Ecuador deportó a más de 700 presos colombianos entre la noche del viernes 25 y la madrugada de este sábado, 26 de julio, a través del puente internacional Rumichaca, en la provincia de Carchi.
La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa, responde a la crisis carcelaria y al contexto de “guerra interna” contra el crimen organizado. Sin embargo, la acción desató una controversia diplomática, ya que Colombia presentó una nota de protesta en la que alegó la falta de coordinación.
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Byron San Miguel, experto en seguridad, respaldó la decisión del Gobierno: “¿Por qué tenemos que estar alimentando a delincuentes colombianos? Hay que seguir a entregarles al Gobierno, porque nuestras cárceles no aguantan un preso más”.
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El operativo enfrentó retrasos debido a la aparente descoordinación con las autoridades colombianas. Desde varios centros penitenciarios ecuatorianos 25 buses trasladaron a los reos. De la cárcel El Rodeo, en Manabí, salieron catorce.
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En la frontera, la Policía de Nariño y el Instituto Nacional de Prisiones de Colombia (Inpec) revisaron los antecedentes de cada deportado. Aquellos sin cargos pendientes en Colombia fueron liberados, mientras que los requeridos por la justicia quedaron bajo custodia para ser trasladados a prisiones, como la de Ipiales.
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San Miguel aplaudió la decisión de Noboa, pero señaló deficiencias en la cooperación bilateral. “El presidente de Colombia no quiere recibirlos ni encarcelarlos”, afirmó, refiriéndose a Gustavo Petro.
Según San Miguel, los deportados, ya identificados por inteligencia ecuatoriana, evitarán regresar al país, donde enfrentarían captura inmediata. Propuso reforzar la frontera para prevenir el retorno de estos individuos. “Ningún delincuente tonto volverá donde está fichado”, aseguró.
San Miguel enfatizó que la solución radica en controles fronterizos más rigurosos. “Con drones, inteligencia y militares podemos evitar que regresen”, agregó.
Por su parte, Marcos Loayza, exmilitar ecuatoriano y consultor en seguridad, ofreció una perspectiva crítica sobre las deportaciones. “La medida alivia la presión en las cárceles, pero sin controles estrictos estos criminales podrían reingresar por pasos informales”, advirtió.
Loayza instó al Gobierno a invertir en inteligencia y tecnología para monitorear las fronteras. Además, cuestionó la falta de acuerdos bilaterales sólidos.
“Ecuador no puede asumir solo el costo del crimen transnacional. Colombia debe actuar con firmeza”, expresó.
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Subrayó en la urgencia de una estrategia conjunta para abordar el narcoterrorismo y la delincuencia transfronteriza.
La Cancillería ecuatoriana insistió en que la acción busca descongestionar las cárceles saturadas. (I)