El pasado 21 de agosto, la primera sesión del Comité Nacional de Salud Pública en el Hospital Eugenio Espejo, en Quito, marcó un hito en la crisis hospitalaria que vive el país.
Ministros de Estado y funcionarios de instituciones estatales informaron que emprenderán marcha en los objetivos del Decreto Ejecutivo n.º 108, creado por el presidente Daniel Noboa, que está relacionado con la compra centralizada de medicamentos.
En esta reunión, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, anunció que $ 60 millones serán asignados a hospitales, pero no utilizados, regresarán a la planta central para agilizar la compra de medicinas.
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Sin embargo, el problema persiste y parece no tener fin. Sueldos impagos por más de ocho meses al personal de seguridad y limpieza de los hospitales, medicina sin entregarse a pacientes con enfermedades raras y un presupuesto que sigue como promesa, es el panorama que vive el sector público en Ecuador.
Edwin Gavilanes, director de la fundación Ariel Chicho Gavilanes Distrofia Muscular Duchenne, describió el sentir de los padres de familia que se reunieron frente al Palacio de Carondelet, durante la mañana del lunes 8 de septiembre, para reclamar la falta de compromiso del IESS en la entrega de la medicina Translarna, fármaco que actúa como tratamiento de la enfermedad, mas no como cura.
Esta patología es degenerativa y actúa con mayor evolución en niños de sexo masculino.
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“Soy padre de un paciente diagnosticado con esta enfermedad y, lamentablemente, hace 10 meses atrás el Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín, su gerente, Maribel López, y su director médico, Henry Gaibor, están en incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, o sea, en delito de desacato, al no entregar el medicamento”, apuntó Gavilanes.
Diez pacientes que sufren esta distrofia son los que hoy pelean por el tratamiento, que es costoso en el exterior y que no lo puede reemplazar ningún otro fármaco.
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No obstante, el director de la fundación mencionó que en el IESS lo que buscan es traer un medicamento de la India que no tiene el mismo impacto y que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) prohibió su comercialización en el país.
“Yo le dije directamente a la directora de atención ciudadana de la Presidencia de la República: ‘Si es que mi hijo llega a fallecer en estos días, yo traeré el cuerpo de mi hijo presente y lo velaré por una hora en rechazo de lo que está sucediendo en el sistema de salud pública’”, mencionó.
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La realidad no es tan diferente en el Hospital Docente de Calderón, en el norte de Quito, donde el personal de limpieza y de seguridad realizó un plantón el pasado miércoles, 3 de septiembre del 2025, reclamando el pago de sus sueldos que no llegan hace ocho meses.
“No tenemos para pagar el arriendo, nos hace falta para los servicios básicos, ya entraron nuestros hijos a estudiar y no tenemos para útiles escolares, y la verdad me he visto en la necesidad de buscar medios por otros lados”, afirmó Katty Larreátegui, personal de limpieza del hospital.
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Ella y más de 30 personas que estaban concentradas en la puerta principal aseguraron que no han encontrado otra opción sino vender comida por internet, limpiar casas, planchar y lavar ropa o cuidar niños para sacar entre $ 20 y $ 25 diarios y poder llevar el sustento a sus hogares.
“La mayoría aquí somos sostén de hogar, papá y mamá, y en esta situación nos toca salir de aquí y tratar de ayudarnos haciendo labores en otros lugares para poder sostener a nuestros hijos”, dijo.
Esta serie de reclamos obligó al Ministerio de Finanzas a duplicar el presupuesto del 2025 en $ 2′000.000, es decir, las autoridades sanitarias dispondrán de $ 4,79 millones para la compra de equipos, muebles y máquinas.
Una de las esperanzas del Gobierno nacional para aliviar esta situación es la alianza que están preparando con Unops, una agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que implementará estrategias de compra pública para generar ahorros al Gobierno, principalmente en el área de la salud.
Su directora Kirstine Damkjaer realizó una visita fugaz en el país, el fin de semana pasado hasta el lunes 8 de septiembre, y logró establecer metas y retos para mejorar esta serie de inconvenientes con las autoridades gubernamentales.
En una entrevista para este Diario, Kirstine aseguró que podrían cooperar en la gestión de la inversión y el gasto público para la compra de estos medicamentos de origen especial como el Translarna.
“Yo misma no soy médico, pero sí me siento muy orgullosa de la experiencia que tenemos en adquisición de medicamentos. Por eso está abierta la posibilidad de apoyar al Gobierno para traer este medicamento que los pacientes necesitan.
Lo hemos hecho en varios países de América Latina, asegurándonos de que los medicamentos lleguen sin ningún tipo de novedad", explicó la directora de Unops.
El gremio internacional respaldó y gestionó la compra de 311 ambulancias repartidas en las 24 provincias del Ecuador. Esto, según las cifras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), benefició a cerca de 15 millones de ecuatorianos y generó un ahorro del 16 %, es decir, aproximadamente $ 4′000.000. (I)
