El aumento de penas por prevaricato y obstrucción de la justicia no disminuirá el cometimiento de estos delitos. Estas son las críticas a reformas de ley en Ecuador

Dentro del paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que realizó la Asamblea, y que ya fueron publicadas en el Registro Oficial el pasado 29 de marzo, se modificaron artículos sobre el prevaricato y la obstrucción a la justicia.Se subieron las penas para estos delitos y se establecieron multas. La reforma al artículo 268 señala que los miembros de la carrera judicial o los árbitros en derecho que fallen contra ley expresa, en perjuicio de una de las partes; que procedan contra ley expresa, haciendo lo que prohíbe o dejando de hacer lo que manda en la sustanciación de las causas o conozcan causas en las que patrocinaron a una de las partes como abogadas o abogados, procuradoras o procuradores, serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años y multa de veinte a treinta salarios básicos unificados.El anterior artículo incluía una pena de tres a cinco años de cárcel. Además, en la reforma se aumentó la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio a doce meses por prevaricato, antes solo estipulaba seis.También se añadió que si se ha beneficiado a un grupo de delincuencia organizada o en delitos contra la administración pública, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años.En tanto, sobre la obstrucción de la justicia se modificó el artículo 270.1 y ahora se estipula una pena privativa de libertad de cinco a siete años y multa de 24 a 40 salarios básicos unificados a la persona que, mediante el uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio, en todo tipo de procesos judiciales, ejecuta una o varias de las siguientes conductas: impida la prestación de testimonio o la aportación de prueba, induzca a una persona a prestar falso testimonio; y/o, interfiera ilegítimamente en la libertad de actuación de jueces y fiscales. El anterior castigo era de entre tres y cinco años de prisión y no existía multa.Además, la pena por obstruir a la justicia aumenta de siete a diez años de cárcel si se ha beneficiado a un grupo de delincuencia organizada o en delitos contra la administración pública. Lo que se busca es impedir que jueces dejen libres a delincuentes comunes o de cuello blanco. Es que, lastimosamente, Ecuador se ha acostumbrado a que las personas que cometen delitos salgan libres y no tengan ningún castigo, incluso los que han perjudicado al Estado.Sin embargo, este aumento de penas y multas no disminuiría los casos de prevaricato u obstrucción de la justicia en el país, indica Julio César Cueva, abogado penalista: “ Estas reformas en papel se ven muy bien, pero desde el punto de vista probatorio ya es más complicado. Porque si dicen que se ha beneficiado a un grupo de delincuencia organizada es muy abierto y ¿cómo yo acredito para procesar al juez que el detenido pertenece a la delincuencia organizada? A menos que haya una asociación donde consten los nombres, no solo basta que la Policía diga que pertenece a los lobos, a los tigres, a los leones”.El jurista dice que la reforma, por ejemplo, en la obstrucción de la justicia no habla de delitos de delincuencia organizada, lo que facilitaría la imposición de un castigo: “La reforma no es mala, pero tal como está redactada muchos de los artículos no se entienden. Ahora, Ecuador también es el país de hecha la ley, hecha la trampa. Si hay dos jueces sentenciados por prevaricato es mucho”.Según la Fiscalía, hasta febrero de 2023 se han emitido 43 acciones disciplinarias de funcionarios judiciales ante el Consejo de la Judicatura (CJ). Al menos 20 de estas denuncias corresponden a jueces. Además, asegura la Fiscalía, “se han abierto 43 investigaciones previas sobre la posible existencia de delitos de corrupción cometidos por funcionarios judiciales”.Aunque los procesos que llegan a sentencia son mínimos. Uno de los últimos casos se conoció también en febrero de este año. El CJ, a través de un comunicado, informó que se condenó a tres años de privación de libertad a un exjuez de Garantías Penales del Guayas por prevaricato.En octubre de 2019, el CJ presentó una denuncia ante la Fiscalía contra el exservidor, quien en su calidad de juez redujo una pena privativa de libertad de 17 años 4 meses a 10 años en favor de un ciudadano serbio sentenciado por el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala.Las pocas sentencias que existen por prevaricato u obstrucción de la justicia, a criterio de Cueva, se dan porque en el sistema judicial hay un falso espíritu de cuerpo, por lo que recomienda que los jueces que lleven los casos por este delito sean los que están en el sector de anticorrupción.En tanto, Johnny Ayluardo, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, considera que lo único que demuestran estas reformas es una postura por parte de la Función Legislativa, y también del Ejecutivo, de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo.“Pretenden resolver los problemas de delincuencia a partir del incremento de las penas, pero se olvidan de que los problemas también están en la sociedad, no se pone énfasis en políticas públicas y sociales que contribuyan, por ejemplo, a la disminución de factores como el desempleo y subempleo”, afirma.Sobre la reforma de la obstrucción a la justicia, indica Ayluardo, lo que se busca es enfrentar las amenazas que existen a jueces y fiscales por parte de bandas delincuenciales: “Si bien la norma contribuye de alguna manera a prevenir estas conductas, también es cierto que el problema no está en la creación de más normas sino en las personas que administran justicia. Por más que tengamos un COIP que sancione todas las conductas punibles, si no tenemos las personas adecuadas y si el sistema de justicial no recibe el presupuesto adecuado, esto queda como populismo judicial, legislar para la masa”.Con esto coincide Cueva y afirma que es complejo tener jueces y fiscales capacitados en un entorno como el nacional, ya que ellos también son el reflejo del ecuatoriano promedio: “Se convirtió en abogado, luego en juez o fiscal y llega a ser hasta ministro, pero es el mismo que antes de todo esto se llevó los productos de un carro de gaseosas que se volcó, o que tiene un carné de discapacidad falso, o que piensa que el pare de la esquina es una sugerencia y no una orden. Estas personas son las que llegan a un cargo público y el problema es que se sienten intocables cuando llegan a tener poder”.A esto se suma el bajo nivel académico de la mayoría de funcionarios del sistema de administración de justicia, ya que se observa que en las pruebas que se les realizan solo obtienen las calificaciones mínimas, incluyendo los puntos que se les otorgan por ser parte de alguna minoría. (I)

El aumento de penas por prevaricato y obstrucción de la justicia no disminuirá el cometimiento de estos delitos. Estas son las críticas a reformas de ley en Ecuador

Compañía

Ayuda / Asistencia

Nuestras marcas