Están desesperados. Llevan casi un año buscando los cadáveres de sus familiares que fallecieron en la primera ola de la pandemia del COVID-19. Y no los encuentran. Han hecho casi de todo: agotaron los registros de hospitales, morgues y cementerios; buscaron entre decenas de cuerpos putrefactos; se hicieron pruebas de ADN para cotejarlas con cadáveres abandonados y nada. No los encuentran.

Uno de esos deudos es Greta Encalada, quien está tras los restos de su hermana que falleció en marzo del año pasado. “Ella tiene un hijo. ¡¿Qué le voy a decir a ese niño?! Es una situación muy triste para nosotros...”, se lamenta.

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Aún quedan por identificar 62 cuerpos de personas que fallecieron en la primera ola de la pandemia y, por otro lado, hay decenas de familias que buscan a sus seres queridos. La última esperanza era que esos cadáveres anónimos correspondieran a esas familias, pero no. No hay compatibilidad. Se hicieron los exámenes necesarios y se confirmó que no existe parentesco.

Entonces, ¿quiénes eran esas 62 personas? y ¿dónde están los difuntos que no aparecen? Estas dos incógnitas abren otra, aún más profunda: ¿los deudos que sí recibieron los restos, la mayoría cuando estos ya estaban enterrados, pueden estar seguros de que realmente son los de sus familiares?

Son dudas que aún quedan por resolver a un año de iniciada la pandemia del COVID-19. Desde que llegó el virus, a mediados de febrero de 2020, el país ha tenido un constante exceso de mortalidad, cifras que superan los registros históricos, y ha padecido tres oleadas de muerte.

La primera azotó a las provincias costeras, sobre todo a Guayas y Santa Elena; la segunda golpeó al centro y norte del país; y la tercera, que aún está en curso, ha afectado a varias provincias, principalmente a Carchi.

Un análisis de EL UNIVERSO a las cifras de defunciones publicadas por el Registro Civil muestra que, entre el 1 de marzo de 2020 y el 21 de febrero de 2021, hubo 45.843 muertes por encima del promedio registrado en 2018 y 2019. Ese exceso de fallecimientos es suficiente para desbordar el estadio Monumental, de Barcelona, o el Rodrigo Paz Delgado, de Liga de Quito.

El Registro Civil inscribe los fallecimientos por todo tipo de causas. Ahí se cuenta no solo a quienes murieron por COVID-19, sino también a quienes padecieron una enfermedad crónica o un accidente grave y no pudieron ser atendidos por el colapso de los hospitales durante la emergencia sanitaria.

Un estudio del Financial Times muestra que Ecuador es el tercer país del mundo con más porcentaje de muertes en exceso, con un incremento del 69% con respecto a los registros de años pasados. Solo es superado por Bolivia, con el 72%, y por Perú, con el 97%

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha reconocido casi 16.000 fallecidos relacionados con el COVID-19: el 70% confirmado por causa del virus y el resto probables. Estas muertes representan la tercera parte de todos los decesos en exceso registrados.

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Para la epidemióloga Andrea Gómez, la única transformación que ha habido en el país para explicar ese exceso de defunciones es la pandemia. Sin embargo advierte que, como el Registro Civil no publica la causa de los decesos, no se puede determinar si estos fueron una consecuencia directa o indirecta del coronavirus. La especialista recuerda que la crisis no es solo sanitaria, sino también económica y que eso puede provocar otro tipo de muertes.

Ecuador no estuvo preparado para enfrentar al virus. La versión oficial dice que la primera persona contagiada en el país fue una señora de Babahoyo de 71 años, que vino de España, y que inició los síntomas el 15 de febrero de 2020. Hasta hoy, en las estadísticas del MSP, este sigue apareciendo como el “caso cero”. Pero hay dudas.

En uno de los reportes diarios emitidos por el MSP, el del 12 de mayo de 2020, apareció un nuevo “caso cero”, alguien que habría empezado a mostrar síntomas el 12 de febrero. El documento mostraba que era una persona domiciliada en Pascuales (Guayaquil), sin más detalles. El MSP ni el COE nacional aclararon el tema pese a las consultas realizadas. Ese caso simplemente desapareció en los reportes siguientes.

