La Fiscalía General del Estado anunció que presentó por escrito la apelación al sobreseimiento dictado por el juez penal Geovanny Freire a favor del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo Bucaram Pulley y dos personas más, dentro del caso de pruebas rápidas para detectar coronavirus.

Ese fallo fue emitido oralmente por el juez Freire la noche del lunes 4 de octubre, y aunque en la reinstalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio Fiscalía anunció su inconformidad, entregó el documento la tarde de este martes 5 de octubre, aunque no se dieron detalles del texto.

Para Fiscalía hubo una presunta delincuencia organizada en la comercialización de 21.000 pruebas rápidas para diagnosticar COVID-19, en la que estarían involucrados Bucaram Ortiz, su hijo Jacobo y cinco personas más.

Según el juez Freire, los Bucaram, junto con otras dos personas, fueron compradores de pruebas rápidas de manera privada, las cuales fueron importadas de manera legal.

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Argumentó además que tampoco se puede establecer criminalidad sobre el almacenaje de dichas pruebas en relación con el exmandatario; y acerca de Jacobo Bucaram, señaló que adquirió esos test sin que le entregaran eventualmente la totalidad de ellos.

Sostuvo que esas pruebas no fueron negociadas en hospitales públicos.

Proceso por delincuencia organizada llega a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio

Las supuestas irregularidades, según Fiscalía, se habrían dado entre marzo y junio de 2020, pero las actividades ejercidas por los procesados para intentar dar legitimidad a sus acciones se extendieron hasta el mes de octubre.

Según el dictamen acusatorio, durante ese tiempo se conformó una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos, movilizando incluso bienes y servidores públicos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

El juez llamó a juicio a Oren Sh., Leandro B. e Isabel P., quien actualmente está prófuga.

El sobreseimiento a favor de los Bucaram incluye a Bryan P. y Verónica A. Para ellos, el juez ordenó que se revoquen las medidas cautelares en su contra.

La fiscal Lidia Sarabia, en declaraciones para Teleamazonas, aseguró que cuentan con videos, un testimonio anticipado y que hubo pago en efectivo que no se refleja en el sistema financiero.

Con la apelación presentada por Fiscalía, el caso pasará a la Corte Provincial de Pichincha.