Grace Troya esperó un bus en la parroquia de Pifo, en el nororiente de Quito, desde las 06:00 del martes. Tenía una cita de cardiología en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. “Los taxis cobran muy caro, por eso espero que los buses salgan a trabajar, me toca esperar y perder el turno”, añadió. Sin embargo, su hija se acercó a un taxi y llegaron a un acuerdo. Este les iba a acercar a un punto donde supuestamente sí había buses, tenían que subirse con dos personas más y pagar dos dólares cada uno.

Los buses de las parroquias rurales no se unieron a la suspensión del servicio, pero no trabajaron por no contar con las condiciones seguras para realizar sus operaciones, por amenazas de los colegas de otras operadoras y hasta ataques con piedras a las unidades.

La realidad de Grace Troya y su hija la viven miles de habitantes de Quito, que soportan ya dos días de una crisis de transporte. Son 35 operadoras de 65 las que decidieron suspender sus actividades por falta de recursos en su servicio, según sus directivos. Este grupo de transportistas pertenece a la Cámara de Transporte Público Masivo de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. Su presidente es José Santamaría y vicepresidente, Hernán Zambrano.

Según información de la Secretaría de Movilidad, en Quito existen 65 operadoras que brindan el servicio de transporte en el Distrito Metropolitano de Quito. En total son 3.082 buses. Sin embargo, 30 operadoras no se sumaron a la suspensión de actividades y decidieron salir a trabajar.

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Estas unidades son las que recibieron los ataques en distintos puntos de la capital y en zonas de la periferia. Un bus de la cooperativa de transporte de pasajeros Yaruquí recibió un ataque con piedras en el ingreso a la parroquia de Pifo, según declaró el presidente de esa operadora, Galo Trujillo, quien también denunció que el Valle de Tumbaco no contó con el servicio por no contar con las condiciones de seguridad necesarias.

A estas operadoras se le suman las 217 unidades que pertenecen de manera directa al Municipio de Quito, entre unidades del Trole, articulados y biarticulados.

Es decir, en total existen 3.299 unidades de transporte en el Distrito Metropolitano de Quito, entre operadoras privadas y la municipalidad. El 6,55% pertenece directamente al cabildo.

Así, del gran total de unidades que brindan servicio a la capital, el 64% no habría laborado entre lunes y martes. No se cuentan en este total aquellos buses de las 30 cooperativas que no se sumaron a la suspensión de labores, pero que pararon por temor a los ataques.

Para Carlos Poveda, gerente de la Empresa de Pasajeros del Municipio de Quito, 2.000 buses convencionales no salieron a operar, por lo que fueron dispuestas 30 unidades adicionales del Municipio a las que operan diariamente.

Se debe tomar en cuenta que las unidades del cabildo tienen mayor capacidad de traslado de usuarios. Según la empresa de pasajeros, el lunes 10 de mayo transportaron a 300.000 usuarios, 30% más de lo normal.

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El secretario de Movilidad, Guillermo Abad, mencionó a EL UNIVERSO que existen dos acciones de término jurídico: las penales y administrativas. En el ámbito penal informó que han solicitado a la Fiscalía la recopilación de las diferentes agresiones de las que fueron víctimas las unidades y se ha iniciado la denuncia por varios delitos, desde la paralización del servicio de transporte a la ciudadanía hasta las agresiones que recibieron los buses.

En el ámbito administrativo dijo que se deben presentar las respectivas pruebas de cargo de los denunciantes y de descargo por parte de los denunciados, “es un mini juicio, hoy se iniciaron estos procesos administrativos sancionatorios que se encuentran en las facultades de la Secretaría de Movilidad”.

Además, hizo un llamado a las autoridades nacionales. “Hay que recordar que existe un decreto con un estado de excepción, que no se active la Policía de manera más efectiva es prácticamente soslayar un decreto ejecutivo en donde al estado de excepción se está haciendo de menos”, añadió Abad.

El gremio de transportistas pide que la asignación de rutas se delegue directamente a las operadoras y no por concurso público. A más de rechazar la demora en el aumento de tarifa en el cobro de pasaje. Este Diario solicitó la versión del presidente de la Cámara de Transporte, sin éxito.

Guillermo Abad agregó que no van a ceder a los pedidos de aumento de una tarifa sin cumplir con los parámetros de calidad, tampoco van a conceder el concurso de rutas y frecuencias porque es parte de una norma jurídica. “Estos dos puntos no son negociables, personalmente mientras sea secretario de Movilidad no voy a claudicar en esto. Lo que sí se podrá analizar son los términos del proceso y del concurso”, puntualizó el secretario de Movilidad.

Mientras tanto, los usuarios siguen improvisando los medios de transporte para llegar a sus destinos. (I)