Plan Acción Tiburón, con objetivos pendientes desde 2006 y sin datos de capturas

Entre dos hombres, en algunos casos más, se descarga la pesca que llega cada madrugada a las playas de Manta. Desde pequeñas embarcaciones, los pescadores sacan especies grandes de atún, dorado, picudo, albacora, y también tiburones.“Aquí se sorprenden cuando se captura el tiburón, dicen pobre tiburoncito, pero hay tiburones que está permitida su captura. El tiburón rabón o el azul sí está permitida su comercialización, porque sí hay en stock”, comenta José Sornoza, presidente de la Asociación de Productores y Armadores Pesqueros de Manta.Y mientras los pescadores cuentan las piezas marinas que han caído en sus redes, a pocos metros media docena de inspectores llenan, con pluma y papel, las guías de movilización de las especies. “En Guayaquil, ¿quién recibe?”, le preguntaba la semana pasada una funcionaria de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros a un comerciante con un camión lleno de producto, y enseguida anotaba las respuestas asentando el talonario matriz sobre el capó del pesado vehículo.Las estadísticas de estos desembarcos, que permitirían conocer las cantidades de tiburones capturados, las especies más afectadas, los hábitats más críticos, no son públicas. Tampoco existe, como señala el Plan Acción Tiburón (Patec), creado en 2006, un sistema automatizado de datos desde su captura hasta su comercialización. “El Patec es un saludo a la bandera, no ha habido estudios claros”, afirma Gustavo Rodín, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y Medio Ambiente. Los registros de las capturas no constan digitalizados en los sitios oficiales del Ministerio de la Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y tampoco fueron proporcionados por el viceministerio como solicitó este Diario. La flota china que cercó Galápagos arrasa con el mar y evade regulaciones A esto se suma la reserva de las bitácoras, una especie de diario de pesca, que deben llenar a bordo y firmar los patrones de pesca de embarcaciones artesanales, semiindustriales e industriales. Ahí se debe incluir fecha, lugares, especies, pesos, volúmenes diarios y más datos de capturas.Los registros son claves para detectar la pesca ilegal, comparando, por ejemplo, la pesca reportada como incidental o fortuita, los permisos Cites dados y las cantidades exportadas. “Si esto no cuadra, en algún punto se está dando blanqueo de comercialización de tiburones. Qué pasa si tenemos 150 permisos Cites y 200 de exportación, esos datos no están al acceso”, indica Rodín.En cambio, el viceministro de Pesca, Andrés Arens, asegura que las bitácoras son de los armadores y que la información es para la autoridad : “La información tiene un nivel de protección según la misma norma que existe por protección de datos personales”.Los controles se vuelven más necesarios si se consideran las artes de pesca utilizadas, las temporadas de mayor presencia de tiburones y el mercado asiático que presiona el comercio de aletas para la preparación de sopas que pueden costar $ 200.En el país, hay flotas pesqueras que utilizan artes de pesca en las que fácilmente caen tiburones y el manejo o los controles pueden ser menores o casi nulos. “Un problema, y por lo tanto un reto para el país, es que los esquemas de manejo/gobernanza de las pesquerías son dispares. Lo que queremos decir es que hay pesquerías con sistemas de gestión muy fuertes, y pesquerías sin planes de acción ni mucho menos manejo”, comenta Pablo Guerrero, jefe del área pesquera de la organización ambiental WWF.De ahí, la importancia –señala WWF– de “hacer públicos los reportes sobre estadísticas de desembarco y de transparentar la información”. (I)Casi año y medio después del decomiso en Hong Kong de 26 toneladas de aletas de tiburón provenientes del Ecuador, el exportador de esa mercancía, contactado por este Diario, dijo que prestó su nombre para la exportación, la más grande incautada en la historia en ese país asiático, y que desconocía su contenido real.“Yo no tuve nada que ver en el asunto, simplemente fue el mal uso y manejo. Yo representaba solamente con mi nombre”, afirmó Joel Ramírez Espinoza, guayaquileño de 35 años y con conocimientos en mantenimiento de equipos inf ormáticos.Ramírez consta como exportador y tiene Registro Único de Contribuyente (RUC) suspendido desde febrero de este año. En el Servicio de Rentas Internas (SRI) figuraba autorizado para el procesamiento de especias y condimentos como laurel, tomillo, cilantro, comino, canela.Actualmente, contó Ramírez, ya no ejerce como exportador y es su padre, Eduardo Ramírez, quien ha asumido su representación. Él aseguró que engañaron a su hijo.Su padre agregó que la exportación se dio vía marítima, “porque supuestamente era otro producto, era pescado seco. Estaba autorizado por la aduana, como era producto seco solo necesitaba esa autorización”.¿Quién le engañó? El padre de Joel no mencionó a la empresa mantense Fish Choez & Villegas, investigada por la Fiscalía, sino que aseguró que los engañaron los extranjeros que compraron la mercancía. “Fueron los compradores que estaban aquí a cargo de la compra del producto, ellos se encargaron de hacer toda la operación, y salió”, contó.A Joel Ramírez, el ministerio de la Producción le sometió a un proceso administrativo, que se desarrolló en conferencias virtuales debido a la pandemia, y le aplicó una multa de $ 3870, sin embargo, contó su padre, aún no la paga, porque -señaló- no hay tenido los medios económicos.Pese a que recalca que su hijo fue engañado, Eduardo Ramírez indicó que no han puesto denuncia ante la Fiscalía. La Fiscalía, indicó, no los llamado a rendir testimonio en este caso. “En primer lugar la fiscalía está ocupada en otras cosas, y en segundo lugar, porque estas personas de acá aparecen y desaparecen”, dijo al referirse a los compradores de la mercancía enviada a Hong Kong.“Ahorita están acá porque está legalizada la pesca de pepino de mar y mis contactos me dijeron que ya los vieron aquí. Estamos haciendo unas investigaciones internas, esas personas han regresado y las estamos buscando”, agregó el padre de Joel.Sin embargo, no quiso dar los nombres de los compradores. “Los chinos usan nombres nacionales, pero los nombres reales son otros”, dijo y mencionó que sus actividades se concentran en Guayaquil, “pero este proceso fue hecho en Manta”. (I)Un laboratorio que permitiría analizar restos de tiburones, producto de la pesca ilegal –para identificar la especie a la que pertenece y endurecer las sanciones contra los depredadores–, se encuentra cerrado y sin uso por falta de insumos desde el año pasado, informó el viceministro de Acuacultura y Pesca, Andrés Arens.“En este momento por falta de insumos no está 100 % operativo, nuestra idea es repotenciarlo para ponerlo 100 % operativo. Es un laboratorio de ADN con máquinas para hacer análisis”, dijo Arens.El laboratorio se inauguró en enero del 2018 y se equipó con recursos de organismos internacionales, entre ellos Usaid y WWF. El costo de algunas máquinas bordea los $ 200.000. “Son laboratorios de buenas tecnologías, con costo elevado”, remarcó Arens. (I)

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