La comisión creada por la Defensoría del Pueblo para investigar las protestas de octubre del 2019 concluyó que el Estado, a través de sus agentes, violentó gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual y la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia.