El 12 de marzo de 2020 es una fecha que Darío Torres no va a olvidar. Ese día recibió un correo electrónico de su desvinculación bajo el justificativo de la afectación de la pandemia COVID-19.

Trabajó cerca de diez años como subchef en un hotel en Quito. No tuvo oportunidad de ir a retirar sus pertenencias. Solo le indicaron que en dos meses le darían su liquidación.

“No me dieron tiempo a regresar a ver mis cosas, solo me notificaron que me tenían mi liquidación después de dos meses y en junio (de 2020) me querían dar $ 900″, dice, y agrega que esa liquidación es injusta y que no representa ni un año de trabajo.

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Torres, de 35 años, tiene una hija con discapacidad y es quien lo mantiene firme en su lucha judicial. Este 8 de junio es la audiencia de conciliación, fijación de puntos de debate y sentencia. Es decir que ese día el juez puede ordenar a la compañía el pago de la liquidación, que está entre $ 13.000 y $ 14.000, según sus cálculos tras consultas legales.

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“Me quedé sin trabajo durante casi un año y medio porque algunas empresas en el sector hotelero cerraron. Sí me hizo mucha falta el dinero para subsistir, aparte tengo una hija con discapacidad y necesitaba sus medicinas”, relata.

Torres además indica que la empresa no estaba al día con las aportaciones a la seguridad social. “Hasta hoy no puedo entrar a mi portal del IESS porque ellos adeudan algunos meses”, menciona.

Torres fue uno de los 30.052 despedidos entre enero de 2020 y marzo de 2022 por fuerza mayor o caso fortuito, de acuerdo con cifras del Ministerio del Trabajo.

Pichincha es la provincia que abarcó más actas con 12.689; seguido de Guayas con 7.669; Azuay con 2.900; y, Manabí con 1.156.

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Por debajo de los 1.000 están El Oro (684), Imbabura (621), Santa Elena (583), Cotopaxi (572) y Tungurahua (512).

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En tanto, solo desde marzo, cuando se inició la pandemia, hasta diciembre de 2020 hubo 27.243 actas de finiquito con esa figura. Lo que representa el 4,5 % de las actas en general (621.674) en ese periodo.

En 2021 continuó y se registraron 2.558 actas por fuerza mayor. Y desde enero a marzo de 2022 van 191 actas. Solo en marzo hubo 100.

Esta figura ha estado en el artículo 169, numeral 6, del Código del Trabajo sobre las causas para la terminación del contrato individual.

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Unos meses después de iniciada la pandemia, se colocó una Disposición Única Interpretativa en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, que aclaró un poco más esa figura y que pronto cumple dos años de vigencia.

“En estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o jurídica. Esto quiere decir, que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aun por medios telemáticos”, dice esa parte de la normativa.

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Esta interpretación sobre fuerza mayor previo y después de la vigencia de la Ley generó una alta demanda de casos, que de acuerdo con abogados, la mayoría han concluido en conciliación y muy pocos continúan y esperan llegar a la Corte Nacional de Justicia.

La abogada laboral Vannessa Velásquez menciona que el 90 % de los casos que asumió por fuerza mayor desde marzo de 2020 terminaron en acuerdo entre las partes. Y solo un 10 % no está conforme con lo que ofrece la empresa y prefieren seguir por la vía judicial.

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“El 90 % de los casos de primera instancia fueron sancionados por el mal uso de la causal y ordenaron el pago del despido intempestivo, y han llegado a acuerdos con trabajadores para pagar las liquidaciones. El criterio generalizado de jueces de primera instancia es que no se justifica la mayor fuerza en materia laboral”, dice Velásquez.

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Señala que hubo casos de trabajadores con 20 años de servicio que la compañía no quería reconocerlos por la pandemia, pero en los juzgados fallaron a favor del colaborador. Entonces, Velásquez asegura que “no les quedó más opción que ofrecerles una cantidad”. Y desde el lado del trabajador aceptarlo para no seguir en el proceso.

Pero Torres sí pretende seguir los años que dure. Además, en su caso, la empresa hasta ahora no ha realizado un acercamiento.

Y son situaciones que no asombran, dice el abogado laboral Mesías Andrade, quien también concluyó casos, todos en conciliación.

“La fuerza mayor fue usada para la viveza. Hay empresas que cerraron y ahora han abierto con otro RUC. Se ponen un disfraz para aprovecharse de la ley”, indica. (I)