La comisión creada por la Defensoría del Pueblo para investigar las protestas de octubre del 2019 concluyó que el Estado, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual y la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.

La llamada Comisión Especial para la Verdad y Justicia indicó que durante los días del paro nacional presuntamente se cometieron violaciones de derechos humanos, principalmente por integrantes de la Policía, contra la población.

La comisión hizo varias recomendaciones, entre ellas que el Estado deba remover obstáculos para judicializar las violaciones de los derechos humanos como la privación ilegal de la libertad, garantizar el derecho a la protesta, restituir a las víctimas en sus derechos o compensando por los perjuicios sufridos, y ofrecer disculpas públicas. (I)