En los primeros 58 días del 2023 se registraron 945 homicidios intencionales a nivel nacional, un promedio de 16,2 casos al día en el periodo del 1 de enero al 27 de febrero de este año, según las últimas cifras de la Policía Nacional.

De seguir este promedio diario se terminará el año con casi seis mil crímenes intencionales, que incluyen al número total de asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos que se registran en Ecuador.

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Se volvería a romper el récord del año con más muertes violentas en la historia del país que se dio justamente en 2022 con un total de 4.614 homicidios intencionales, cifra que es 46 % superior a los casos registrados en 2021.

Los 945 crímenes durante los dos primeros meses del 2023 casi alcanzan a los 959 asesinatos, homicidios, femicidios y sicariatos ocurridos durante todo el 2016.

La tasa del número de homicidios intencionales por cada cien mil habitantes quedó en 25,5 en 2022, la más alta en la historia nacional y por primera vez está por encima del promedio de América Latina y el Caribe (18 por cada cien mil habitantes).

La más baja tasa de criminalidad en este aspecto en el país desde 1980 se dio en 2017 con 5,7 homicidios intencionales por cada cien mil habitantes

“Esto significa pasar de la tasa más baja a la más alta en un periodo muy corto de tan solo cinco años; su incremento es de cuatro veces, el más significativo y el más rápido en estos 40 años”, explica Fernando Carrión Mena, analista y experto en seguridad.

Asesinatos en el distrito Nueva Prosperina registran incremento del 173 % entre enero y febrero

La provincia costera del Guayas es la que registra el mayor número de crímenes a nivel nacional con un promedio de 7,4 homicidios intencionales cada día durante lo que va del año (igualmente del 1 de enero al 27 de febrero del 2023), un acumulado de 429 casos.

En segundo lugar está Los Ríos con casi dos asesinatos diarios en el mismo lapso, sumando 106 casos.

En tercer lugar está Manabí con 1,6 casos al día y 96 en el acumulado. Siguen El Oro y Esmeraldas con 1,5 y 1,1 cada día con 88 y 66 crímenes, en su orden.

Carrión indica que como tendencia este año se sigue incrementando el número de homicidios porque hay más de los registrados durante los primeros dos meses del 2022, año que marcó un récord en violencia.

Los datos globales del 2022 dejan a Esmeraldas en primer lugar como la provincia con la mayor tasa de homicidios por cada cien mil habitantes, un total de 77,4, seguida por Guayas (44,4), Los Ríos (43,4), El Oro (39,9), Sucumbíos (33,2) y Manabí 32,6).

La tasa de Esmeraldas ubicaría a esta provincia en el top 10 de las ciudades más conflictivas del continente (en el octavo lugar por debajo de siete localidades mexicanas), pero queda fuera de ese ranking ya que solo se considera a urbes que tienen 300.000 habitantes o más.

Guayaquil sí entra en este ranking en el puesto 24 con una tasa de 47,7 homicidios por cada cien mil habitantes.

El que las provincias con los mayores índices de criminalidad sean las costeras y fronterizas, evidencia la vinculación del narcotráfico con los asesinatos. “Son los lugares por donde sale la droga. Si tuviéramos una buena política de control fronterizo con Colombia, esa droga no entraría ni saldría por las costas del país. No tendríamos estas tasas de violencia que tenemos”, dice Carrión.

Una lectura del incremento del grado de violencia es que en el cambio de siglo se pasó de la tradicional, que se produce como estrategia de sobrevivencia en zonas empobrecidas o de ciertos sectores con una cultura lúdica de ir a los bares o cantinas (las acciones se dan en medio de riñas y discusiones), hacia una en la que el crimen es algo explícito y proviene de objetivos en los que lo económico es central.

“Ahora ya están organizados y los hechos delictivos son mucho más frecuentes. El sicariato es una forma de tercerización porque no proviene de la propia estructura de Los Lagartos o Chone Killers, por decir algo, sino que ellos contratan por terceras personas, tercerizan ese servicio”.

¿En qué falla la política pública que busca contrarrestar la violencia?

El científico Albert Einstein (+) decía que si se quiere conseguir resultados distintos hay que dejar de hacer la misma cosa.

