En 60 días podría haber una resolución en la Universidad Central del Ecuador luego que en un examen de recuperación se identificó una modalidad de fraude académico inédita en la Facultad de Ciencias Médicas.
El informe de detección de fraude académico y medidas de contingencia aplicadas en el examen de recuperación 2025-2026, asignatura de Farmacología Básica I y II, mencionó que no fueron casos aislados, sino una especie de operación coordinada que incluyó una red de comunicación inalámbrica.
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El documento universitario identificó a once alumnos en flagrancia de fraude académico, a quienes en ese momento se les procedió a la suspensión inmediata de su examen y calificación de cero.
Dentro de las pruebas recabadas, en el texto de 16 hojas, se adjuntaron catorce fotografías en las que se ven, entre otras imágenes, a personas con dispositivos adheridos al cuerpo, así como teléfonos celulares y cables.
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Denuncia por requisas invasivas
Una Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios estudiará no solo ese evento, sino también otro que habría sucedido en el mismo escenario relacionado con dos alumnas, quienes presentaron una denuncia ante el rectorado de la Universidad Central sobre presuntas requisas físicas invasivas bajo el argumento de buscar dispositivos de copia.
Internamente se activó un protocolo de violencia sexual por parte de la Dirección de Bienestar Universitario.
El caso escaló al ámbito judicial, pues la Fiscalía General del Estado inició de oficio una investigación previa por el presunto delito de abuso sexual en el ámbito educativo.
Proceso disciplinario y consecuencias
Juan Emilio Ocampo, decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, sostuvo que en esa institución de educación superior existe una Comisión Especial de Asuntos Disciplinarios que se encarga de analizar las faltas muy graves o graves.
Mencionó que, para terminar todo el proceso, desde que se inicia el tratamiento hay un plazo de dos meses.
Agregó que se realiza un sumario administrativo y el procedimiento incluye una especie de juzgado, pues debe haber una convocatoria con abogados, dar una versión y presentar pruebas.
Por lo que los once estudiantes podrán matricularse de manera normal para el nuevo periodo académico y seguir en otras asignaturas, aunque no en la materia en la que hubo el presunto fraude académico, hasta que haya una resolución.
Ese hecho es considerado una falta muy grave que incluso podría llegar a la separación definitiva de la institución. Ocampo recordó que aquello ocurrió con un docente que desde su usuario aparentemente benefició a estudiantes con el cambio de su nota también en un examen de suspensión, pero en el sistema informático.
Mientras que la Comisión Especial recomienda, el Consejo Universitario, que es la máxima instancia y que lo integran alrededor de 60 personas, es el organismo definitivo, tal como lo hizo en el último caso, en el que se decidió separar definitivamente a los alumnos y al profesor. (I)