La violencia y la discriminación hacia personas vulnerables continúan aumentando y un reciente estudio regional confirma su magnitud.

El estudio sobre violencia, estigma y discriminación (VED) realizado en Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú evidencia que la mitad de la población vulnerable ha sufrido violencia física, mientras que más de la mitad ha enfrentado rechazo social.

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El estudio, desarrollado por la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave (ALEP+PC) y financiado por el Fondo Mundial, incluyó 1.610 encuestas realizadas a mujeres trans, personas que usan drogas, personas que ejercen trabajo sexual y hombres gais.

La investigación se aplicó en 2024, distribuyendo la muestra de manera equitativa: 408 personas en Costa Rica, 400 en Ecuador, 402 en Panamá y 400 en Perú.

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Altos niveles de violencia y estigma interpersonal

Los resultados muestran “alarmantes” niveles de violencia, según el estudio:

  • 60 % sufrió violencia en relaciones de pareja.
  • 52 % enfrentó discriminación por parte de amistades.
  • 50 % experimentó violencia física en la comunidad.
  • 69 % sufrió rechazo social.

Karina Bravo, secretaria regional de Plaperts (Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual) y miembro de ALEP+PC, explica: “Detrás de cada número hay cuerpos concretos empujados al margen, trayectorias interrumpidas, diagnósticos tardíos y puertas cerradas. El estigma no es percepción exagerada ni problema individual; es violencia estructural sostenida y muchas veces amparada por políticos, silencios y complicidades”.

Discriminación en servicios básicos y empleo

El estudio revela que la exclusión no se limita a lo social: los derechos básicos también son vulnerados.

  • 46 % fue maltratado o rechazado en centros de salud.
  • 31 % no recibió atención médica cuando la solicitó.
  • Solo el 35 % logró acceder a empleo formal pese a que el 62 % lo buscó.

El estigma estructural se evidencia en la informalidad laboral y la criminalización:

  • 84 % trabaja en la informalidad.
  • 62 % ha sufrido maltrato o retenciones por parte de la policía.
  • Solo el 32 % accedió a ayudas económicas del Estado.

La violencia se interioriza: el 86 % de las personas encuestadas experimenta estigma internalizado, sintiendo vergüenza, culpa o miedo a la soledad.

Aunque el 51 % identificó situaciones denunciables, muchas personas no denunciaron por:

  • Falta de confianza en la justicia (24 %)
  • Temor a represalias (20 %)
  • No saber cómo denunciar (16 %)

Grupos con mayor carga de violencia

  • Mujeres trans y personas que usan drogas lideran en niveles de criminalización: 73 % y 72 %, respectivamente.
  • Personas con VIH enfrentan 100 % de discriminación en la comunidad y 72 % en servicios de salud.

La educación no garantiza inmunidad frente a la discriminación: personas sin educación formal viven 100 % de discriminación comunitaria y 82 % de criminalización, mientras que incluso quienes tienen educación superior reportan 61 % de discriminación en trabajo formal.

La encuesta fue realizada por las personas que son parte de las comunidades afectadas. Foto: CORTESÍA

El estudio VED evidencia que la violencia y discriminación hacia poblaciones clave no es un fenómeno aislado, sino un problema estructural que limita oportunidades, derechos y calidad de vida.

La investigación fue aplicada por encuestadores pertenecientes a las propias poblaciones clave, garantizando un enfoque sensible y representativo de sus realidades.

“Este estudio busca dejar constancia de que el estigma es real, estructural y sostenido. No se trata de una narrativa victimista, sino de una denuncia urgente de violencia sostenida en la sociedad y las instituciones”, agrega Bravo.

Los resultados del estudio VED en Ecuador y Latinoamérica muestran la magnitud de la exclusión social, laboral y sanitaria que enfrentan personas vulnerables.

Frente a esta realidad, la alianza ALEP+PC hace un llamado a reforzar políticas públicas inclusivas, programas de atención integral y estrategias de educación social que permitan reducir el estigma y garantizar los derechos de estas poblaciones. (I)