¿Me pueden pedir el carné de vacunación contra el COVID-19 para subir al bus, para entrar al mall, a un restaurante…, para estudiar, para trabajar, para hacer un trámite institucional?, ¿es legal?, ¿la vacunación ya no sería voluntaria?, ¿dónde quedan los derechos humanos?, ¿pueden vulnerar mi derecho a la privacidad?, ¿por qué tenemos que exponernos los ya vacunados con los que no se quieren vacunar, eso sería atentar contra la salud de la comunidad?

Son parte de las interrogantes que han surgido a raíz de dos anuncios en Ecuador. El primero se dio en Guayaquil y el segundo en Loja. En estas dos localidades sus autoridades dijeron que se exigiría el certificado de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a determinados espacios. Incluso en Guayaquil, la alcaldesa aseguró que el carné (con el esquema completo) a partir de octubre próximo, y de manera progresiva, sería el “pase de entrada si quieren salir de sus casas” para subirse a la Metrovía, un servicio público de transportación, o ingresar a centros comerciales y restaurantes.

En Loja, en cambio, desde el 9 de agosto próximo, los ciudadanos de 16 años en adelante deberán presentar su certificado de vacunación para ingresar a cualquier negocio, incluyendo los mercados y supermercados.

Aquellos anuncios encendieron el debate sobre una posible implementación de estas medidas en Ecuador en tiempo de pandemia, sobre la violación o limitación de derechos, sobre la libertad para elegir y las consecuencias que traen las actuaciones individuales y grupales.

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En países europeos como en Francia y Grecia se exige la vacunación para el personal sanitario y para cuidadores de adultos mayores. Y allá también se ha abierto el debate en torno a otras medidas referentes a esta obligatoriedad como sanciones en los trabajos.

En Ecuador, activistas y defensores de derechos humanos, abogados, expertos en salud pública, así como veedores de servicios públicos y habitantes dicen que de darse una medida obligatoria como la exigencia del carné de vacunación para entrar a determinados espacios o acceder a servicios públicos se estarían violentando derechos constitucionales o universales, así como disposiciones de entes rectores de salud de que la vacunación sea voluntaria. Se trata de un tema que abarca varias aristas como la bioética, la legal, la social, la sanitaria, la de derechos individuales versus los colectivos, entre otros, y que puede prestarse a diversas interpretaciones.

No obstante, el constitucionalista Pablo Alarcón, consultado por este Diario, sostiene que no existen derechos absolutos, todos pueden limitarse pero de manera proporcional, es decir, siempre que se garantice, a través de una adecuada motivación, que tal limitación se justifica en la satisfacción de otros derechos del mismo rango. “Siendo así, la eventual exigencia de un certificado para la realización de ciertas actividades deberá cumplir con este presupuesto y podría configurarse una vez que se garantice el acceso a la vacunación para todos”, afirma.


La semana anterior hubo un importante aumento de ciudadanos que acudieron a vacunarse contra el COVID-19 en diversos centros de Guayaquil, como en el colegio José María Egas, en el sur. Ahí, cientos hicieron fila desde los exteriores hasta el coliseo del plantel. Muchos contaron que fueron tras la confirmación de casos de la variante delta en Guayaquil. Foto: Jorge Guzmán

Adicional, sostienen entrevistados por EL UNIVERSO, este tema devela problemas que aún faltan por resolver en Ecuador como el combate a la desinformación en torno a la vacunación anti-COVID-19, a sus beneficios y posibles riesgos, ya que cada vez, dicen, ganan terreno los mensajes sin fundamento en lugar de aclarar las dudas y de concienciar a la población sobre su importancia y sobre la incidencia de sus decisiones, además de la educación para mantener las otras medidas de bioseguridad, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico y el lavado frecuente de manos con agua y jabón o la desinfección con alcohol.

