Amotinamientos en cárceles de Ecuador: 3 claves que explican qué hay detrás de la peor masacre carcelaria de la historia del país

Al menos 79 reos murieron en los enfrentamientos entre miembros de bandas rivales amotinadas en centros penitenciarios en Cuenca, Guayaquil y Latacunga, más que todos los muertos registrados el año pasado en las 48 prisiones del país.

Y la saña y la extrema violencia de sus integrantes se hizo evidente en las imágenes de cuerpos decapitados y desmembrados que pronto empezaron a circular en redes sociales.

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“Sin precedentes lo que ha sucedido hoy”, dijo el exalcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, en referencia a las 34 muertes que se produjeron en la cárcel de El Turi, una de las más afectadas.

“Esto es horrible. Lo de Turi no me deja trabajar en paz”, fue el resumen del sentir hecho por una habitante de Cuenca, en declaraciones recogidas por el diario El Comercio, con pobladores de Cotopaxi, Guayaquil y muchas otras ciudades de Ecuador declarándose igualmente conmocionados.

Amotinamientos en Ecuador: al menos 79 muertos en una ola de violencia en varias cárceles del país

El país sudamericano no es ajeno a la violencia en sus prisiones: para contenerla el presidente Lenín Moreno tuvo que ordenar el estado de excepción en las cárceles del país dos veces en los últimos dos años.

Pero, ¿qué se juntó para que Ecuador viviera este martes la peor masacre carcelaria de su historia?

1. Aumento del narcotráfico

En su primera manifestación sobre los hechos, el presidente Moreno relacionó las matanzas con el crimen organizado transnacional y el narcotráfico.

“Fuerzas oscuras amenazan nuestra convivencia”, declaró en un videocomunicado difundido por la Presidencia en el que aseguró que no hay “coincidencias” y que los sucesos del martes son “consecuencia” de un incremento del narcotráfico.

“No es casual que estuviera organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y tráfico de drogas en el territorio nacional”.

Según los medios ecuatorianos, cinco bandas criminales están detrás de los sangrientos sucesos del martes.

Se trata de Los Pipos, Los Lobos, Los Chone Killers, Los Tiguerones y Los Choneros, quienes se disputan el liderazgo vacante desde la muerte del líder de este último grupo, Jorge Luis Zambrano, “Rasquiña”.

Como explica el portal especializado Insight Crime, los grupos criminales ecuatorianos tradicionalmente operan de manera fragmentada, actuando fundamentalmente como subcontratistas de organizaciones criminales extranjeras.

Pero Zambrano, quien fue asesinado en un centro comercial en diciembre pasado poco después de salir de prisión, había logrado establecer alianzas con varias de las organizaciones criminales antes mencionadas.

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Estas alianzas, sin embargo, no sobrevivieron a la muerte de “Rasquiña”, cuya organización también mantenía una disputa con otro grupo delincuencial: Los Lagartos.

Y cuando los líderes de los grupos antes mencionados “se enteraron que sus jefes iban a ser atacados con armas de fuego, se levantaron de inmediato”, explica el diario El Comercio, citando a los investigadores de los enfrentamientos del martes.

“Es una disputa del mercado delictivo y del narcotráfico que excede las fronteras del país”, agregó.

“Esperábamos una reacción inmediata luego del asesinato de ‘Rasquiña’, pero se demoró”, dijo el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, Snai, Edmundo Moncayo.

Y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, denunció “una acción concertada de organizaciones criminales”.

Lo que se disputan las bandas ecuatorianas no es cualquier cosa. Como también destaca Insight Crime, en los últimos años Ecuador se ha convertido en la “autopista de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa.”

Según fuentes de antinarcóticos citadas por el portal, como resultado de los cambios de estrategia de los narcotraficantes colombianos, “más de un tercio de la creciente producción de cocaína en Colombia llega actualmente a Ecuador”.

Y los periodistas ecuatorianos María Belén Arroyo y Arturo Torres, autores de un libro sobre el tema, estiman que unas 500 toneladas de droga salen cada año desde Ecuador hacia el extranjero.

2. La austeridad

El aumento del narcotráfico también se ha traducido en un aumento de la población carcelaria de Ecuador, el que no se ha correspondido con una mejoría de las capacidades de supervisión y vigilancia.

Antes bien, como parte de los planes de austeridad acordados con el Fondo Monetario Internacional, estos sectores también se han visto afectados por los recortes que en su momento generaron una ola de protestas.

Una de las consecuencias de la falta de recursos es que, según los cálculos del propio Snai, el déficit en el personal encargado de garantizar la seguridad de las prisiones es del 70%.

Según el portal Primicias, en Ecuador un guía penitenciario debe cuidar en promedio a casi 27 reclusos, cuando el estándar internacional recomienda una proporción de uno por cada nueve.

Y eso puede ayudar a explicar la relativa impunidad con la que los narcos operan desde las cárceles, así como las abundantes armas a las que pudieron recurrir durante los sucesos del martes.

La falta de personal es también una de las razones de las declaratorias de estado de excepción de 2019 y 2020, pues la medida permitió la movilización de efectivos del ejército para enfrentar la violencia en las prisiones ecuatorianas.

Pero en octubre del año pasado, la Corte Constitucional prohibió seguir recurriendo a este recurso para enfrentar la crisis carcelaria, ordenando en su lugar la elaboración de un plan que según Eduardo Moncayo no ha podido ser implementado por falta de recursos.

“Necesitamos un mayor esfuerzo financiero”, reconoció el director del Snai.

Como explica Primicias, esta no es la primera vez que la austeridad se interpone en la necesidad de reformar el sistema carcelario ecuatoriano.

Según el portal, en junio de 2019 el gobierno aprobó el llamado Proyecto de Transformación del Sistema de Rehabilitación Social, que requería una inversión de US$38,8 millones.

“Los primeros US$1,7 millones se gastaron en 2019. Y otros US$18,1 millones debieron usarse en 2020. Sin embargo, entre febrero y mayo de ese año, el Ministerio de Finanzas ejecutó tres recortes al programa por más del 70%. El presupuesto quedó en US$ 1,8 millones”, reportó Primicias.

3. El hacinamiento

Todo lo anterior se expresa también en niveles de hacinamiento que, si bien se han reducido con respecto a años anteriores, siguen dificultando la adecuada gestión de las cárceles ecuatorianas.

Según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la capacidad carcelaria ecuatoriana es de 28.500 personas.

Pero en mayo de 2019, cuando el gobierno decretó el primer estado de excepción, el número de reos sumaba 41.836, un hacinamiento del 42%.

Desde entonces a la fecha, el número se ha reducido sustancialmente, con el gobierno agilizando la concesión de beneficios penitenciarios y solicitando a la justicia limitar las prisiones preventivas para minimizar los riesgos de contagio de covid-19 durante la actual pandemia.

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Pero, aún así, los aproximadamente 38.000 presos contabilizados por el Snai suponen un hacinamiento del 33%.

Y las cárceles de Cuenca, Guayaquil y Latacunga concentran el 70% de todos esos reos.

Como explica Insight Crime, la superpoblación de las cárceles es un fenómeno regional que resulta en problemas de derechos humanos y en la falta de control sobre los sistemas penitenciarios.

Y al haber obligado a internar en los mismos centros a miembros de bandas rivales, también contribuyó a los sangrientos enfrentamientos del martes.