El pedido para que el Municipio de Quito administre la autopista General Rumiñahui y ya no la Prefectura de Pichincha hizo una organización que agrupa a moradores por donde pasa esa vía que une la capital con el valle de los Chillos y viceversa.
La autopista General Rumiñahui se inicia a unos 20 metros de El Trébol y va por barrios del suroriente de la capital hasta el puente 9, que conecta el Distrito Metropolitano con el cantón Rumiñahui y viceversa.
Esa vía es administrada por la Prefectura de Pichincha por delegación del cabildo quiteño.
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Diariamente cruzan por esa autopista unos 90.000 vehículos, lo que causa una gran congestión vehicular en las primeras horas del día y en horas de la tarde.
En 2024, en la autopista Rumiñahui circularon 89.647 vehículos que dejaron un ingreso de alrededor de $ 13 millones anuales. Para 2025 se movilizarían 96.076 automotores y se estima que en 2028 suban a 106.176.
Representantes barriales han señalado que en cada ocasión que usan la autopista Rumiñahui deben pagar peaje, lo que representa mucho gasto. Además, que al estar en una zona urbana un peaje es ilegal.
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El colectivo Fuera, Peaje, Fuera, Vecinos Unidos presentó, en la Defensoría del Pueblo, un pedido para que esa entidad los apoye debido a que para sus dirigentes el cobro es injusto y el peaje es ilegal.
Según Jorge Calero, presidente del colectivo, la Defensoría del Pueblo emitiría un exhorto que es un documento que indica que estará atenta al desenvolvimiento de sus planteamientos.
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Agregó que el peaje no debería estar en el lugar actual porque, adujo, está prohibido y hay jurisprudencia con el peaje que había hacia la Mitad del Mundo, en el norte de Quito, y que fue retirado.
Señaló que la autopista está en mal estado, pues hay baches que afectan a los vehículos, tampoco hay seguridad ni buena iluminación y existen coactivas por no haber pagado el uso de vía.
Fidel Chamba, concejal independiente del Distrito Metropolitano de Quito, expresó que hay un convenio suscrito entre el Municipio capitalino y ese Gobierno provincial en octubre del 2007 que establece que la última institución se encargará del mantenimiento del sistema vial de esa autopista. Su vigencia es de 30 años, hasta el 2037.
Calero mencionó que han hecho varias acciones de rechazo, entre ellas, caravanas motorizadas por la autopista y seguirán con esas movilizaciones.
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El pasado 27 de marzo se presentó en la Corte Constitucional (CC) una acción de inconstitucionalidad contra el cobro del peaje de la autopista General Rumiñahui, administrada por la Prefectura de Pichincha.
La demanda fue respaldada por Chamba junto con miembros de un colectivo ciudadano que rechaza el pago de esta tarifa.
Para Calero, una vez que la Prefectura deje de tener competencia, la administración iría a la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), una dependencia del cabildo quiteño, que tiene un presupuesto destinado para vías a fin de que la administre. (I)
