El Gobierno brasileño lanzó este jueves una gran operación para desmantelar un sofisticado esquema criminal que lavaba dinero mediante alrededor de 1.000 gasolineras que gestionaron 52.000 millones de reales (unos 9.500 millones de dólares) en el periodo investigado, informaron las autoridades.
La operación, considerada la mayor jamás realizada contra el crimen organizado en la historia de Brasil por el Ministerio de Hacienda, tiene en el punto de mira varias partes de la cadena de distribución de combustibles, así como la ocultación de los beneficios resultantes a través de instituciones financieras.
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Los investigados, que según los medios locales pertenecen al Primeiro Comando da Capital (PCC), la más poderosa facción criminal del país, importaron más de 10.000 millones de reales (unos 1.800 millones de dólares) en combustibles entre 2020 y 2024.
El Ministerio de Hacienda afirmó en un comunicado que las distribuidores y gasolineras que formaban parte del esquema y que estaban ubicadas en diez estados evitaban pagar “reiteradamente” los impuestos en sus operaciones de venta, ya que sus pagos tributarios eran “incompatibles” con su nivel de actividad.
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Además, adulteraban la gasolina vendida con metanol, que era importado supuestamente para otros fines.
Posteriormente, las ganancias eran canalizadas por medio de entidades financieras digitales o fintechs, una de las cuales actuaba como “banco paralelo” de la organización criminal con transacciones que superaron los 46.000 millones de reales (unos 8.400 millones de dólares) entre 2020 y 2024.
Según Hacienda, el uso de fintechs en vez de bancos tradicionales buscaba aprovechar “brechas” en la regulación de estas entidades que impiden rastrear el origen de los recursos.
Esas plataformas, a su vez, reinvertían el dinero en negocios y propiedades, a través de por lo menos 40 fondos con un patrimonio de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares).
Entre las propiedades adquiridas figuran una terminal portuaria, cuatro fábricas de alcohol, 1.600 camiones de transporte de combustibles y más de 100 inmuebles, que incluyen seis plantaciones y una lujosa residencia en la playa.
Las autoridades afirmaron que hay indicios de que los gestores de los fondos eran “conscientes” de la naturaleza ilícita de los recursos invertidos.
Los agentes cumplen órdenes de búsqueda y registro contra 350 objetivos en ocho estados del país, mientras que la justicia determinó el bloqueo de 1.000 millones de reales (unos 180 millones de dólares) en bienes de los involucrados, entre inmuebles y carros. (I)