabilidad, pero al alcanzar esos objetivos no se debe mandar abajo la estabilidad económica de un país.

En tanto, en Perú expertos ven difícil que ocurra en el corto plazo por las prioridades de la pandemia y la poca gobernabilidad que se prevé para el nuevo presidente Pedro Castillo, con un Congreso en contra.

Para Francisco Durand, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, hay quienes quieren cambios, los que no y los que desean algunos en lo político.

Él recuerda que la Constitución vigente es la de 1993, promovida por el entonces presidente Alberto Fujimori, que reemplazó a la de 1979, que afirma era “una de las más consensuadas”.

“Ecuador en la costa del Pacífico Ecuador era la excepción (que había cambiado su Constitución en los últimos años) y ahora en Chile ya están en asamblea constitucional, en Perú ya hay un pedido apoyado por el presidente y en Colombia quizá vayan a llegar a ese punto”, opina Durand.

El también analista peruano Luis Benavente comenta que el tema de una nueva Constitución es una estrategia, porque con eso se ve en el campo simbólico como una nueva esperanza en torno a un nuevo gobierno, para refundar el país, de hacer creer que con eso se van a arreglar las cosas y todo va a ser nuevo y mejor.

“A nivel práctico lo que quieren es un nuevo Estado que sea estatista, valga la redundancia... que tenga un papel preponderante en la economía. Por otro lado, que regule la actividad de las personas y las instituciones. Esto lleva al totalitarismo por el control de la sociedad, de la economía y la libertad de las personas... Finalmente terminan persiguiendo a quienes no piensan como ellos. Ese ha sido el modelo puesto en marcha en Venezuela”, apunta Benavente, quien agrega que cuando se trata de ajustar temas económicos no es necesario hacer nuevas constituciones.

El abogado constitucionalista ecuatoriano Ismael Quintana también concuerda con Benavente y pone de ejemplo que Ecuador ha tenido muchas constituciones, las tres últimas en 1979, 1998 y 2008.

Añade que en los últimos 30 años América Latina ha tenido los procesos constituyentes más fuertes, luego de que en los 80, 70 y 60 muchos de los países atravesaron por gobiernos militares, dictaduras, tras lo que hubo una reinstauración de la democracia que tuvo procesos constituyentes.

Quintana también cree que la Constitución de Colombia de 1991 podría ser una que puede llegar a cambiar por el contexto que pasa el país. Además recuerda que en Bolivia, Evo Morales también armó su constitución en 2009, aunque no la respetó en el caso de las reelecciones. Fue el último caso antes de lo de Chile.

Otro ejemplo de esto en los 90 fue la constituyente que impulsó el entonces presidente argentino Carlos Menem para reformar varios aspectos de la Constitución, entre ellos, permitir la reelección presidencial.

“(Usualmente en América Latina) las constituyentes son usadas por los gobiernos para hacer trajes a la medida. Que sirvan para atornillarse en el poder y concentrar el mayor poder que puedan y no lo que correspondería, que son verdaderos cambios. Cuando las constituciones ya no encajan en las sociedades se acude a estos mecanismos -cuando las bases institucionales, jurídicas, políticas han dejado de funcionar-, pero en el caso de la región esto (último) no ocurre”, afirma Quintana, quien agrega que los países deberían buscar estabilidad y madurez y no ir cambiando constituciones porque no le gusta al gobernante que entra y prefiere hacer “borra y va de nuevo”. (I)