Las multas por exceso de velocidad registradas en fotorradares de Guayaquil son el tema de conversación casi a diario entre Jorge Ibarra y sus hermanos Juan, Rosario y Jenny.

Todos han sido multados desde fotorradares en los últimos meses. Pero a esta familia le sorprende que los casos coinciden en una situación. Esta consiste en que al transitar por un fotorradar, a menos del límite permitido, se han percatado de que los vehículos que pasan por sus laterales van a exceso de velocidad.

“Me llegaron dos multas en días que no transité por la avenida Barcelona, en Guayaquil. Impugné y no sirvió. Pagué más de $ 250″, reprocha conductora multada desde un fotorradar

Concuerdan en que los equipos registraron el límite máximo de otro auto y fotografiaron al de ellos, afirman.

“Hay una indignación familiar porque siempre nos vemos perjudicados. Sea a la velocidad que pase, marca la alta y el otro paga la infracción”, relata Ibarra, de 42 años, quien le ocurrió eso cuando pasaba por la vía Perimetral y canceló $ 63,75.

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Otro detalle, según Ibarra, es que la multa no llegó al correo electrónico. Dice que se enteró por un mensaje de texto recomendándole que se acoja a la rebaja del 50 % antes que culminen los 20 días. “A la final es un descuento al robo”, apunta.

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En cambio, Lucitania, quien siempre transita por la vía Narcisa de Jesús admite que, en ocasiones, va a exceso de velocidad, pero cree que unos fotorradares están descalibrados.

Siente que hay culpabilidad por ambos lados. Ella ha sido multada por más de $ 100 este año y aún no la cancela.

Las infracciones que recibieron Ibarra y sus hermanos y Lucitania son parte de las 74.883 registradas entre enero y febrero de 2022 por fotorradares, según la Agencia de Tránsito y Movilidad de Guayaquil (ATM).

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Esto representa casi el 60 % de las multas en 2021, que fueron 125.446, el mayor año de infracciones. Y las del 2022 ya superaron la cifra del 2019 por más de 2.000 multas. En 2020 hubo 80.219 infracciones, año de pandemia.

En Guayaquil están operativos 49 fotorradares en vías principales como Francisco de Orellana, Juan Tanca Marengo, avenida Barcelona, 25 de Julio y en vía a la costa. Hace poco había 50 fotorradares, pero uno sufrió un siniestro en Samanes.


Desde febrero pasado, la ATM asumió el control del tránsito en la vía a la costa, desde el distribuidor de tráfico de la Perimetral hasta el peaje de Chongón, un tramo de 16 kilómetros. Allí hay nueve radares, cuyo límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora para vehículos livianos y 70 kilómetros por hora para pesados.

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Estas multas, sean por exceso de velocidad captadas desde un fotorradar u otras contravenciones como no usar el cinturón de seguridad o invadir el carril exclusivo de la metrovía, van destinadas a la inversión en obras y servicios en un 80 % y lo restante para gastos corrientes generados en la ATM.

“Entre la inversión pública está el mantenimiento de equipos de comunicación (radios), tecnológicos (cámaras y monitoreo), señalización, semaforización, equipamiento, mantenimiento de vehículos, proveedores, etcétera”, dice la ATM.

Este Diario solicitó una entrevista con la autoridad de tránsito en busca de respuestas a las quejas de ciudadanos y conocer el estado de los fotorradares, pero no fue aceptada. Sin embargo, nos proporcionaron información sobre multas.

Kléver Almeida, auditor de seguridad vial, indica que las quejas por estos equipos son constantes y se ven en redes sociales, pero considera necesaria su operatividad. Además, que la entidad correspondiente analice la correcta funcionalidad de los fotorradares.

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“Lo que ocurre es que no se hace un proceso adecuado en el sentido de socializar con la ciudadanía sobre por qué y para qué (de los fotorradares). Cuando no se hace la percepción es que lo están colocando para sacarme plata, pero no ven como una necesidad de reducir la velocidad en el sector porque ocurren siniestros de tránsito. Entonces, si no tenemos ese conocimiento siempre nos vamos a quejar. Pero si no están calibrados es otra cosa”, explica.

Con esto concuerda el experto en Tránsito Cristian Benavides, quien menciona que por cultura el ciudadano requiere de una norma sancionatoria para cumplir. Resalta que en este asunto convergen varios aspectos que no son analizados y por eso hay estos resultados.

Por ejemplo, que los fotorradares tengan averías, que los correos electrónicos no estén actualizados y por eso no llegan las multas o simplemente infringir y no aceptarlo.

A la Defensoría del Pueblo sí han llegado quejas por la operatividad de los fotorradares, pero no de Guayaquil.

Hay dos casos, uno en Ambato y otro en Tulcán que tuvieron un resultado favorable hacia el solicitante, cuenta Rodrigo Varela, director nacional del Mecanismo de Protección de Personas Usuarias y Consumidores de la Defensoría.

“En Ambato y Tulcán hubo casos en que a los fotorradares no les daban mantenimiento y se presentaron acciones de protección con sentencia favorable. Se dio el seguimiento porque había esta irregularidad de la administración pública que afectaba los derechos de las personas”, expone.

Varela cree que al momento no son comunes los casos en Guayaquil porque las quejas concluyen en la primera instancia, que es la ATM, o simplemente el ciudadano prefiere no seguir en el tema.

Sin embargo, recalca que aquellos que sientan que fueron vulnerados sus derechos pueden acercarse a la Defensoría del Pueblo para recibir asesoría. Es importante hacerlo con un escrito y pruebas, dice Varela.

Luego se analizan y, si es que está dentro de las competencias de esta entidad, proceden con el seguimiento. Hay casos que hasta se han planteado garantías jurisdiccionales por parte de un juez o jueza.

¿Cómo puedo presentar una denuncia en la Defensoría del Pueblo?

Como segunda instancia se puede acudir a esta entidad para presentar una denuncia o queja respecto de los fotorradares, según Varela.

  • Se puede acudir a cualquiera de las delegaciones provinciales de la institución, donde recibirá asesoría de abogados y expertos en el tema. También se puede llamar a los números 02-382-9670 / 02-330-3431.
  • A la Defensoría del Pueblo se debe entregar un escrito sobre la denuncia o queja. No es necesario que esté certificada. Se requieren documentos de identidad y pruebas como fotografías, videos, algún material que sea de utilidad para la denuncia.
  • Puede analizarse entre tres y cuatro días, según la cantidad de casos que haya en las delegaciones. Luego se determina si es una investigación defensorial o gestión de oficio, va de acuerdo con la complejidad del caso. (I)