Dixon, de 39 años de edad, fue despedido el viernes 30 de julio último de la constructora en la que laboró durante los últimos dos años. Fue un periodo en el que perdió el pie izquierdo tras un accidente laboral cuando era parte de los trabajos para ampliar un centro comercial del norte de Guayaquil, que lo dejó con incapacidad permanente.

El viernes último le dijeron que su contrato no iba más, que había terminado y que ya no querían contar con sus servicios.

Él había sido trabajador de la construcción casi toda su vida, desde que era adolescente. A su último trabajo ingresó el 17 de junio de 2019. Recuerda que en su primer día de labores le preguntaron si tenía un par de botas de caucho. Les dijo que sí e inició su trabajo en la obra sin mayores preámbulos.

“No me explicaron nada, no me dieron las charlas de inducción que me habían dado en otros trabajos. En otras empresas me tienen un día entero mostrando los riesgos que podemos tener, pero acá nada”, enfatiza.

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Al tercer día de labores le dieron el turno de la noche con una tarea específica. “Me dejaron solo y le dije a mi supervisor que no sabía manejar los puentes grúa que se usan para mover las vigas, y me respondió que no sabía cómo haría, que pidiera ayuda, pero que al otro día necesitaba esas vigas listas”.

Entonces, Dixon le pidió a un compañero que las moviera para pulirlas, pero en medio de la maniobra, las cadenas quedaron enredadas y una de las vigas de dos toneladas de peso cayó sobre el pie izquierdo.

Fue un golpe fuerte y rápido, recuerda el obrero. Luego llegó la ambulancia que lo trasladó al hospital Abel Gilbert Pontón, en el suburbio de Guayaquil. “No aparecía registrado como afiliado al IESS pese a que supuestamente debía estarlo, pero aún no constaba”, cuenta.

Tras 20 días de convalecer en cama, el pie poco a poco empezó a teñirse de negro y le informaron de su peor temor, iban a extirparle desde diez centímetros debajo de la rodilla.

Dixon afirma que llamó a los contactos de la constructora para la que trabajaba y les rogó que lo llevaran a otro centro hospitalario. Finalmente, lo trasladaron a la clínica Kennedy, allí ya aparecía como afiliado al IESS, pero los doctores le dijeron que era tarde.

“Que si hubiera llegado directamente sí le salvaban el pie, pero que había pasado mucho tiempo y que debían cortar a la altura del empeine. Desde entonces ya no tengo un pie. Para estar erguido me sostengo del talón, no puedo acuclillarme porque me voy para delante y no camino bien”, afirma.

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Ocho meses pasaron de tratamientos y curaciones hasta que regresó a trabajar. Estaba en el área de mantenimiento eléctrico cuando llegó el confinamiento por la pandemia en marzo del 2020.

Ahí lo suspendieron por cuatro meses y después de ese tiempo retornó a sus labores hasta el 30 de julio último que lo despidieron. “Lo peor es que me dijeron que la indemnización iba a demorar porque no hay dinero, que espere, que me llamaban cuando ya tengan mi liquidación”, comenta Dixon que le dijeron.

Él ganaba el sueldo básico ($ 400) con lo que mantenía a su esposa y sus cuatro hijos, de los que tres aún son menores de edad. “El primero a veces me ayuda con sus cachuelos, también es albañil como yo era. Relleno el zapato con algodón para que no quede ese vacío”, asegura.

Dixon recibió una indemnización del IESS por el accidente laboral. Él no puede evitar relacionar su despido con el incidente ocurrido. “Los doctores me dicen que quedé con una discapacidad del 40 %, pero no tengo el carné, no los están dando debido al problema de corrupción de los que se hacían dar uno para traer carros (con exenciones arancelarias)”, asegura.

En el periodo 2014-2019 se registró a 3.807 obreros que se accidentaron en medio de las obras y quedaron con incapacidad temporal. La cifra incluye solo los casos reportados al IESS, como el de Dixon.

Luis Romero, representante de la Federación de las Cámaras de la Construcción ante el Comité Interinstitucional de Seguridad e Higiene del Trabajo, recalca que el sector es uno de los más riesgosos por todo lo que conlleva y que la Constitución del Ecuador obliga al empleador a proteger de manera personal y colectiva el área de trabajo.

“Siempre digo, los trabajadores son el medio que nos hace ganar dinero a los ingenieros, debemos cuidar el talento humano. Si certificamos y los preparamos incluso de aquí pueden irse al exterior. Trabajé en los túneles de Guayaquil y lo hicieron tan bien que luego un equipo se fue a laborar fuera del país. Nuestra mano de obra es calificada porque es inteligente, aprende rápido. Para mí, no hay valor económico que pague una vida”, afirma.

Las empresas tienen que cumplir con la capacitación correspondiente y aplicar las medidas de protección colectiva e individual, como lo establece el reglamento 174 de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas expedido en enero del 2008.

A este se suma el reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo, publicado en el Decreto Ejecutivo 2393 que data de 1986. Este indica que toda empresa debe cumplir ciertos parámetros para garantizar la seguridad ocupacional con una matriz de riesgos, capacitar a sus trabajadores, tener procedimientos de labores seguras, e incluso realizar inspecciones y evaluaciones periódicas.

Todo esto tiene un costo, asegura Romero. “Hay que concientizar para que coloquen en sus presupuestos (estos gastos). Las empresas internacionales que vienen sí reconocen los equipos de protección personal y colectiva, pero las nacionales no. Todo esto puede representar el 1 % o 2 % del costo del proyecto, entonces si se presenta a una licitación y baja ese porcentaje está en ventaja sobre los demás. Todo incide en que se reconozca el rubro de prevención”, afirma.

La prevención y las medidas de protección colectiva incluyen también la protección de los transeúntes y conductores de autos que pasan en las inmediaciones de la obra.

Una opción, agrega, es que los municipios del país emitan ordenanzas para paralizar las obras que no tengan las medidas de seguridad para sus trabajadores. “El Código de Trabajo lo permite, si no hay seguridad pues hay que parar, allí empezarán a cumplir. No podrán reanudar hasta que apliquen las medidas”, afirma Romero.

El arquitecto Hernán Molina Saldaña, gerente de Construdipro, trabaja en construcciones donde se cumplen con las medidas de seguridad, pero reconoce que la mayoría de los profesionales no las aplican. “Los accidentes pueden darse en todo tipo de obras, desde la casa de una planta hasta en los edificios de diez pisos. El fin de estas medidas es salvaguardar la vida de los obreros y del personal técnico y además se protege a los transeúntes, a los vecinos”, explica.

Esto incluye la capacitación, agrega. “La Cámara de la Construcción de Guayaquil emite un carné de certificación de riesgo laboral”.

La mano de obra es importante porque está expuesta a manejar elementos que pueden causar daños, como varillas, clavos, cañas, tablas, agrega Molina.

“Si bien no estás exento de tener un accidente en las villas de un piso, a medida que la edificación es de características mayores pues el riesgo se incrementa”, afirma el especialista.

Por ejemplo, las mallas de protección colectiva en el contorno de las áreas donde se trabaja es primordial cuando se está en altura, por más que el obrero esté con el arnés conectado a la línea de vida.

Las mallas son algunas de las medidas de protección colectiva. Foto: CORTESÍA AR SAFETY

“Estos últimos pueden fallar y el último recurso de un obrero son estas mallas que están alrededor. Estamos hablando de personas que pesan 200 libras”, dice Molina.

La protección de los bordes de las losas es una de las medidas colectivas para prevenir accidentes. Foto: CORTESÍA AR SAFETY