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Estas son las propuestas en el plano político del plan de gobierno del candidato Daniel Noboa

Plantea una consulta popular para viabilizar una reforma judicial.

Con el 100 % de las actas válidas Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), obtiene el 23,41 % de los votos que se contabilizan para escoger al binomio presidencial, lo que le da el pase a la segunda vuelta. Foto: AFP

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La colaboración en investigaciones, en elaboración de leyes y la presentación de informes es parte de la relación que es posible entre las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, indica el plan de gobierno del candidato presidencial Daniel Noboa, quien pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas que se realizarán el 15 de octubre próximo.

“Cuando sea necesario, las instituciones de la Función Ejecutiva pueden trabajar en estrecha colaboración con la Función Legislativa y la Función Judicial”, dice el documento presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La propuesta en el plano político está diluida de forma transversal en el plan de Noboa, de 76 páginas, distribuida en cuatro ejes: social, económico, institucional y productivo y medioambiental.

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Estas son las propuestas económicas del plan de gobierno del candidato Daniel Noboa

Respecto a lo que requerirá del apoyo del Legislativo, Noboa propone, por ejemplo, establecer normas con sanciones más duras con el fin de prevenir la evasión fiscal a través de paraísos fiscales, incluso con penas de prisión.

Además, el plan plantea reformas en el ámbito judicial, en la Ley de Turismo, para generar incentivos a la inversión turística y la regulación de las zonas de ecoturismo, dotando de beneficios tributarios.

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Al igual que fortalecer las normativas sobre las energías renovables con el fin de alentarlas, y la implementación de normas de transparencia en la contratación y gestión de la deuda pública y en el sistema de crédito con el fin de “proteger al consumidor con la supervisión regular de los bancos y la imposición de sanciones para las malas prácticas”, señala la propuesta.

La aprobación de marcos regulatorios es crucial, por ejemplo, en el fin de incrementar la eficiencia y el manejo sostenible de los sectores estratégicos.

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El art. 313 de la Carta Magna señala que “se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley”.

A continuación los detalles de la hoja de ruta prevista por Noboa en el aspecto político.

Sobre la seguridad social:

  • Transparencia y Rendición de Cuentas. Se reforzarán la transparencia y la rendición de cuentas en la administración de los fondos de jubilación para prevenir fraudes y malversaciones. incluso se plantea la aplicación de medidas rigurosas de control y auditoría y canales de denuncia eficaces y seguros.
  • Revisión de las políticas de inversión de los fondos de jubilación. El fin es asegurar que estén alineadas con los mejores intereses de los jubilados y sean capaces de generar rendimientos suficientes y sostenibles.
  • El mejoramiento del Sistema de Pensiones. El objetivo es mejorar su sostenibilidad. Esto puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores, diversificar las fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema.

Sobre seguridad:

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  • Una reforma del sistema judicial y policial para mejorar su eficiencia y equidad. Una acción es fortalecer la capacitación de los oficiales de policía en técnicas de resolución pacífica de conflictos. Además, se desarrollarán programas de rehabilitación para reclusos para reducir las tasas de reincidencia.
  • La transparencia y rendición de cuentas de las instituciones de seguridad. Esto incluirá auditorías regulares, la implementación de un código de conducta estricto y la creación de mecanismos de quejas ciudadanas.
  • Un programa de participación comunitaria a través de la vigilancia y la denuncia ciudadana. Además, se abrirán espacios para el diálogo y la resolución de conflictos a nivel local, reforzando así la cohesión social y la confianza en las instituciones.
  • Una educación para la paz. Se trabajará con las escuelas y las familias para promover la educación en valores, el respeto y la tolerancia desde la infancia. Se crearán programas educativos centrados en la resolución pacífica de conflictos y el respeto a los derechos humanos.
  • Prevención del crimen a través de diseño urbano. Esto incluye la implementación de medidas de seguridad basadas en el diseño urbano, lo que contribuye a la prevención del delito. Las acciones son mejorar la iluminación en las calles, parques seguros y espacios públicos bien mantenidos.

Sobre el sistema penitenciario:

  • Una reforma judicial y procesal. Un alto porcentaje de detenidos en prisión preventiva sugiere un sistema judicial lento y posiblemente ineficaz. Es crucial acelerar los procedimientos judiciales y garantizar el derecho a un juicio rápido y justo. Esto incluirá la contratación de más personal judicial, la implementación de tecnologías que agilicen el proceso y la revisión de las políticas de prisión preventiva.
  • Inversión en infraestructura penitenciaria. Los centros de detención sobrepoblados y en mal estado pueden fomentar la violencia y dificultar la rehabilitación. Es necesario invertir en infraestructura para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, garantizando la seguridad, la higiene y el respeto a los derechos humanos.
  • El fortalecimiento de programas de rehabilitación y reinserción. Implementar programas efectivos de rehabilitación dentro de las prisiones es esencial para reducir la violencia y preparar a los reclusos para su reintegración a la sociedad. Estos programas incluirán capacitación vocacional, educación, terapia y otras actividades productivas.
  • Mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario. La falta de control sobre los centros de detención sugiere una necesidad de mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario. Esto incluirá la formación en técnicas de resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y gestión de crisis.
  • Transparencia y rendición de cuentas en el sistema penitenciario. Es esencial implementar medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario. Esto incluirá auditorías regulares, el establecimiento de mecanismos de quejas para los reclusos y la supervisión independiente de las condiciones de los centros de detención.

Sobre la reforma al Código Orgánico Integral Penal:

  • Potenciar la mejora de los programas que norman y regulan las medidas alternativas a la prisión preventiva. Esta debería ser el último recurso y usada solamente cuando sea absolutamente necesario. Para los acusados que aún no han sido condenados y representan un bajo riesgo, se deberían contemplar medidas alternativas, como el monitoreo electrónico, la presentación periódica ante una autoridad, la prohibición de salir del país o la obligación de permanecer en un lugar determinado.
  • Fomentar la consolidación y robustecimiento de las penas alternativas para delitos no violentos establecidos en la norma penal. Para los delincuentes no violentos se deben promover penas alternativas a la privación de libertad, como trabajo comunitario, multas, restitución a las víctimas, programas de rehabilitación y tratamiento para la dependencia de sustancias. Esto puede reducir la sobrepoblación en las prisiones y permitir que los infractores se rehabiliten y reintegren en la sociedad de manera más efectiva. (I)

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