Élmer Fernández, un coronel retirado y director de la cárcel La Modelo de Bogotá, fue asesinado por sicarios este jueves en su vehículo, de camino a su casa.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en su cuenta de X que el coronel Fernández estaba en el cargo hace solo 42 días, pues lo había asumido el 4 de abril y “estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias”.
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“Hoy es asesinado vilmente. Se estableció plan candado en Bogotá y se hará un consejo de seguridad extraordinario para establecer medidas para todas las cárceles del país. Un abrazo y solidaridad con toda su familia”, escribió Petro.
Las autoridades ya estarían sobre la pista de los asesinos.
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“Ya existen unos indicios certeros que próximamente van a permitir la captura y la judicialización de las personas que dieron muerte al coronel Élmer Fernández”, dijo Néstor Osuna, el jefe de la cartera de Justicia, luego de reunirse con el director de la Policía colombiana, el general William René Salamanca.
Osuna recalcó que pese a las pocas horas que pasaron desde el homicidio, las investigaciones de las autoridades “van muy adelantadas” y ya hay “varias hipótesis muy certeras” acerca de los autores.
Amenazas
Según el presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo, el director Fernández había sido amenazado hace un tiempo y esos hechos fueron dados a conocer a las autoridades.
El ministro de Justicia de Colombia reconoció este viernes que Fernández había recibido una amenaza y solicitado protección que por motivos burocráticos no se le dio a tiempo.
“El coronel Élmer Fernández había recibido una amenaza en un panfleto que circuló el jueves de la semana pasada, él había puesto la denuncia ante la Fiscalía el viernes y el martes introdujo el procedimiento de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP)”, dijo el ministro en una rueda de prensa.
Osuna afirmó que en los dos últimos años se han tramitado ante la UNP, que depende del Ministerio del Interior, 506 amenazas denunciadas por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de las cuales 263 siguen en trámite y en 63 de esos casos “se les ha concedido la seguridad”.
El Gobierno colombiano declaró en febrero pasado la emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país, todos con un alto hacinamiento.
La medida se dio luego de una ola de violencia contra los funcionarios del Inpec y que le costó la vida a uno de ellos, llamado Jesús Cárdenas, tiroteado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena. (I)