Camilo S. Z., titular de una notaría en Quito, José Iván C. Z. y Richard Paúl C. T., quien supuestamente constaba como propietario de una empresa, son investigados por la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, debido al posible delito de falsificación y uso indebido de varios documentos.
En un operativo, en días recientes, ellos fueron capturados.
En la audiencia de formulación de cargos, Soria indicó que el caso surgió luego de un control disciplinario abierto por el Consejo de la Judicatura para el notario.
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Explicó que entre enero y agosto de 2022 en la notaría se procesaron 32 escrituras públicas, en las que constaba que habían sido elaboradas por una abogada.
Esto escaló a que la profesional del derecho presentara una denuncia ante el Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) e informó que los documentos jamás fueron firmados por ella.
La entidad judicial pidió una explicación al notario Camilo S. sobre esta actividad. Él habría emitido minutas, aunque con imprecisiones y sin firma, presuntamente enviadas desde los correos de una empresa cuyo representante sería Richard Paúl C. T.
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Desde la Judicatura se insistió nuevamente en el pedido al recordar la obligación de que las minutas deben contar con la firma de un profesional del derecho.
Ante ello, según la Fiscalía, el notario habría emitido un segundo informe en el que habría adjuntado copias físicas de minutas, presuntamente firmadas por otra profesional del derecho.
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Frente a ello, la Judicatura detectó aparentes irregularidades y abrió un sumario administrativo.
En la audiencia, la Fiscalía mencionó la versión que rindió dicha abogada. Ella aseguró que no conoce al notario Camilo C. Z. y que José Iván C. Z., mecanizador de la notaría, fue quien le habría pedido y proporcionado los insumos para elaborar y firmar las 32 minutas a cambio de $ 30 por cada una.
Tras la audiencia, un juez dispuso que los implicados tienen prohibición de salida del país y deberán presentarse periódicamente, una vez por semana, ante el juzgado que lleva el caso. La Fiscalía abrió el proceso de instrucción fiscal por 90 días.
Esta clase de delitos están tipificados en el artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con prisión de tres a cinco años por el uso indebido de datos oficiales de personas, sin su consentimiento. (I)
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