Declaro bajo juramento no tener directa o indirectamente bienes o capitales en países o jurisdicciones considerados como paraísos fiscales”.

Así consta en la declaración patrimonial jurada de inicio de gestión del alcalde de Quito, Santiago Guarderas, en la página web de la Contraloría General del Estado, este lunes 14 de febrero del 2022. La información es de acceso público. Está fechada el 19 de julio del 2021.

Según la página web de la Superintendencia de Compañías, igualmente de este lunes, Guarderas es accionista actual en Coppa & Pi Inmobiliaria S. A., que se encuentra activa y es accionista en la sociedad extranjera Quevedo & Ponce Incorporated, de nacionalidad panameña.

De acuerdo a un listado del Servicio de Rentas Internas (SRI), Panamá es un paraíso fiscal.

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Guarderas ha preferido mantener silencio sobre denuncias presentadas en su contra, la semana pasada, por Alejandro Rodas, abogado y docente universitario, en la Contraloría General del Estado y en la Fiscalía de Pichincha.

Para Rodas, Guarderas incumple la ley de la consulta popular de febrero de 2017, que estableció que cualquier persona que tenga intención de representar a través de elecciones debe cumplir el requisito de no tener acciones ni ser socio en países que para Ecuador son paraísos fiscales.

El 2 de febrero del 2022, según contó Rodas, en la Contraloría denunció una presunta inobservancia legal del alcalde, debido a que es la entidad que debe hacer un examen especial; y en la Fiscalía de Pichincha, el pasado miércoles 9, denunció un posible delito de perjurio.

Rodas aseguró que Guarderas es socio del estudio jurídico Quevedo & Ponce y de una compañía dedicada a temas inmobiliarios en Panamá, que fue creada desde la década de los años noventa por ese grupo de abogados.

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Este Diario solicitó una versión de Guarderas ante las denuncias de Rodas. Sin más detalles, el Municipio de Quito respondió —este lunes— que el alcalde no se va a pronunciar.

Un oficio de la Contraloría General del Estado, posteado por Rodas en su cuenta de Twitter, mencionó que se ejecutará un examen especial para determinar la existencia de la infracción y la responsabilidad de Santiago Guarderas por haberse posesionado en el cargo de alcalde de Quito presuntamente teniendo bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales. (I)