Quito forma parte de un listado de 41 cantones que deberán dejar de incluir el cobro de la tasa de recolección de basura (TRB) en las planillas eléctricas.
El Gobierno informó que la medida se reflejará en las facturas de noviembre y responde al cumplimiento de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (Lospee), la cual prohíbe que este rubro esté vinculado, directa o indirectamente, con las tarifas o el consumo eléctrico.
La decisión, según un comunicado gubernamental, busca garantizar mayor transparencia y que se pague únicamente por el consumo real de electricidad, sin cargos adicionales ajenos al servicio.
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Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán definir sus propios mecanismos de cobro una vez que finalicen los plazos establecidos en los convenios dado que el sector eléctrico dejará de ser agente de recaudación.
En las planillas de energía eléctrica para la capital existe un aparatado con la palabra recaudación de terceros y otra con la frase: estos valores no forman parte de los ingresos de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ).
Incluye dos pagos, el primero para el Cuerpo de Bomberos de Quito y por la tasa de recolección de basura y como beneficiario está la Empresa Metropolitana de Aseo. Consta además el RUC del beneficiario, fecha de emisión, cuenta contrato, cédula del usuario, su nombre, dirección del servicio y el valor por pagar.
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Para el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, la decisión del Gobierno Nacional de suspender el cobro de la tasa de recolección de basura en las planillas eléctricas es apresurada, unilateral y no respeta la seguridad jurídica.
En el caso de Quito, sostuvo, el convenio con la Empresa Eléctrica está vigente hasta diciembre. Además, desde agosto se solicitó su renovación y, como en otros temas, no se ha recibido respuesta.
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“Romper así este acuerdo afecta a la ciudad y su sostenibilidad financiera, aunque el servicio de recolección continuará funcionando con normalidad”, escribió en sus redes sociales.
A esta afectación, acotó, se suma la deuda de aproximadamente $ 140 millones que el Gobierno mantiene con Quito.
Si la medida, a la que calificó de política, no es revisada, la ciudad deberá implementar alternativas para garantizar la sostenibilidad del servicio.
Una de ellas, añadió, podría ser trasladar el cobro a la planilla de agua potable y, al existir menos abonados en este servicio, considerar un ajuste progresivo (no regresivo); es decir, que los grandes generadores de basura y residuos y los sectores con mayor capacidad de pago asuman un aporte mayor, protegiendo así a la mayoría de familias quiteñas.
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El funcionario se preguntó si tenía sentido abrir un frente adicional en este momento y de esta forma.
El servicio en la ciudad se mantendrá con normalidad, insistió, pero -puntualizó- que debe quedar claro el origen y quienes provoquen esta situación. (I)
