En foros y grupos de redes sociales, ecuatorianos buscan información sobre cómo migrar hacia Estados Unidos. En esas plataformas se enteran de supuestos servicios para tramitar la visa mexicana o las formas para llegar a la tierra del denominado ‘sueño americano’. “Sin visa no podrás ingresar al territorio mexicano”, se lee en una publicación que hace referencia al cambio de la política migratoria de ese país para los ciudadanos de Ecuador, ante el flujo inusual de compatriotas en los últimos meses.

Según el Ministerio de Gobierno de Ecuador, 39.956 personas viajaron a México en 2017. Mientras que de enero a julio del 2021, 88.696 ecuatorianos partieron hacia esa nación. En ese periodo solo retornaron 34.331 personas.

En otra publicación de Facebook se lee: “Tenemos ruta de Tijuana a Eua, para Cruze y de entrega para refugiado, si aún estás en tu país y quieres llegar a México igual podemos ayudarte, manda mensaje para más información (sic.)”. En ese mismo posteo un hombre pregunta si aún reciben menores no acompañados para llevarlos a Estados Unidos.

Una historia marcada por la difícil economía

La falta de empleo adecuado lleva a muchos ecuatorianos a tomar la decisión de migrar. Archivo.

William Murillo, director Ejecutivo de 1800MIGRANTE.COM, una organización de servicios legales, indica que esta nueva ola migratoria tiene similares variables a la ocurrida a finales de los años 90.

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“El impacto que tuvimos en el 98 con la debacle económica y eso permitió que se vayan a España y a Estados Unidos, tuvimos un éxodo de más de dos millones de ecuatorianos. Ahora no es tanto, (pero) lo que estamos mirando son números altos, aunque no llegamos a los 200.000 ecuatorianos en estos dos años”, refiere Murillo. En 1999 acaeció el pasaje conocido como Feriado Bancario que fraccionó familias que hasta ahora viven separadas, en muchos casos.

El experto en temas migratorios explica que este fenómeno tomó fuerza desde el 2018 cuando México decidió retirar el requisito de visado a los ecuatorianos, y que se agudizó con la difícil situación económica que arrastra el país por la caída del petróleo y otros factores relacionados con la toma de decisiones. Luego el país sudamericano fue golpeado por los efectos del COVID-19, en 2020, año en que curiosamente los números de viajeros no bajaron a los niveles consignados antes del año en que se liberó el ingreso a ese país.

“Están los temas de inestabilidad política, de corrupción, el económico. Todos estos temas forman una especie de fundación para poder tomar una decisión de migrar. Si hablamos del tema político, por ejemplo, se mira que los líderes nacionales, seccionales violentan las leyes y no les pasa nada. Es así que usted se pone un negocio, le roban y al ladrón no le pasa nada. Entonces esa clase de inseguridad, al menos en las áreas rurales, no se diga en las ciudades, en donde la criminalidad es mucho más acentuada. El COVID-19 también mucho tuvo que ver, la caída de la economía, cierre de empresas”, analiza Murillo.

Con la imposición de la visa, Murillo cree que el flujo de migrantes bajará. Sin embargo, él teme que los viajeros opten por alternativas mucho más riesgosas.

La prensa mexicana ha registrado en decenas de ocasiones el fatal desenlace de ecuatorianos que han perecido en el desierto o que han sido víctimas de organizaciones criminales.

Otros, en cambio, tienen un final distinto. A mediados de julio pasado, la organización 1800MIGRANTE.COM reportó que 54.543 ecuatorianos habían sido detenidos o deportados en la frontera de EE. UU. durante este año. Esa cifra representó un 400 % de aumento con relación al 2020.

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¿Qué se puede hacer?

Eduardo Baldeón, colaborador de la Fundación del Migrante, cree que las autoridades actuales deben considerar estrategias distintas a las de gobiernos pasados para atender a las poblaciones de las zonas del país con mayor incidencia migratoria.

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“Hay que diseñar una estrategia que no ha existido en otros años, que pasa por declarar a los territorios de migrantes zonas de desarrollo económico especial. Hay que promover una atención especial por parte del Estado para concentrar ahí recursos y políticas que permitan generar condiciones de desarrollo”, detalla el activista por la defensa de los derechos de los migrantes, quien considera que las campañas de comunicación de anteriores gobiernos no han tenido el impacto esperado.

Portada del trabajo elaborado por la organización Alianza Migrante. Cortesía.

Desde asociaciones, oenegés e iniciativas proderechos de los migrantes se ha elaborado un documento en el que se reseña la problemática de la migración de ecuatorianos, destaca Baldeón. En el texto también se incluyen propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH), aprobada en el gobierno de Rafael Correa.

Por ejemplo, en el documento se menciona la eliminación del plazo establecido para solicitar el acceso a beneficios.

“El art. 41 de la Ley Reformatoria de la LOMH dispone que ‘las personas ecuatorianas retornadas podrán solicitar los beneficios hasta treinta y seis meses después de su regreso al territorio nacional’. Esta norma afecta de manera grave los derechos de las personas retornadas. A lo largo de este documento ha quedado en evidencia la ausencia de planes que garanticen los derechos de las personas retornadas. Durante el periodo de gobierno 2017-2021 no hemos accedido a beneficios porque no los hay. Tal como está redactada la norma, se anula la posibilidad de acceder a beneficios futuros”, se detalla en la página 31.

“El documento lo hemos elaborado para presentarlo al nuevo gobierno y también a la Asamblea”, indica Baldeón. (I)