José (nombre protegido) dice que había conseguido un descuento del 10 % en las pensiones si matriculaba a sus tres hijos en el mismo establecimiento particular, pero solo estudió la mayor por lo que la reducción quedó en el 5 %. Es lo máximo que consiguió como descuento pese a que la Ley Humanitaria, aprobada en junio pasado en medio de la pandemia del COVID-19, dispuso mermas de hasta el 25 % si se comprobaba la pérdida del empleo o la reducción de ingresos en los negocios.

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, recalca que el costo de las matrículas y pensiones del 2021 será el mismo del 2020. “No habrá incrementos, eso ya está claramente anunciado y establecido. Recordemos que sigue vigente la Ley Humanitaria”, asegura.

Con el anuncio de que los establecimientos particulares podrán ofrecer una modalidad mixta (presencial y virtual), al igual que los fiscales, se suman otras preocupaciones como el costo del transporte escolar, del lunch y del uniforme, de los que prescindieron durante el actual año lectivo con el aprendizaje desde el hogar con internet.

En todo caso, dice Creamer, el retorno al aula es voluntario, pero esto no exime de que ciertos planteles privados exijan, por ejemplo, la adquisición de uniformes incluso para los que decidan continuar educándose desde casa: “Hay algunas instituciones que lo requieren porque consideran que psicológicamente eso ofrece una estructura y rutinas más estables a los estudiantes. Esa disposición se las respeto, en eso no tenemos, no disponemos, ni prohibimos, ni obligamos a absolutamente nada porque son medidas internas de cada institución educativa, pero lo que no se puede es obligar a comprar uniformes; pueden usar los del año pasado”, asegura.

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El retorno a la presencialidad de forma progresiva da esperanza a los transportistas escolares. Es el caso de Rubén Méndez, quien al perder su principal fuente de ingresos se dedica ahora a distribuir fundas con chifles en varios sectores del norte y suroeste de Guayaquil. Gana $0,10 por cada paquete que deja en las tiendas en la misma furgoneta del 2011 en la que otrora llevaba a los menores de edad.

Él es hipertenso, tiene 62 años de edad y desde marzo no paga la aportación voluntaria al IESS, por lo que ve lejana su jubilación. “Tengo a mi esposa, a una hija viuda y una nieta que es epiléptica, todas dependen de mí. Me da miedo retomar los expresos, pero lo haré si se da”.

La empresa de transporte con la que accede a cupo le ofreció trabajo el año pasado durante los meses de confinamiento, pero no aceptó porque temía contagiarse del COVID-19.

Dalila Ruiz también tuvo la opción de hacer recorridos para empresas que requirieron transporte durante el confinamiento, pero no resultaba, indica. “Esto se hizo un canibalismo. Quieren pagar de $10 a $12 por ruta. Los costos no representan”.

Tenía que pagar la matrícula, el gasto de la revisión y antes hacer convenios de pago de las multas de tránsito para las que no hubo moratoria, como con otras deudas.

Ella espera la disposición de retornar a las aulas y el porcentaje de aforo máximo que podrán transportar, lo que ya implica una ganancia menor, incluso en el costo por alumno ya que la asistencia será una o dos veces a la semana. “Necesitamos la reactivación, hay que aprender a vivir con este miedo”, expresa. (I)