TULCÁN
El proceso de deportación de privados de libertad de nacionalidad colombiana que cumplían penas en las cárceles de Ecuador por el puente internacional Rumichaca se reanudó en las últimas horas.
Esta medida se aplica en medio de hermetismo y voces que critican la forma en que se realiza la entrega, acción que aseguran no sería debidamente coordinada entre ambos países, como denunció Amilcar Pantoja, alcalde Ipiales, y varias autoridades del departamento de Nariño.
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Entre ellos coinciden que tras la primera llegada debieron de comunicar incluso a la Presidencia de Colombia para que se establezca un plan de contingencia.
En la primera entrega fueron deportados 817 reos de los centros de privación de la libertad de Chimborazo, Cañar, Loja, Santo Domingo, Imbabura, Manabí, Esmeraldas, Azuay, Pichincha, Guayas, Cotopaxi, Sucumbíos, Manabí, Guayas, Tungurahua y Carchi, como oficialmente informó el comandante de la Subzona de Policía de Carchi, Ricardo Manitio.
Según trascendió en las últimas horas, un nuevo grupo de personas de nacionalidad colombiana que se encontraba privado de libertad en cárceles ecuatorianas fue expulsado y dejado en Rumichaca, en la vecina ciudad de Ipiales, en la frontera con Colombia.
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Personal del Ejército ecuatoriano habría escoltado los buses hasta el viaducto binacional para garantizar la deportación.
En territorio colombiano, representantes de Migración, del Instituto Nacional de Prisiones de Colombia, la Fiscalía y Policía fueron los encargados de revisar si tenían cuentas pendientes en esa nación.
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En la primera deportación masiva, efectuada el 26 y 27 de julio de este año, la Cancillería de Colombia indicó que fueron recapturadas únicamente catorce personas privadas de libertad, quienes tenían cuentas pendientes con la justicia.
La mayoría de ellas resultaron libres y fueron avistadas caminando por la carretera Panamericana, en Colombia, el día en que fueron liberadas, intentando dirigirse a sus lugares de origen a pie, ya que no contaban con dinero.
Hay la presunción por parte de las autoridades de que un significativo número aún se encuentra en el departamento fronterizo de Nariño.
Se ha indicado que entre los expulsados en este nuevo bloque se encontraban quince mujeres procedentes de la cárcel de Tungurahua, trece hombres de la prisión de Machala y una mujer más proveniente del penal de Zaruma.
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Durante la verificación de los prontuarios judiciales, las autoridades colombianas habrían recapturado a uno de los expulsados, quien tendría cuentas pendientes con la justicia en Colombia.
Personal del Instituto Departamental de Salud de Nariño se encargó de valorar las condiciones de salud del grupo, una vez cruzó al lado colombiano.
‘La deportación de reos alivia la presión en las cárceles, pero sin controles podrían reingresar’
Según los medios de comunicación de las fronterizas ciudades colombianas de Ipiales y Pasto, los primeros estragos de este proceso comienzan a sentirse, ya que los delincuentes en libertad son denunciados en casos de atracos y hurtos en establecimientos comerciales.
La Policía Metropolitana de Pasto informó que este jueves, 7 de agosto, aprehendió a un reo deportado en un centro comercial debido a un robo que perpetraba en ese establecimiento.
Los servicios de investigación policial de Nariño dan cuenta que las PPL deportadas se estarían refugiado en centros de tolerancia y sitios de expendio de drogas en diferentes barrios de Pasto, la capital nariñense.
Advierten que las vecindades han denunciado que han notado la presencia de personas sospechosas que anteriormente no habitaban en esos sitios, por lo que la Policía Metropolitana está solicitando denunciarlas.
El jueves de esta semana, el alcalde de Ipiales, Amilcar Pantoja, encendió las alertas en la frontera tras una declaración en la que advierte una posible deportación masiva de ciudadanos venezolanos que actualmente se encuentran detenidos en cárceles ecuatorianas.
Agregó que estos ciudadanos podrían ser expulsados y dejados en el puente internacional Rumichaca, algo que genera preocupación entre los habitantes de esta jurisdicción fronteriza.
El burgomaestre no ha citado la fuente de esta información; sin embargo, hizo un llamado a la Cancillería colombiana para que obtenga información oficial sobre la situación y así prepare un plan de contingencia. Desde el Gobierno ecuatoriano no se ha emitido un pronunciamiento al respecto.
Expertos en temas carcelarios y en derecho internacional de la región coinciden en que la figura de deportación no fue la ideal, pues legalmente los reos debieron ser repatriados para garantizar la entrega, más aún cuando existen convenios entre los dos países.
Creen que algunos presos decidieron quedarse en la frontera colombiana para retornar nuevamente a Ecuador, ya que presumen que tienen familia en este país o son parte de los grupos delincuenciales organizados que operaban desde las cárceles y ahora, una vez en libertad, podrían convertirse en los operadores externos para delinquir.
Puntualizan que, pese a haber sido advertidos de que se convertirían en objetivo militar y no podrían regresar en 40 años, estos expresidiarios se fortalecieron delictivamente en este territorio ecuatoriano, donde la moneda oficial es el dólar. (I)
