La detención del exvicepresidente de la República del correísmo Jorge Glas, sentenciado por corrupción, con el ingreso de la fuerza pública en la Embajada de México en Ecuador dejará consecuencias internacionales para el país.

Las sedes diplomáticas como las embajadas se consideran como territorio del país que representan. Cuando una persona entra en una sede está entrando en el territorio de otro país, ya que así lo establecen las normas internacionales.

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En el manejo del poder hay responsabilidades que recaen en cargos específicos. ¿Quién es el que finalmente toma la decisión de irrumpir con la fuerza pública en una embajada con el fin de detener a alguien?

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El presidente de la República, Daniel Noboa, es quien dio el beneplácito para detener a Glas, que se encontraba en la sede diplomática de México, coinciden exministros de Gobierno.

La irrupción y detención de Glas, a quien México le había concedido horas antes asilo político, se dio la noche del viernes 5 de abril.

La Policía Nacional ingresó en la embajada de ese país, en la que Glas permanecía desde el 17 de diciembre de 2023. Tras detenerlo fue trasladado a la Fiscalía General del Estado.

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Un roce entre Ecuador y México se originó por declaraciones de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, sobre las elecciones presidenciales de 2023 en las que fue electo Noboa, luego del asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales.

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Después del discurso de López Obrador, apegado a afirmaciones del correísmo respecto a que Luisa González perdió las elecciones luego del asesinato del excandidato presidencial, el gobierno de Noboa declaró como persona no grata a la embajadora mexicana, Raquel Serur Smeke.

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Este impase diplomático se dio mientras Glas permanecía en la Embajada de México en Quito.

“Toda embajada tiene una sola finalidad: servir como espacio diplomático con el objetivo de estrechar las relaciones entre los países... ningún delincuente puede ser considerado perseguido político”, indicó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Vladimiro Álvarez, dos veces ministro de Gobierno en los gobiernos de Osvaldo Hurtado y Jamil Mahuad, considera que la decisión que tomó Noboa es correcta.

“Hay una sentencia ejecutoriada por los tribunales del país y México debe respetar esa resolución interna. No debieron otorgar asilo a una persona como Glas que tiene sentencia ejecutoriada”, expone.

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El convenio de Caracas, creado en 1954 y ratificado por México en 1957, establece que no puede concederse asilo diplomático a personas procesadas por delitos comunes y “peor aún si fueron sentenciados, como es el caso lamentable de Jorge Glas Espinel”, expone.

Álvarez cree que al Gobierno “le correspondía” tomar esta medida. “El Gobierno de México debía respetar esas decisiones internas del Estado en cuanto al juzgamiento”.

Apartando a las ideologías, continúa, lo que debe primar es la ética en el ejercicio de las normas jurídicas, y él también le hubiera recomendado a Noboa entrar a la embajada mexicana. “Considero que el presidente Noboa ha actuado con valentía”.

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Mauricio Gándara, exministro de Gobierno y embajador, asegura que una opción hubiera sido alargar el otorgamiento del salvoconducto para que Glas no pueda salir del país.

Afirma que la concesión del asilo de López Obrador a Glas corresponde a razones políticas debido a la afinidad que tiene con los políticos de la corriente del socialismo del siglo XXI.

Añade que el ingreso a la embajada por la fuerza es un error porque es violatorio de las normas internacionales. “Sobre todo de la Convención de Viena (capital de Austria), que en su artículo 22 dice que los locales de las embajadas son inviolables, de eso somos suscriptores 187 países”.

El también exembajador considera que el país deberá enfrentar consecuencias negativas tras la irrupción. “Si México le lleva a la Corte Internacional de Justicia, la situación del país es muy débil”.

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