“Ningún pobre en Ecuador busca casa en los proyectos de ciudadela privada sino que va a las invasiones”; con nueva ley se quiere cambiar esta realidad

Por décadas cantones como Guayaquil han crecido sin ninguna planificación. Primero se ha generado ciudad sin servicios, es decir, asentamientos informales, y luego ha llegado la obra pública. Este “sistema” ha dejado efectos colaterales como viviendas en zonas de riesgo y desalojos que se evidencian en sectores como Las Delicias, Nuevo Guayaquil o el bloque 22 de Flor de Bastión.

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Recién en 2016 se aprobó una ordenanza municipal para regular estas zonas. Esta normativa estableció límites y obras públicas por hacer que entraron en conflicto con casas ya construidas, unas de cemento y otras de caña. Varias viviendas que estaban cerca a un canal de aguas lluvias fueron derribadas hace dos semanas por personal municipal y en otras se entregó una notificación de desalojo.

Una de estas advertencias llegó a la casa de Jorge Soliz. Él se considera como el hombre “más pobrecito” de Las Delicias. Tiene 70 años, trabaja como guardia informal y gana $ 80 mensuales. Su casa, que tiene paredes de plástico, piso de tierra, se erige en un pequeño solar que le costó $ 1.000 hace diez años.

En cambio, solo escombros quedaron de la casa de Eduví Cedeño, ubicada en el mismo sector. Indica que todos sus enseres fueron sacados de su vivienda y luego la maquinaria la derrumbó: “No se apiadaron ni porque tengo una hija menor de edad”. Su esposo construyó una covacha encima de las ruinas para que ella duerma allí, ya que otras personas quisieron “invadir” el terreno. Dice tener una “doble zozobra”.

“Vivir al lado de un canal no es lo más indicado, pero cuando ellos construyeron sus casas el canal no estaba en ese lugar. A medida que la gente fue tomándose el suelo fueron rediseñando los planos del canal. Luego llega el desarrollo y los obligan a poner todas sus cosas en una caja”, dice Patricia Sánchez, asambleísta a la que han acudido varios moradores de este sector en busca de ayuda.

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Para Sánchez, las constantes ampliaciones o reformas a la Ley 88, aprobada en 2007 inicialmente para solucionar problemas de tierras en Monte Sinaí, demuestran que no ha funcionado el esquema de regularización de asentamientos informales aplicados hasta el momento: “Solo en Guayaquil serían unas 200.000 familias que todavía están en irregularidad, pero esto pasa en todo el país. Nadie les dio una opción legal pública o privada”.

Según cifras de la Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, ente que también ha participado en los operativos, entre 2019 y 2021 se contabilizan 804 desalojos en el país, el 97% de estos en Guayas. Un total de 5.315 estructuras fueron derrumbadas. Estas acciones son necesarias para un desarrollo planificado de las ciudades, dice el ente, y que se gestionan alternativas para los desalojados en articulación con el municipio.

Sánchez cuenta que desde la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional se está analizando la “mejor forma” de reconocer los actuales asentamientos irregulares con una reforma a la Ley 88 y poner un “sello” que no permita la creación de nuevas zonas habitacionales informales. Parte del sello también sería el proyecto de Ley de Vivienda de Interés Social, que actualmente se trabaja en el Legislativo. Esta normativa podría articularse con el plan del Ministerio de Urbanismo y Vivienda.

Lo novedoso del proyecto es que se contempla no solo la construcción de vivienda a través de las inmobiliarias con macroproyectos, sino formas alternativas dirigidas a los quintiles más pobres que no son sujetos de créditos.

“Ningún pobre va a buscar casa en los proyectos de ciudadela privada. Lo que hace una familia pobre es buscar al traficante de suelo o la zona de invasiones”, dice Sánchez.

La propuesta se centra en lo que se conoce como producción social del hábitat que implica invertir en suelo formal y servido (con servicios básicos) y que sea la misma gente que construya en comunidad sus viviendas, tal como ocurre actualmente en los asentamientos irregulares, pero de manera formal, ya que estas comunidades tendrían asistencia técnica y un marco normativo.

“La autoconstrucción baja hasta en un 30 % el valor de una vivienda. El proceso de construcción de la vivienda popular es progresivo. La gente recibe el terreno, con puntos de agua, y el techo para que el resto haga la gente. Ellos construyen pensando en que en el segundo piso vivirán los hijos. La casa de 40 metros de construcción se convierte en una de 100 metros. Esta lógica no está en los programas públicos ni en los privados”, dice Sánchez.

Si bien municipios como el de Guayaquil tienen programas donde se venden lotes con servicios básicos, muchas personas no pueden acceder a ellos por no cumplir con los requisitos: “Intentamos, pero no calificamos. Las cuotas a pagar eran muy altas”, dice Eduví. La nueva normativa impulsaría un esquema de precios asequibles para personas de escasos recursos.

Para la arquitecta Sara Noboa, es fundamental que se cambie el enfoque de vivienda de interés social que se ha manejado en el país. Indica que no solo se deben concentrar en construir nuevas casas sino en mejorar las que hay: “¿Y si también le ayudamos a las familias a mejorar su casa y construir un piso arriba para que allí vivan sus parientes? El déficit habitacional cualitativo, que no es la necesidad de construir más viviendas sino de mejorar las condiciones habitacionales de estas, se ubica en el 75,5 % a escala nacional y el sector rural pasa del 95 %”.

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Es por eso que, afirma Noboa, el Gobierno central debe manejar con tino su propuesta de construir 200.000 viviendas rurales: “¿Dónde se las hará?, ¿qué diseño tendrán? No solo deben tener servicios básicos sino sociales como escuelas, comercios. Debemos tomar de referencia lo que pasó en programas como Socio Vivienda, que por cumplir con un número se perdió calidad de habitabilidad en esas casas”.

Al margen de este debate, tanto Eduví como Jorge piden que sus casos sean analizados y al menos sean reubicados.

‘Mi negocio de 14 años lo tumbaron en segundos’

Sobre una pila de escombros Roberto Cagua volvió a levantar, con mesas de madera, su puesto de ventas de frutas y verduras en Las Delicias, noroeste de Guayaquil. Las instalaciones de su negocio eran de cemento, pero personal del Municipio las derrumbó al considerar que la estructura estaba construida en una zona no permitida y que está destinada a la construcción de áreas verdes.

“Yo tuve mi local por 14 años y lo tumbaron en segundos. Con esto lo único que hacen es fomentar la delincuencia porque a un hombre de 56 años y enfermo como yo nadie le da trabajo”, lamenta. (I)