¿Y en qué consiste la política pública actual para enfrentar la criminalidad? “Un manejo de mano dura de la Policía y las Fuerzas Armadas y las declaratorias de emergencia (lo que históricamente se viene aplicando). Si se sigue en la misma línea lo que se conseguirá es un incremento de las penas”, afirma Carrión.

El especialista recalca que la violencia común proviene principalmente de la crisis económica profundizada por el COVID-19, que generó desempleo, pobreza y desigualdad, por lo que no se resuelve con policías y militares: “La violencia discriminatoria, xenofóbica o racista tampoco se resuelve así sino principalmente con reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y políticas culturales. Si se sigue haciendo lo que se hace hasta ahora, vamos a seguir teniendo los mismos resultados”.

Una reforma urgente es la reducción de la presión sobre el sistema carcelario que se expresa en un alto nivel de hacinamiento. “El indulto a personas mayores de edad, con salud precaria y con delitos menores que hizo el presidente (de la República) Guillermo Lasso está bien, pero lo lógico sería que se haga una reforma al COIP para que estas tengan penas distintas, que no sean privativas de la libertad, como económicas, trabajo comunitario o uso del grillete, eso es necesario e ineludible”.

No tiene sentido volver a indultar cada cierto tiempo, ya que el sistema carcelario se volverá a llenar con las personas que cumplen las características señaladas.

La hoja de ruta estatal del régimen actual ante la violencia criminal ha sido establecer siete declaratorias de emergencia o de excepción. “Estas suman un tiempo de 14 a 15 meses de un gobierno que lleva 21 meses en el poder. El resultado está a la vista, eso no funciona”, dice Carrión.

Dos factores generan la escalada de violencia: el nivel de impunidad existente, se comete el crimen y no hay justicia que procese; el segundo es la falta de control en las fronteras para frenar el ingreso de la droga desde Colombia y Perú. “Si no entraran esas sustancias ilícitas, tampoco saldrían por el país y no tendríamos las estructuras criminales que existen”.

El punto de origen fue el Plan Colombia, establecido a partir de 1998 del siglo XX para combatir el narcotráfico en el país vecino del norte, lo que provocó lo que se conoce como un efecto globo, agrega el especialista.

Esta iniciativa apoyada por Estados Unidos se amplió durante el régimen de Álvaro Uribe (2002-2010) en Colombia. “Toda esta focalización y el mejoramiento de los controles en ese país hizo que algunas fases del proceso de producción de narcóticos se desplacen al Ecuador, país que hoy produce cocaína, no cultiva coca pero la produce. Una muestra son los laboratorios encontrados en Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Manabí y El Oro, entre otras”.

En redes sociales se muestran con armas de grueso calibre, son acusados de crímenes, pero no hay acciones

A más de la intervención policial y militar se requiere el mejoramiento de los controles en los puertos de salida del país. “Hasta ahora no tenemos un mecanismo óptimo de escaneo de los contenedores (en las terminales portuarias). Por el puerto de Guayaquil sale el 65 % de la droga. Allí no se necesitan ni policías ni militares, solo tecnología”.

La violencia deja su impacto económico

Carrión indica en el artículo titulado “La violencia en el Ecuador, una tendencia previsible” que “la credibilidad institucional se viene abajo por la forma poco eficaz en que contrarresta la violencia, tanto que inclusive los niveles de denuncia de los delitos tienden a bajar por la ineficiencia del sistema para procesarlos, mientras por otro lado y de manera simultánea, suben los casos de ‘justicia por la propia mano’ y la demanda por el porte de armas”.

El especialista refiere que estos niveles de violencia tienen un impacto económico en las empresas que destinan más presupuesto para el rubro de seguridad.

Una encuesta de Cedatos Gallup con una muestra de 130 empresas de Quito y Guayaquil mostró que el 80 % de estas firmas destina menos del 10 % del gasto de su presupuesto anual para temas de seguridad.

El 20 % restante de las compañías encuestadas indicó que la seguridad representa entre el 10 % y 30 % de su gasto anual. “Es decir, una proporción importante del gasto de las empresas se destina hoy en día a la seguridad”.

Además, el 20 % de las firmas encuestadas señaló que gasta más de un millón de dólares al año en seguridad. “Esto significa que estas empresas estarían destinando más de 26 millones de dólares en seguridad al año, una cifra nada despreciable, con el agravante de que los mismos se trasladan al consumidor en los precios de los productos y de los servicios”. (I)