El Ministerio del Interior reporta que entre enero y noviembre de 2023 se retuvieron 9.235 armas en el país, mostrando otra de las aristas de la ola de violencia: las regulaciones existentes no evitan que delincuentes obtengan revólveres, pistolas, escopetas, carabinas, subametralladoras e incluso fusiles y lanzagranadas.

De las armas confiscadas, 229 son no letales, pero que igual causan daños graves a sus víctimas.

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Puntualmente, el Ministerio del Interior detalla que en 2023 la Policía retuvo 3.090 revólveres, 2.975 pistolas, 912 escopetas y 523 cartucheras, entre otras, en los operativos. Esas solo son las cuatro más retenidas. Algunas de estas, como pistolas, fusiles, cañones, subametralladoras, carabinas de repetición y gases, dependiendo de su calibre y de si son automáticas o semiautomáticas, podrían ser catalogadas como de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas y la Policía.

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Así lo detalla el reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

Entre 2020 y 2023 se incautaron 4.597 armas de uso privativo de militares y policías, según información obtenida de la base de datos de la Policía.

Este último dato fue uno de los argumentos a favor de la pregunta 6 de la consulta popular planteada por el presidente de la República, Daniel Noboa, que está en revisión en la Corte Constitucional.

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La pregunta busca tipificar el delito de tenencia y el de porte de armas de uso exclusivo de las fuerzas del orden, reformando el Código Orgánico Integral Penal (COIP) mediante un nuevo proyecto de ley.

En su artículo 360, el COIP detalla penas de seis meses a un año por tenencia ilegal de un arma (cuando está en una propiedad) y de tres a cinco años por su porte ilícito (que se da al llevarla).

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El artículo 361 estipula penas privativas de libertad de tres a cinco años para los que adquieran o fabriquen armas, municiones, accesorios y explosivos sin la autorización requerida.

El tráfico ilícito de armas tiene la pena más severa, en un rango de entre cinco y siete años, lo que evidencia que los grupos delictivos organizados (GDO) bien podrían ser procesados también por este delito.

Sin embargo, los artículos referentes a la tenencia y porte no diferencian entre armas de diferentes categorías, establecidas por el reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

Hugo Acero, experto en seguridad que ha trabajado en Ecuador, sostiene que en Colombia existe una diferenciación entre armas de uso privativo de policías y militares, igual que en Ecuador, pero las penas por tenencia y porte de las mismas también van de acuerdo a esa clasificación.

“En ese sentido la pregunta es adecuada. Permitirá penalizar a quienes hoy, de manera individual o colectiva, están haciendo uso de esas armas. Sería un avance importante para el control del uso de armas de gran poder”, indica.

El tráfico de armas nutre al crimen organizado de herramientas para la violencia

El tráfico internacional de armas, que nutre a criminales con gran poder destructivo, agrega el especialista, “es tan rentable como el narcotráfico y la trata de personas”.

Es por esto que el esfuerzo de detener el tráfico de armas debe ser multilateral, es decir, que involucre controles nacionales, regionales, y que países latinoamericanos deben exigir mayores controles de la comercialización ilícita de armas de parte de países productores, como Israel y Estados Unidos, según explica Acero.

El penalista Julio César Cueva indica que las armas son cruciales al momento de delinquir, ya que son utilizadas para custodiar la droga, pero los GDO también han diversificado sus fechorías y se dedican a la extorsión, secuestro, robo y demás actividades.

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Es decir, las armas con las que asesinan también son utilizadas en los otros delitos. “Sería bueno conocer las armas que se usan en los crímenes y ver cuántos casos se cometieron con la misma arma”.

Todas estas, agrega, tienen un registro. “Hay que seguir la ruta del arma, de qué marca y modelo es. El Estado debería tener acceso con las compañías que las fabrican para ver cuándo se fabricaron, y quién las compró. Todas entran al país de contrabando”.

Entonces, hay una ruta legal de las armas que en algún punto se vuelve ilegal. El objetivo es determinar quién está detrás del ingreso de estas armas, quiénes son los proveedores de los GDO. El 88 % de los crímenes del 2023 se cometieron con armas de fuego.

Los datos de armas retenidas de enero a noviembre de 2023 fueron obtenidos en los operativos en torno a varios delitos. En los atentados contra la seguridad pública se retuvieron 6.842. El segundo fue el delito contra el derecho a la propiedad, con 1.124. Le siguen la producción o tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, con 643; delitos contra la inviolabilidad de la vida, con 223; y, terrorismo y su financiamiento, con 118.

La Zona 8, que incluye a Guayaquil, Durán y Samborondón, fue el sector del país donde más armas se retuvieron, con 2.085. En el resto de Guayas, la Policía encontró 1.073.

John Garaycoa, experto en seguridad, expone que una de las preguntas planteadas por el Ejecutivo, que propone que elementos de las fuerzas del orden no sean privados de libertad ni se les ordene arresto domiciliario mientras se les investiga por actos ejecutados con el uso de la fuerza, también debería aplicar a guardias de seguridad privados y civiles que portan armas legales.

“Si mañana un guardia desde su puesto de servicio se enfrenta a la delincuencia y usa su arma, este no debería ser metido a la cárcel, con el fin de que pueda defenderse en arresto domiciliario. Si el Estado nos da la facultad de portar armas, que nos faculten usarla en situaciones que diga la ley”.

Las fuerzas del orden ya pueden disponer de las armas obtenidas en procesos con sentencias ejecutoriadas

Según información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 23.224 armas letales y 1.832 no letales incautadas fueron destruidas desde el 2020 hasta el 2023.

Garaycoa, además, considera que ese armamento podría ser utilizado por el Estado. Aunque muchas se destruyen, en los centros de acopio de la Policia existen 42.166 armas de fuego y 494.316 municiones.

Una resolución de la Corte Constitucional en 2023 determinó que los jueces pueden declarar beneficioso que las fuerzas públicas dispongan de armas procedientes de procesos legales con sentencias ejecutoriadas.

La pregunta 7 de la consulta popular, sin embargo, dice buscar expeditar ese procedimiento mediante un proyecto de ley. (I)