Antes de un anuncio así (de exigir o pedir carné de vacunación) se debería garantizar que todo el mundo esté absolutamente claro de los beneficios de la vacuna, como la población indígena a través de mensajes en sus propios dialectos, las personas con discapacidades y que deberían tener maneras para acceder a esa información (como los invidentes), entre otros, así como las personas en la movilidad humana diaria. ¿Qué se ha hecho para promocionar la vacuna y despejar toda la cantidad de fuertes rumores, desinformación? Y que este anuncio (que surgió primero en Guayaquil) podría estar también entrando en el mismo circuito de desinformación, de mal tratamiento de la información que se estaría teniendo”, cuestiona Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

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Habitantes y veedores de servicios públicos cuestionan anuncio de exigencia de carné de vacunación en Guayaquil

Y si bien se pueden establecer diferencias entre la salud personal o individual (que es estrictamente privada) y la salud pública (relación entre la población y las autoridades sanitarias) y está abierto el debate en temas de bioética, la población debe vacunarse por convencimiento propio, por corresponsabilidad personal y ciudadana y no porque lo obliguen a hacerlo, indica Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, quien dice que en efecto la acción de cada ciudadano en contextos como en el de la actual pandemia tiene implicaciones sobre quienes están en su entorno y sobre la población.

Para que no haya esta posible confrontación entre aspectos de derechos universales amplios con ciertas medidas que pueden considerarse que están afectando ese derecho, debería estimularse mucho más la corresponsabilidad ciudadana voluntaria para todas estas medidas. Lo coercitivo puede no ser tan efectivo, porque además se va a chocar con dificultades cotidianas, es decir, prácticas de cómo puedo controlar, por ejemplo, que se presente el carné en los buses…”, expone Sacoto.

Hubo una masiva concurrencia de la ciudadanía a puntos de vacunación municipal este sábado 17, como ocurrió en el de Mucho Lote 1, norte de Guayaquil. Foto: José Olmos

Ángel Valenzuela, coordinador general de Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, cuenta que a pesar de que los municipios o gobiernos autónomos descentralizados pueden emitir ordenanzas o medidas acordes con sus competencias para regular el comportamiento interno de la ciudadanía, el ente rector en salud pública es el Ministerio de Salud Pública (MSP), que ha dicho que la vacunación es voluntaria, no obligatoria. Y que tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido enfáticas en destacar el acto voluntario, el derecho al consentimiento previo, libre e informado, “que es parte de los derechos de la salud... Y también a la reserva de un procedimiento…”, asegura.

Pablo Alarcón, doctor en Derecho y constitucionalista, recalca que por el momento solo ha existido un anuncio verbal sobre la posibilidad de exigir el carné de vacunación en determinados espacios y servicios en Guayaquil. No existe aún una medida como tal ni tampoco se ha propuesto o se ha establecido “la obligatoriedad de la vacuna”.

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Lo que se ha hecho, asegura, es anunciar que se condicionarán determinadas actividades al certificado de vacunación y que aquello ya se experimenta, por ejemplo, con la necesidad de contar con un certificado de votación para poder cumplir con determinados trámites.

Resalta la importancia de estar conscientes de que la vacunación por ahora “es el único medio” para salir en algún momento de la pandemia. Por este motivo, agrega, es un deber de todos acceder a ella, en la medida en que todos tengan esta posibilidad.

¿Podría haber corrupción con la exigencia del carné de vacunación?

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de Ecuador cuentan que de llegar a implementarse estas medidas anunciadas, como la exigencia de un carné de vacunación para entrar a comercios o para acceder a servicios públicos, a más de vulnerar derechos, se puede dar paso a la corrupción.

“Nos preocupa muchísimo que se podría abrir la puerta a actos de corrupción a nivel nacional o donde se podría implementar este tipo de política (de pedir carné de vacunación). Se abre la puerta para que personas inescrupulosas puedan estar vendiendo de manera dolosa un carné de vacunación y no vamos a tener la seguridad de que realmente la persona está inoculada (contra el COVID-19)”, argumenta Ángel Valenzuela.

Esto sin contar problemas de discriminación o exclusión que se podrían dar, violentando el derecho a la igualdad, a la libertad y a otros de igual importancia, resalta.

¿En el trabajo pueden obligarme a vacunarme o pueden condicionarme el empleo en caso de no hacerlo?

No, dice Ángel Valenzuela, coordinador general de Promoción de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Incluso en los trabajos se debe respetar el consentimiento previo a la vacunación, que es voluntaria. Adicional que no hay acuerdos ministeriales que obliguen a aquello.

Y si alguien intenta obligar a sus trabajadores a vacunarse, se puede denunciar al Ministerio del Trabajo y también en las dependencias de la Defensoría del Pueblo.

“El tema de la vacunación no es que implica que ya (la persona) es inmune al virus, lo que crea es anticuerpos, mayor resistencia… eso no significa que no pueda contagiar a otros así esté ya vacunado”, resalta el promotor de derechos de la Defensoría del Pueblo.

