La audiencia de juzgamiento contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y trece personas más por el presunto delito de peculado en la adquisición de pruebas PCR para detectar coronavirus, inició este miércoles 29 de septiembre, en el piso 11 del Complejo Judicial Norte, en Quito.

El pasado 30 de abril del 2021, y luego de analizar los elementos de cargo y de descargo, según Fiscalía, Vladimir Jhayya Flor, quien es el presidente de la Corte Provincial de Pichincha, consideró que había méritos suficientes para llamar a juicio a Yunda y a las otras personas.

El tribunal que está encargado del caso lo integran Wilson Lema, Fabián Fabara y Patlova Guerra, jueces de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia.

De acuerdo con la Fiscalía, la Secretaría de Salud del Municipio de Quito contrató con la empresa Salumed S. A. la adquisición de 100.000 pruebas PCR para la detección de COVID-19 por polimerasa a un costo de $ 4,2 millones, pero en lugar de esos test se habrían recibido pruebas de diagnóstico RT LAMP, cuya capacidad de detección del virus sería menor que la requerida en el contrato.

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Entre los procesados, además de Yunda, están Lenín Mantilla, exsecretario de Salud del Municipio de Quito; Ximena Abarca, actual secretaria de Salud; Linda Guamán, quien formó parte de esa entidad local; Juan Vinelli, quien era representante de esa empresa.

“No habrían cumplido con las especificaciones técnicas solicitadas y, aún así, fueron aceptadas por la Secretaría de Salud”, aseguró la Fiscalía.

Además, habrían escogido a la empresa, a pesar de que tenían otras propuestas que ofrecían cubrir los requerimientos, acotó la entidad.

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“Tanto el alcalde como las responsables de la Secretaría de Salud del Municipio habrían intentado obtener la validación de las mismas en algunas entidades públicas y privadas, y las siguieron usando pese a que varios informes señalaban que su sensibilidad y especificidad para detectar el virus no eran las requeridas”, sostuvo la Fiscalía.

Además, la Secretaría de Salud habría tomado la decisión de terminar el contrato por mutuo acuerdo y no de manera unilateral, con conocimiento de Yunda.

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Antes de que empezara la audiencia, Yunda aseguró, en breves declaraciones, que no han cometido ningún delito de peculado, sino que lo que hicieron fue “salvar a esta ciudad” y que brillará la justicia. Luego se retiró.

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En su alegato de apertura, para Fiscalía la firma del contrato de emergencia para la adquisición de pruebas PCR por el Municipio de Quito habría ocasionado un perjuicio de $ 2′235.491,16 al Estado.

Linda Guamán, una de las procesadas, sostuvo que, independientemente del resultado, no se arrepiente de haber puesto sus conocimientos a favor de la ciudad.

Una de sus abogadas sostuvo que tienen unos 200 elementos probatorios y que ella no es responsable de ningún tipo de peculado.

Fiscalía estableció tres tipos de responsabilidad dentro de su investigación, así Yunda fue autor mediato del presunto delito conforme al artículo 42, numeral 2, literal b del Código Orgánico Integral Penal (COIP); en tanto que Mantilla y Vinelli, autores directos, de conformidad con ese artículo, numeral 1, literal a; y las once personas restantes, coautoras, de conformidad con ese mismo artículo, numeral 3.

La autoría mediata, de acuerdo a ese literal del COIP, se establece para quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

La autoría directa se aplica para quienes cometan la infracción de una manera directa e inmediata.

En tanto que la coautoría se relaciona para quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción.

A criterio de Marcelo Icaza, abogado de Yunda, va a ser imposible para Fiscalia demostrar que Jorge Yunda tuvo algún grado de participación.

“Fiscalía indica que conoció y vamos a hablar de que el conocer genera algún tipo de acción, pensamos que no. Jorge Yunda delegó este proceso contractual a la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito pero sin perjuicio de eso, las pruebas, cumplieron con su objeto de diagnóstico y es más, son PCR y de mejor calidad”, señaló Icaza, en declaraciones a la prensa.

El peculado se sanciona con penas de cinco a trece años de privación de la libertad.