Después del fallo de la Corte Provincial de Pichincha (del viernes 30 de julio) en la que rechazó la apelación a la acción de protección en favor de Jorge Yunda y dejó sin efecto el proceso de remoción en su contra, la procuradora Metropolitana, Gabriela Obando, ingresó un pedido de aclaración sobre la sentencia.

Desde la Procuraduría Metropolitana informaron que este pedido, con fecha miércoles 4 de agosto, se envió con el fin de aclarar el alcance del fallo en cuanto a la nulidad, si corresponde solo a la posesión de Santiago Guarderas como alcalde de Quito o también a lo actuado en esos once días.

Para que la decisión de la Corte Provincial inicie ejecutoría, es decir, quede en firme se requería el plazo de tres días laborables, hasta ayer, miércoles 4 de agosto de 2021. Sin embargo, con el ingreso de este recurso de aclaración, la Corte Provincial cuenta con cinco días laborables para emitir una respuesta.

Por su parte, Santiago Guarderas dijo que llama la atención que este fallo se dio antes de una vacancia judicial, con ello, los jueces no tomarán causas hasta volver de sus vacaciones.

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Junto a concejales de oposición esperan que se ejecute la sentencia para interponer una acción extraordinaria de protección. La misma enviaría el caso a la Corte Constitucional, ente máximo que podrá dirimir el enredo jurídico por la Alcaldía de Quito.

Por otro lado, existe una absolución de consulta del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) en el que se ratifica que no existió ninguna violación de forma en el proceso de remoción de Jorge Yunda, aprobado con 14 votos por el Concejo Metropolitano el pasado 3 de junio.

Según el constitucionalista Ismael Quintana, este recurso enviado por la procuradora extendería el plazo para que se ejecute la decisión de la Corte Provincial, pero, “al que menos le conviene que no se ejecute el fallo es a Jorge Yunda, eso quiere decir que si se dilata esto él no debería haber tomado posesión del cargo de alcalde y si estaría en firme lo decidido por el TCE”, puntualizó.

También dijo que este no era un tema del Municipio o Concejo de Quito, por lo que no debía interferir dicha Procuraduría, “me parece que está actuando (Gabriela Obando), más que como procuradora, como abogada de Jorge Yunda, aunque con esto le hace un flaco favor en contra”, añadió Quintana.

Con esto, existen dos sentencias que dejan a la ciudad de Quito con “dos alcaldes”. Ante la división en el Concejo y la paralización institucional varios gremios han iniciado una serie de convocatorias a marchas y plantones de protesta.

Hasta entonces, los concejales han pedido que sean las instituciones pertinentes las que solucionen esta disputa jurídica por la administración de la ciudad. (I)