Tampoco se puede discriminar o excluir a alguien en el campo laboral si este no se vacuna, mucho menos condicionar su empleo.

Los derechos constitucionales en medio de estos debates y anuncios

El constitucionalista Pablo Alarcón cuenta que esta situación (debates en torno a la vacunación y acciones que puedan tomarse) es totalmente novedosa para el contexto global, no solo para el caso ecuatoriano. Y que aquello implica que el tema sea también analizado desde la óptica social, sin descuidar lo jurídico ni el impacto social que podría tener, en caso de aplicarse, una medida como esta (exigencia de un carné de vacunación) para quienes no accedan a la vacunación.

“… Ya ha habido intentos, posiciones o decisiones jurisdiccionales a nivel mundial sobre el tema, pero no es un tema pacífico porque cuando encuentro derechos en conflicto, dos o varios del mismo rango, es decir constitucionales, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, el derecho a la libertad (este último es muy importante y quizás es el más conflictivo)… al tomar medidas como exigir un certificado de vacunación o que este certificado sea el camino para acceder a servicios públicos, entramos en un terreno un poco pantanoso, porque cualquier limitación a un derecho constitucional (o humano) debe estar precedido por una carga de argumentación jurídica muy sólida, lo que han denominado las cortes, y por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como el principio de proporcionalidad, es decir, tengo que demostrar que esta medida es proporcional y respetuosa con derechos constitucionales y que no tenía otra medida a mi alcance para poder lograr ese cometido”, explica el jurista.

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Por ejemplo, la movilidad de una persona. “Si es que asumimos que no podría salir de su hogar o que no pueda acceder a servicios públicos, lo cual incluso es un poco más complejo por todo lo que involucra el servicio público en las distintas áreas, entenderíamos que estas limitaciones deberían estar justificadas en las garantías de otros tantos derechos del mismo rango constitucional, es decir, técnicamente no puede haber una medida que se dicte sin una argumentación”.

En puntos de vacunación municipales en Guayaquil se entrega una caja de alimentos a quienes opten por inocularse frente al COVID-19, tanto en la primera como en la segunda dosis. Esta medida se tomó para incentivar a la población a inmunizarse, según las autoridades locales. Foto Carlos Barros / El Universo. Foto: El Universo

Alarcón resalta que cualquier decisión que se tome (como la de pedir el certificado de vacunación) debe contemplar el ejercicio argumentativo, que técnicamente se lo denomina como juicio de proporcionalidad. Y que no se puede asumir a priori que la gente no quiera vacunarse, pues es importante contar con cifras que demuestren que todos podrán tener acceso a la vacunación, previo a la emisión de una medida que pueda condicionar actividades a la existencia de un carné.

Para él es necesario un trabajo mancomunado entre el sector público, el privado y los medios de comunicación, ya que estos últimos, dice, tienen un rol fundamental para informar adecuadamente a la ciudadanía. Esto además de aplicar medidas de incentivos para la vacunación como ya ocurre en algunos espacios.

Educación y acceso a la información, la clave para la población

Informar sobre la vacunación, sus implicaciones, efectos y posibles riesgos es clave y es la base para la ciudadanía, coinciden los entrevistados. Esto incluso hará que se mantengan medidas de bioseguridad para evitar riesgos y contagios, ya que aún vacunados se pueden infectar con el virus.

“El ciudadano puede ir a un sitio sabiendo que está lo más protegido posible, sabiendo que la vacuna no es que me protege totalmente de contraer la enfermedad, ese es otro tema que hay que informarlo muy claramente”, expone Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública.

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Para Billy Navarrete, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, es vital que se garantice el acceso a la información para que la ciudadanía pueda valorar lo que se le está ofreciendo y a raíz de aquello puedan tomar decisiones voluntarias.

Y agrega que es necesario que aquello llegue también a las zonas rurales más alejadas, a las prisiones y a otros escenarios.

“Creo que estamos viendo un universo demasiado pequeño (con anuncio de exigencias de carné de vacunación) y levantando preocupaciones que a la larga no existirían porque no se ha informado qué porcentaje tiene aquella resistencia (a no vacunarse) para que ponga en peligro toda la estrategia (de salud). Habría que pensar en la obligatoriedad para que esta opción pueda llegar a todos y que libremente pueda ser decidida por cada persona, como derecho fundamental está el consentimiento para acceder a un tratamiento médico. Esas son esferas muy íntimas que deberían estar reconocidas por la política pública”, agrega Navarrete. (I)