La jesuita Universidad Centroamericana (UCA) de Nicaragua anunció el miércoles la suspensión de todas sus actividades luego de que un tribunal ordenara la confiscación de sus bienes y fondos, tras acusarla de ser un “centro de terrorismo”.

“Las medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales”, dijo la UCA en una nota dirigida a la comunidad universitaria, en alusión a las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos.

La universidad explicó que la tarde del martes recibió un oficio que notificaba la incautación, ordenada por el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua, a cargo de la jueza Gloria Maria Saavedra Corrales.

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En el oficio “se ordena que la incautación de todos los bienes descritos [...] sea a favor del Estado de Nicaragua que garantizará la continuidad de todos los programas educativos”, señaló la universidad.

El gobierno de Daniel Ortega mantiene una conflictiva relación con la Iglesia Católica. El obispo Rolando Álvarez está preso desde agosto de 2022 y condenado desde febrero a 26 años de cárcel por cargos de menoscabo a la integridad nacional, entre otros cargos. Al menos otros dos sacerdotes guardan prisión por supuestos delitos comunes.

Las autoridades nicaragüenses habían dispuesto el congelamiento de las cuentas bancarias de la UCA la semana pasada, aunque los medios oficiales no anunciaron medida alguna contra la universidad.

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El gobierno del presidente Daniel Ortega tampoco ha emitido comunicación sobre la denuncia del centro.

“La Universidad Centroamericana (UCA) suspende a partir de hoy [miércoles] todas las actividades académicas y administrativas, hasta que, sea posible retomarlas de manera ordinaria, lo cual será informado a través de los canales de comunicación oficiales de la Universidad”, agregó el centro académico.

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La jefatura provincial centroamericana de la Compañía de Jesús consideró “totalmente falsas e infundadas” las acusaciones contra la UCA y solicitó a Managua revertir “la drástica, inesperada e injusta medida”.

“Se trata de una política gubernamental que está violando sistemáticamente los derechos humanos y parece estar orientada a consolidar un Estado totalitario”, aseguró la provincia jesuita, con sede en San Salvador, en un comunicado.

El inicio de clases del segundo semestre del año estaba previsto en la UCA para el lunes 21 de agosto.

La UCA, fundada en julio de 1960 por sacerdotes de la Compañía de Jesús, cuenta con unos 5.000 estudiantes y se define como “institución educativa sin fines de lucro, autónoma, de servicio público e inspiración cristiana”.

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Las autoridades que rigen el sistema superior de educación de 10 universidades públicas y 27 privadas, se reunieron el miércoles en una asamblea para abordar temas académicos, según medios oficiales, pero no se refirieron a la universidad jesuita. (I)