Lo cierto es que en marzo empezó a levantarse la ola de fallecimientos. En enero de 2020, antes de la llegada del virus, hubo 52 defunciones por encima del promedio de los dos años anteriores en todo el país; en febrero, 263; en marzo, la cifra alcanzó las 3.792. Y aún no había llegado lo peor.

El 4 de abril de 2020 fue el más trágico. Solo ese día se inscribieron 1.128 decesos en el Registro Civil. Ese mes el exceso de muertes alcanzó las 15.610. Guayas y Santa Elena fueron las provincias más azotadas.

En Guayaquil, el sistema sanitario colapsó. Cientos murieron en sus casas, sin atención médica. Pasaban días antes de que la Policía recogiera los cadáveres de los domicilios.

Eso le sucedió a María Dolores Encalada, una guardia de seguridad de 46 años. Falleció el 26 de marzo en su casa, con síntomas de coronavirus. Su cuerpo fue levantado por la Policía dos días después. Sus familiares aún buscan los restos.

Su hermana, Greta Encalada, cuenta que por las bitácoras policiales se supo que María Dolores fue llevada al Hospital del Guasmo Sur y que ahí se perdió el rastro. Ella iba a esa casa de salud en busca de respuestas, pero nadie quería hacerse responsable. “Hasta el día de hoy sabemos qué hicieron con el cadáver de mi hermana”, reclama.

Greta Encalada pide que se dé con el cuerpo de su hermana, que falleció al inicio de la pandemia en su casa. Ronald Cedeño.

Su caso no es aislado. La Defensoría del Pueblo ubicó a 36 familias que habían perdido el cuerpo de algún ser querido en ese mismo hospital, en el de Monte Sinaí y en el Teodoro Maldonado Carbo.

La vicedefensora Zaida Rovira se puso al frente de la situación. Apenas el tema trascendió en redes sociales, ella recorrió los hospitales para verificar el problema. Vio cadáveres amontonados en morgues y contenedores.

Rovira explica que los hospitales estaban desbordados, que el personal tenía terror al contagio y que se agotaron las fundas para cadáveres. Ella recogió denuncias de familiares que afirmaban que les pedían entre $ 200 y $ 300 para recibir los restos; si no, tenían que buscarlos ellos mismos entre los montones de cuerpos.

Rovira resume así el caos: “Había una pila de cadáveres, entró gente que no manejaba protocolos, no se puso un rotulado seguro (a los cuerpos) para que no se cayera, las fundas no eran antifluidos... Todo eso hizo que las etiquetas, que los lazos y los nombres se perdieran”. Y con la descomposición de los restos se hizo imposible identificarlos.

La Defensoría del Pueblo planteó una acción de protección a nombre de las familias afectadas. En julio, un juez ordenó que Medicina Legal realice los exámenes para dar con los cuerpos extraviados. Rovira señala que encontraron 216 cadáveres en los contenedores y empezó el cotejamiento de ADN.

Greta Encalada tenía la esperanza de por fin obtener una respuesta. Su madre, de 78 años, ofreció las muestras para hacer los exámenes. Pero la solución no llegó. Su hermana no estaba entre esos fallecidos.

Con esas experticias, Medicina Legal pudo identificar a 154 cuerpos. Quedan 62 sin reconocimiento. Una vez que el cotejamiento terminó, las familias que no hallaron solución cayeron de nuevo en la desesperación.

Rovira tiene su propia conclusión: “Eso significa que sus seres queridos fueron entregados a otras familias, fueron sepultados por otras familias”. A su criterio, lo que queda es exhumar los restos de quienes fueron enterrados con una identidad dudosa. Recuerda que muchos, al inicio de la pandemia, no pudieron reconocer los cuerpos de sus familiares. Se despidieron de ellos y luego el Gobierno les dijo dónde estaban sepultados. Ahí se creó una incertidumbre.

Greta Encalada recibió la noticia de que 40 de esos cadáveres podrían ser exhumados en las próximas semanas. Eso la anima a seguir con la búsqueda, aunque también piensa que los restos de su hermana pudieron haber sido incinerados. No sabe qué hacer. “¡Nosotros no tenemos idea de nada!”, exclama.

A la par, la Fiscalía ha estado investigando estos hechos. En abril de 2020, el fiscal Luis Rosero abrió un proceso que aún permanece en etapa reservada.

