Los miembros de la Federación Nacional de Organismos no Gubernamentales para la Discapacidad (Fenodis) y de la Red de Organizaciones Cooperantes de Quito plantearon su inconformidad sobre los requisitos establecidos en las leyes y acuerdos ministeriales para dar paso a los convenios con el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

El Estado tiene la obligación de atender a los grupos considerados prioritarios, como las personas con discapacidad, las de la tercera edad, las embarazadas, los menores de edad, entre otros, establecidos en la Constitución.

Para ello el MIES firma cada año convenios con fundaciones, organizaciones religiosas y de la sociedad civil y los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD), para financiar en parte la actividad de beneficencia que estas realizan, centrada en atender a quienes son parte de estos grupos prioritarios y que son considerados pobres y vulnerables.

Los socios de estas instituciones de la sociedad civil o privadas tienen problemas para financiar la contraparte de los convenios, pero sobre todo la dificultad se centra en el cumplimiento de los requisitos que exige el MIES, como la constitución de una póliza o garantía, tener personal que sea bachiller o de tercer nivel y que las contrataciones para el servicio se hagan a través del portal de compras públicas.

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En un plantón que tienen previsto realizar el martes 25 de enero en Quito, pedirán la derogatoria de estos requisitos.

“Estamos atravesando una grave situación por las últimas resoluciones/lineamientos para la firma de convenios emitidas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social”, indica un comunicado de la Fenodis.

La Red de Organizaciones Cooperantes de Quito es un colectivo que agrupa a más de 48 organizaciones de la sociedad civil, sin fines de lucro, que cada año firman convenios de cooperación con el MIES para la implementación de servicios de protección social en diferentes modalidades como desarrollo infantil, discapacidad, protección especial, adulto mayor y movilidad Humana.

“Corremos el riesgo de desaparecer a pesar de nuestro trabajo, en muchos casos, de más de 40 años, para coadyuvar en la implementación de la política pública (responsabilidad del Estado) y de ser actores fundamentales, reconocidos constitucionalmente, por brindar servicio para la protección social de los grupos de atención prioritaria, entregando contingente, infraestructura, aporte económico y técnico, para la ejecución de planes y proyectos que van más allá de los gobiernos de turno, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad”, añade la Fenodis.

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Una de las dificultades es en relación con la entrega de pólizas y garantías bancarias en lugar de pagarés, que venían manejando, como si las organizaciones sociales firmaran contratos que generan utilidades, indica el boletín. “Nosotros firmamos convenios de cooperación para realizar actividades de carácter social, que el Estado tiene el deber de ejecutar. Y aportamos con contraparte en recursos humanos, económicos y servicios, valores que en muchos casos superan los aportes del MIES”.

La garantía de fiel cumplimiento ha sido un pagaré por el 100 % del anticipo y otro pagaré por el 5 % de buen uso del monto total del convenio, conforme lo señala el acuerdo 060, documento ejecutivo legal y vigente que constituye un título de crédito, indica la Red de Organizaciones Cooperantes de Quito.

“La garantía bancaria o póliza de seguro (exigencia notificada este mes) pone en riesgo la continuidad de los servicios”, indica el comunicado de la Red.

En el boletín se indica que las organizaciones sociales no firman contrato sino un convenio para realizar una actividad social que el estado debe ejecutar.

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“Las organizaciones, al ser entidades sin fines de lucro, estamos totalmente imposibilitadas de entregar pólizas o seguros como garantías, ya que estas acciones necesitan ingentes recursos, los cuales son destinados a la atención precisamente de los grupos de atención de cada organización”, indica el informe.

“Al no generar utilidades o recursos derivados de una actividad comercial es imposible cumplir con este nuevo requerimiento, ya que nuestra relación con el MIES es de cooperantes, no de contratistas”.

Las exigencias, indica la Fenodis, “ponen en serio riesgo la ejecución de los proyectos”, ya que se trata de entidades sin fines de lucro que no cuentan “con recursos financieros guardados para pagar a las aseguradoras y mantener el dinero estancado un año por el valor del monto del convenio”, ya que los recursos que gestionan “son precisamente para complementar las acciones en favor de los usuarios”.

Con relación a la contratación del talento humano, el personal cumple actualmente su trabajo desde el 1 y 3 de enero del 2022, según la modalidad del convenio y considerando que el Acuerdo 017 de diciembre pasado (en el que se reformó el Acuerdo 060 sobre las Normas para la Suscripción de Convenios de Cooperación por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social) indica que se mantienen los mismos términos del 2021.

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Para la firma de convenios, señalan las organizaciones, el MIES entrega un formato de ficha de costos con ítems definidos y rubros establecidos. “En años anteriores podía ser ajustada según la realidad institucional y su capacidad de gestión y articulación. En este año 2022 no se permite visibilizar esa realidad y no podemos agregar otros valores de contraparte que son indispensables para la gestión, como infraestructura, contabilidad, procesos de articulación con la academia, entre otros”.

Los entes de la sociedad civil recalcan que su relación con el MIES es de cooperantes, no de contratistas, con el objetivo de alcanzar metas consensuadas a fin de contribuir al desarrollo de la sociedad. “Los lineamientos de validación de personal afectan la estabilidad laboral de los profesionales, desconocen la experticia acumulada y desconocen las necesidades que se imponen en el trabajo con personas con discapacidad con altas demandas de apoyo en todas sus áreas de desarrollo”.

La mensualización de las transferencias obliga a las organizaciones no solo a cooperar con rubros de contraparte, sino también a contar con fondos para pagar las responsabilidades que son del MIES, fijadas en la ficha de costos y por tanto en el convenio, indican las organizaciones.

En reuniones convocadas por las distintas direcciones distritales del MIES se plantea como alternativa a la póliza o garantía prendaria o bancaria el pago mensual previa liquidación, agrega el planteamiento de la Fenodis, “lo que significa que las organizaciones sociales debemos correr con todos los gastos del mes, honorarios del personal, materiales, insumos de bioseguridad y más rubros necesarios para la ejecución del proyecto, presentar la liquidación del mes para esperar la devolución que, según dicen, se realizaría cinco días después de presentada esta liquidación”.

El problema es que por lo general, indican los representantes de las organizaciones, “los pagos en el MIES siempre han tardado no días, sino meses después de entregar las liquidaciones”.

El pedido unánime es que se deroguen las medidas del MIES porque a decir de la Fenodis son “atentatorias a los derechos de las instituciones, de los beneficiarios y afectan la ejecución de la política pública de protección social a favor de las personas con discapacidad”.

Hasta el 2021, las organizaciones tenían que sustentar el gasto que incurrían con el monto que recibían del MIES cada año.

En la misma situación se encuentran ciertos centros gerontológicos que atienden en la modalidad de residencia a las personas de la tercera edad y que también tienen que cumplir estos requisitos para la firma del convenio con el MIES y dar paso a la contrapartida estatal. (I)