“No al traslado, déjenlo aquí”, “Colón, amigo, el pueblo está contigo”, entre otras frases, gritaba un grupo de 100 personas aproximadamente en rechazo al posible traslado de Colón Pico desde la cárcel de Riobamba hacia un centro de privación de libertad en Guayas.

Actualmente guarda prisión preventiva por presunto secuestro. El pasado sábado, 6 de enero, una jueza especializada en delitos de corrupción y crimen organizado determinó para alias Capitán Pico la orden de prisión preventiva y el inicio de una instrucción fiscal por el delito de secuestro ocurrido el 10 de julio de 2023 contra un ciudadano en el sector de la Ferroviaria, sur de Quito.

Sin embargo, su nombre tomó notoriedad pública después de que la fiscal general, Diana Salazar, señaló que el hombre de 44 años era uno de los que estaban detrás de la planificación de los atentados en su contra. “Ahora sí lo digo públicamente y que me vengan a asesinar”, dijo en la audiencia de vinculación de ocho personas dentro del caso Metástasis.

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Los manifestantes, con carteles y silbatos, se apostaron en la esquina de la avenida Orellana y 9 de Octubre, en los exteriores del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), en el norte de Quito.

Un video que se viralizó en redes sociales muestra al mismo Colón Pico diciendo que su vida corre peligro y que no todo lo que se ha dicho en su contra es real.

“Dejo en constancia este video. Si me llega a pasar algo, si me llegan a matar, hago responsable directamente al presidente y a esta señora, Diana Salazar, porque me están culpando de algo que yo no he hecho. Pueden averiguar todo, toda la ciudadanía, de favor les pido. Pueda que hayan hecho videos, que hablen lo peor de mí, pero eso es una mentira, eso es una patraña”, dice la grabación de este lunes, 8 de enero.

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Diego Javier Alisaguayo, abogado defensor de Colón Pico, dijo que en la audiencia en Guayas corre peligro la vida de su cliente; por ello, piden que se mantenga en la cárcel de Riobamba, provincia de Chimborazo, mientras dure la etapa de instrucción fiscal de 90 días dictada por la jueza que conoció el caso.

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“Prácticamente dicen que está por secuestro, pero todos sabemos que tanto Fiscalía como el Estado están en una cacería de brujas; están cogiendo a las personas que son y no son, y especialmente estamos haciendo un llamado de atención a Fiscalía y al propio Estado para que la vida de mi cliente no sea atentada”, enfatizó.

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Finalmente, agregó que su cliente estaba cumpliendo con las presentaciones dictadas por la ley y que no se quería escapar. (I)