Se agotaron los nichos

Esa fue la primera ola de muerte. A esta le siguió otra de menor intensidad, pero más extendida. Golpeó al centro y norte del país, en julio y agosto del año pasado. En ese primer mes hubo casi 4.900 muertes en exceso y en el segundo, unas 4.000. Las provincias más afectadas fueron Santo Domingo, Pichincha, Sucumbíos y, sobre todo, Tungurahua.

Tungurahua padeció dos meses trágicos. Fue tal el impacto que en julio se agotaron los nichos en el cementerio municipal San Vicente de Ambato, el más grande de la urbe.

Desde entonces, señala José Quishpe, presidente de la Asociación de Funerarias de esa ciudad, las inhumaciones se realizan en las parroquias periféricas, donde el costo es más elevado. Y algunos de estos camposantos también están a punto de coparse.

Ambato tiene unos 387.000 habitantes. Antes de la pandemia, cuenta Quishpe, máximo había diez muertes diarias. En contraste, durante la ola de mortalidad, atendían con regularidad unas 30 defunciones al día. Cuando la fuerte marejada pasó, los servicios descendieron a tres o cinco diarios.

Otra consecuencia de la gran cantidad de decesos fue la escasez de bolsas para cadáveres, que se agotaron en el hospital del IESS de Ambato en agosto. “Nos estaban dando los cuerpos envueltos en bolsas de basura... El riesgo era para nosotros”, señala Quishpe. Afortunadamente, el problema se solucionó el mes pasado.

Quito también sintió el mayor estrago de la pandemia en julio. Con las camas hospitalarias y de terapia intensiva desbordadas, las muertes aumentaron de forma exponencial. Ese mes, el Municipio reportó 142 cadáveres levantados en domicilios y calles, todos con afecciones de COVID-19.

Entre septiembre y diciembre de 2020 las defunciones descendieron a nivel nacional. Hubo entre 1.300 y 2.000 muertes mensuales en exceso. Pero en enero se volvieron a incrementar: la cifra casi bordeó las 2.700. Estos fallecimientos se repartieron en varias provincias. La mayor afectación se dio nuevamente en Tungurahua y también en Carchi.

Quishpe sí sintió el incremento, que no alcanzó la magnitud de julio y agosto. Afirma que en enero atendieron unos diez fallecimientos diarios y que la mayoría fue por COVID-19.

El impacto fue más fuerte en Tulcán, que ese mes sufrió el mayor pico de muertes de toda la pandemia. Esa ciudad tiene unos 102.000 habitantes. Elvia Chinguad, propietaria de una funeraria en el centro de la urbe, cuenta que al inicio de la emergencia daba dos o tres servicios por semana. En agosto y septiembre, cuando hubo un repunte, fueron hasta dos atenciones diarias. Pero enero no tuvo precedentes: un día ofreció ocho funerales.

“Eran mayorcitos contagiados de la juventud“, recuerda Chinguad. “Había comentarios de que los nietos se fueron a bailar a las discotecas a pasar esto del Año Nuevo y de ahí ya llegaron contaminados y les contagiaron a los abuelitos”.

Frente al incremento de casos, el COE cantonal de esa ciudad decidió volver al semáforo rojo. El alcalde Cristian Benavides explicó que la medida se tomó por el descontrol en las fiestas de fin de año. Las consecuencias se empezaron a sentir la segunda semana de enero: los casos confirmados se multiplicaron a 250 semanales, las camas de terapia intensiva se llenaron al tope y las muertes por COVID-19 llegaron a las siete diarias.

Las restricciones del COE cantonal duraron un poco más de un mes. Como consecuencia, los indicadores mejoraron: ahora se detectan 60 contagios por semana, las terapias intensivas tienen el 40% de disponibilidad y se reporta un fallecido semanal. Por esa razón, Tulcán volvió al semáforo amarillo la semana pasada.

Las estadísticas del Registro Civil muestran que esta tercera ola ha mermado a nivel nacional en las últimas semanas. Sin embargo, el panorama no es tan alentador. Andrea Gómez dice que hasta ahora se han palpado las consecuencias de Navidad y Año Viejo. “Hay que esperar a ver el efecto de carnaval”, advierte. Y para eso aún faltan unos veinte días.