La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este domingo medidas cautelares a favor del candidato presidencial Christian Zurita Ron y a integrantes de su equipo de campaña como Andrea González Nader, Ramón López Cobeña y Carlos Figueroa Figueroa debido a que considera que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Ecuador”.
El pasado 18 de agosto, el abogado Ignacio Boulin, su equipo jurídico y Fundamedios, en representación de Christian Zurita Ron solicitaban medidas cautelares a la CIDH y se alegó que se encuentra en riesgo tras reemplazar a Fernando Villavicencio, quien fue asesinado el pasado 9 de agosto tras salir de un mitin político en Quito. Las amenazas habrían continuado como ataque a la sede central de campaña, así como robos selectivos y mensajes amenazantes, entre otros.
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En un comunicado la CIDH señala que se tomó en cuenta los hechos que se alegaron, además un día después recibió información adicional de los solicitantes. Además se consideró el contexto en Ecuador como “la agudización de tensiones sociales, el deterioro de la seguridad ciudadana con graves hechos de violencia relacionados con el crimen organizado y el sistema carcelario, y el aumento de la violencia política en el país”.
Otros aspectos considerados fueron las actividades periodísticas y denuncias sobre temas de corrupción y crimen organizado del periodista y que esto lo posicionaría un nivel de riesgo similar al de Villavicencio.
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La Comisión solicitó al Estado ecuatoriano que adopte medidas necesarias para salvaguardar la integridad personal del candidato y las personas de su equipo de campaña.
De igual manera, se apliquen medidas necesarias para que pueda desarrollar actividades periodísticas sin ser objeto de actos de intimidación, amenazas u otros hechos de violencia, así como las de parte del partido político que integra.
Por último, solicitó un informe de las acciones para investigar con los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la medida cautelar y evitar su repetición.
“La Comisión no consideró necesario solicitar información adicional, en vista de que, ante las circunstancias descritas y el contexto monitoreado por la Comisión, el riesgo alegado sería inminente y los solicitantes han presentado información según la cual el Estado tendría conocimiento de la situación alegada bajo el actual contexto, siendo que ya se habrían materializado en perjuicio del señor Villavicencio, cuyo sucesor es el actual propuesto beneficiario”, se explicó.
La noche del sábado, el Movimiento Construye pidió al presidente Guillermo Lasso y a la Fiscalía General del Estado que intervengan de manera efectiva para garantizar la vida del presidenciable, esto ante un un mensaje de “directa intimidación”. (I)