La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) clausuró un centro clandestino de tratamiento de adicciones en la cooperativa Patria Nueva, en Santo Domingo de los Tsáchilas.
El operativo, que respondió a una alerta ciudadana, reveló graves violaciones a los derechos humanos.
En el lugar, 56 personas, incluidas mujeres y menores, vivían en condiciones de hacinamiento, insalubridad y maltrato. El centro operaba sin permisos ni licenciamiento sanitario.
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Las autoridades encontraron a 43 hombres adultos, 9 mujeres adultas, 3 menores varones y una menor. Todos carecían de agua potable, servicios básicos y vivían en espacios con candados y rejas. Algunos internos presentaban enfermedades, como escabiosis y esquizofrenia, sin atención médica adecuada.
Además, la presencia de plagas, alimentos en descomposición y olores fétidos evidenciaron la extrema insalubridad. La falta de ventilación agravaba aún más las condiciones. Los inspectores hallaron medicamentos, catéteres y sueros sin control sanitario, junto con supuestas “historias clínicas”.
También encontraron objetos sospechosos, como machetes, bates y palos, presuntamente usados para castigos, además de indumentaria militar. La ausencia de personal médico y protocolos profesionales confirmó la vulneración de derechos.
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Las condiciones impedían cualquier posibilidad de escape en emergencias. El operativo contó con el respaldo del Ministerio de Salud Pública, que brindó atención médica y psicológica a los afectados.
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional garantizaron la seguridad, mientras la Dinapen gestionó la entrega de los menores a sus familias. La acción conjunta destaca la importancia de la colaboración interinstitucional.
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Acess subrayó: “No toleraremos centros clandestinos que se lucren del sufrimiento humano”.
La institución pidió a la ciudadanía denunciar cualquier irregularidad para prevenir más abusos. (I)
