El COVID-19 no solo tiene un impacto en los infectados, sino también en la economía doméstica de sus familias, que ante la falta de camas en el sector público se ven obligados a acudir a clínicas particulares.

Independientemente de que el paciente supere o no la enfermedad, a los familiares les emiten facturas que fácilmente superan los $ 50.000. El 21 de marzo pasado, la Defensoría del Pueblo remitió un escrito a una clínica particular de Cuenca porque no entregó un cadáver hasta que no le cancelaran la planilla.

Esta realidad se replica en esta y otras localidades del país en medio de una ocupación hospitalaria del sistema público, que está al tope por la cantidad de contagiados que llegan a diario.

Al miedo de contagiarse de coronavirus se suma otro: el de no conseguir un lugar en los hospitales públicos, porque, caso contrario, deberán ir a un centro privado, lo que significa adquirir una gran deuda.

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La familia de José Paute sobrevivió a este virus, pero aún no puede pagar los $ 82.000 que les cobraron por tener a su madre durante 45 días.

Él recuerda que cuando su madre empezó a saturar muy poco oxígeno la tomó entre sus brazos y, en medio de la desesperación, la llevó al hospital público Vicente Corral Moscoso; pero como no había lugares disponibles, acudió a una clínica.

Primero fue a una donde la estabilizaron, pero como no había espacio la llevaron a otra. Paute rememora con claridad ese día, porque lo primero que le dijeron era que recibirían a su madre siempre que depositara por adelantado $ 7.000.

Como no tenía ese dinero, sacó desesperadamente su tarjeta de crédito y canceló $ 5.000, porque ese era su cupo permitido. Pagó y la admitieron, pero con la advertencia de que no olvidara los $ 2.000 restantes, reseña.

Luego de un mes y medio, la cuenta final se elevó a $ 82.000, monto que para una familia de clase media —que en su mayoría gana el sueldo básico de $ 400— es imposible de solventar.

Por eso, dice Paute, acordaron con el director financiero de la casa de salud que les darían un terreno ubicado en la parroquia rural de Santana y que el resto sería en efectivo.

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Aunque hubo un pacto verbal y hasta dieron las escrituras, luego la clínica se hizo para atrás y no aceptó el terreno. Pocos días después los demandaron por los $ 82.000, sin descontar el primer abono que dieron al ingresar.

Hoy esta causa está en una disputa legal, y aunque la intención de la familia de la paciente es cancelar todo, exige que sea “lo justo”.

Galo Barros, yerno de la paciente, menciona que por esta situación en la casa se viven tres pandemias: la de salud, la económica y la psicológica, porque todos los días viven en la tensión de la demanda que les interpusieron los representantes de la clínica privada.

Por un tema similar, otra clínica particular de Cuenca impidió que una familia retirara el cadáver de un paciente hasta que le pagaran los $ 30.000 que costó la atención médica del infectado con COVID-19.

La delegada zonal de la Defensoría del Pueblo, Verónica Aguirre, informó que por este caso el 21 de marzo pasado plantearon una acción constitucional contra la clínica para que el cuerpo sea devuelto y tenga una digna sepultura. Con este escrito aceptaron devolver al fallecido y luego proceder con el cobro.

“Cuestiono este proceder, porque la salud no puede ser considerada como una mercancía, sino como un derecho”, expuso la funcionaria.

Frenar los altos costos que cobran las clínicas particulares depende de la voluntad política del Gobierno nacional, afirma el legislador azuayo Juan Cristóbal Lloret.

Uno, plantea, es reformar el Código de la Salud en la Asamblea Nacional; otro, emitir un decreto presidencial para establecer precios referenciales; y un tercero, que en medio de un estado de excepción el Gobierno se ponga a cargo de las clínicas particulares y estén momentáneamente al servicio de los ciudadanos, “reconociendo los costos que se puedan erogar en esas clínicas”.

El coordinador Zonal 6 del Ministerio de Salud Pública (MSP), Julio Molina, comenta que el organismo de control para estos casos es la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acces), y que en todo este tiempo “han motivado para que hagan estos controles”.

Sobre este tema, Luis Mario Tamayo, vocero de las clínicas privadas de Cuenca, responde que un paciente con coronavirus necesita ser atendido de una manera particular, porque requiere un sistema de antibióticos, anticoagulantes, antiinflamatorios y oxígeno.

Cuenta que a su clínica, Santa Inés, han arribado pacientes que usan este elemento de alto flujo con más de 100 litros por minuto, y ha tenido tratamientos que han durado entre 48 y 62 días.

En Cuenca, la ocupación de hospitales públicos y privados está al tope; casos de coronavirus van en aumento

Además, menciona que para entrar a las áreas de COVID-19 se requiere el uso de trajes especiales que cuestan $ 25. En el día, refiere, hay cuatro turnos, en que ingresan seis personas para dar los tratamientos, esto significa que solo por este rubro se desembolsan $ 600 diarios.

“¿Quién nos financia o quién nos regala? El Gobierno no tiene idea cuánto le cuesta tener tanto enfermo irresponsable”, asevera él.

Por eso insiste en que “la gente se conduele por los costos en la parte material, pero nadie se conduele por la vida de los que estamos día a día luchando para tratar los errores de mucha gente”.

Según el reporte del Ministerio de Salud Pública, en Azuay existen 18.879 casos confirmados de COVID-19, de los cuales 14.917 están en Cuenca.

Este lunes 3 de mayo, el ministro de Salud, Camilo Salinas, confirmó a través de su cuenta de Twitter que en Cuenca ya se registró un neonato infectado con la variante de Nueva York o B.1.526, cuya sintomatología es grave. (I)