Una vez que la Corte Constitucional ha admitido a trámite la demanda de Paola Roldán para declarar la inconstitucionalidad condicionada del artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y tener lo que ella considera una muerte digna, el juez ponente Enrique Herrería recibe escritos de apoyo al caso.

Con esta acción, la mujer de 42 años, que desde hace tres fue diagnosticada de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), un mal neuromotor que degenera paulatinamente los músculos del cuerpo de las personas e impide controlar el movimiento de todas las extremidades, ha puesto en debate la despenalización de la eutanasia.

Y es que el artículo en cuestión se refiere al homicidio y establece una sanción para la persona que mate a otra con pena privativa de libertad de 10 a 13 años.

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Paola Roldán, ecuatoriana de 42 años que sufre rara enfermedad, plantea abrir debate a la eutanasia

Esto, según los abogados de Roldán, quien depende de un alimentador artificial de oxígeno durante las 24 horas, cierra la posibilidad de recibir asistencia médica para la eutanasia y la posibilidad de que alguien opte por esta alternativa. En Ecuador esta figura no es legal.

¿En qué consiste el trámite en la Corte Constitucional?

Aldrin Gómez, abogado constitucionalista, explica que en la demanda admitida consta un pedido de trato prioritario, ya que por norma general las causas en la Corte Constitucional se resuelven en orden cronológico, es decir, conforme llegan a dicha instancia.

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De ahí que generalmente la Corte resuelve en un lapso de entre 3 y 5 años las acciones de inconstitucionalidad, dice él.

Ya admitido a trámite el caso de Paola Roldán, señala Gómez, el juez ponente tiene que elevar al pleno esa petición de trato prioritario con un informe en el que consten las razones por las cuales se pide saltar el orden cronológico para conocimiento de esa causa. Esto debe ser aprobado.

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Luego de aprobarse el trato prioritario y con la causa ya sorteada viene un término de diez días para la intervención del órgano emisor de la disposición demandada, en este caso, la Asamblea Nacional; y el Ejecutivo, como colegislador.

“Ya sea defendiendo la constitucionalidad de la norma o pues allanándose a la demanda de inconstitucionalidad”, refiere Gómez, quien fue asesor de Hernán Salgado Pesantes, expresidente de la Corte Constitucional.

Luego el juez que tramita el caso puede requerir cualquier información adicional, entre la que consta informes médicos, al estar la causa relacionada con las ciencias de la salud.

Posteriormente corresponde el llamado a audiencia en la que participarán el accionante (quien presentó la demanda), los demandados: Asamblea Nacional, presidente de la República y la Procuraduría General del Estado.

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La audiencia puede ser convocada hasta cinco días después de haber vencido el término para recabar la información.

“En esta audiencia los jueces, todos quienes deseen estar en la audiencia, puede ser solo el ponente o puede ser una audiencia de pleno, se escucha a los intervinientes tanto accionantes como demandados, y luego de la audiencia los diferentes jueces pueden poner a conocimiento del juez ponente criterios distintos para que este pueda elaborar su proyecto de sentencia”, menciona Aldrin Gómez.

Ese proyecto de sentencia del juez ponente debe ser presentado al pleno de la Corte Constitucional y luego de una deliberación se aprueba.

“En el caso de que fuera aceptada la demanda, pues, deberá declararse la inconstitucionalidad condicionada de la norma. Es decir, establecer ciertos parámetros o requisitos en los cuales se entiende que la norma impugnada o acusada es inconstitucional. Y lo que yo entiende es que la pretensión de la demanda es que se la interprete en el sentido de quienes asistan a la eutanasia o a una muerte a las personas que cumpliendo los requisitos así lo requieran, no van a ser penadas conforme al Código Orgánico Integral Penal”, expresa el jurista.

De acuerdo con su experiencia, Aldrin Gómez señala que los términos y plazos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no se cumplen necesariamente, porque las realidades de las causas son distintas.

Para los médicos representa una situación ‘extremadamente compleja’ el tomar la decisión: el lado médico de la eutanasia en Ecuador

El especialista en derecho constitucional estima que en el caso de Paola Roldán hay dos escenarios: que se le dé el trato prioritario y que la Corte resuelva la causa entre seis y nueve meses o que bajo la misma perspectiva el trámite tome de dos a tres años.

“Entiendo que hay bastante, como le digo, presión de la opinión pública. Sabemos que esta Corte no se deja presionar mucho, pero de mi experiencia debo decirle que este tipo de temas son temas que le apasionan a la Corte y seguramente lo van a resolver pronto”, manifestó el jurista.

André Benavides, abogado constitucionalista, coincide en que los periodos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional no siempre se cumplen debido a la carga procesal que tiene la Corte.

“Y por eso hay demandas que ha pasado mucho tiempo y todavía no se tiene una sentencia por parte de la Corte Constitucional. Esto tiene que ver con la carga procesal que tiene la Corte, lo que ha dicho la Corte Constitucional respecto de esa demora es que ellos resuelven en función del orden cronológico y la carga procesal”, refiere el jurista.

No obstante, este caso de acuerdo con el auto de admisión de la demanda de Paola Roldán se conocerá con trato prioritario.

Después de la audiencia, dice, el juez ponente tiene 15 días para presentar el proyecto de sentencia. Luego de aquello hay un término de 5 días para que el resto de jueces expongan sus observaciones. Y transcurridos diez días de esto último se somete a votación.

Todos estos tiempos en cuanto al procedimiento constan entre los artículos 85 y 90 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. (I)