La próxima administración municipal de Pabel Muñoz, que entrará en funciones en mayo, deberá implementar un plan de regularización de las trabajadoras sexuales.

Daniela Valarezo, secretaria de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio de Quito, indicó que hubo una sentencia tras una acción de protección que fue interpuesta por tres dueños de hostales y por una representante de las trabajadoras.

Una de las principales disposiciones judiciales, dijo, es la de hacer un plan de intervención, en el centro histórico, que garantice el trabajo sexual en condiciones de higiene, salud, seguridad.

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Autoridades municipales participaron en una rueda de prensa en la que se mostraron imágenes de operativos en establecimientos en los que se ejecutarían trabajos sexuales. Foto: El Universo

La funcionaria puntualizó que, a pesar de que se ha buscado tener un acuerdo de convivencia con las trabajadoras sexuales, la labor que hace esa secretaría es la de efectuar los operativos de control a cargo del cabildo.

Agregó que se han clausurado locales que no cuentan con licencias de funcionamiento.

En una rueda de prensa se mostraron imágenes, en las que se vieron, por ejemplo, cuchillos.

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Añadió que el pasado 17 de marzo se clausuraron dos sitios, en el centro de la ciudad, por la presencia de armas blancas sin justificación, y que operaban en condiciones insalubres.

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Fernando Sánchez, secretario de Inclusión Social del Municipio, expresó que organizaron diez mesas técnicas con cuatro asociaciones y con vecinos para un acuerdo de convivencia, pero no hubo consenso en los horarios de la actividad.

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El funcionario citó un diagnóstico hecho por el Municipio, en el que se menciona que se encuestó a 278 mujeres, en diciembre del 2021, y el 85 % de ellas habría manifestado su deseo de capacitarse para dejar el trabajo sexual, pero tampoco hubo un acuerdo.

Valarezo agregó que hay una complejidad normativa porque el trabajo sexual no está reconocido en ninguna ordenanza ni en el Código del Trabajo como una actividad laboral, y mientras no haya una patente ni una facturación del Servicio de Rentas Internas (SRI), el Municipio no puede asignar una licencia de actividad económica.

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Sánchez agregó que el plan no lo ejecutarán y que la nueva administración, con la que se reunirán el próximo miércoles, será la que lo valore, retome o plantee.

Según Valarezo, el cabildo ya venía trabajando en garantizar espacios y seguirán haciendo controles.

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En el centro histórico se han hecho 45 operativos en 2022 y se han clausurado 15 sitios.

No hay un plazo de cumplimiento de la sentencia judicial y el Municipio apeló a esa decisión. (I)