Sobre la anulación de 2.700 títulos profesionales de siete carreras, otorgados por la Universidad Internacional de la Integración de América Latina (Unival) de Nicaragua, el procurador judicial de un grupo de estudiantes mencionó que existen sentencias que avalan su registro en Ecuador y que continuarán con otras instancias superiores e internacionales para que se inscriban.
En una carta dirigida a este Diario, Juan Caluqui Díaz, procurador judicial de los graduados de Unival, aseveró que durante las audiencias en cinco juzgados y tribunales se presentaron los documentos sobre las autorizaciones y acreditaciones en Nicaragua y su registro en la Senescyt, además de pruebas testimoniales para demostrarlo.
Calificó de “falso” que la universidad no tuviera autorización de funcionamiento en Nicaragua.
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También el abogado mencionó que el cierre de la institución se dio de manera “arbitraria” e “ilegal” por el Gobierno de ese país, en medio de controversias políticas y asuntos de derechos humanos.
Por ello, recordó que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas declaró el cierre “arbitrario” de universidades privadas, entre ellas la Unival, como parte de “los crímenes de lesa humanidad” de ese Gobierno. Además, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos condenó este hecho mediante una resolución, apuntó el abogado.
Asimismo, consideró “ilegal” y “violatorio del derecho” que se justifique el rechazo de los títulos con base en el decreto del Ministerio de Gobernación del 14 de diciembre de 2022.
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Al respecto, el procurador apuntó que los graduados han ganado cuatro juicios en cuatro juzgados diferentes para que se registren los títulos de Unival, pero no se ha dado cumplimiento a esto, por lo que se ha elevado una denuncia a la Corte Constitucional.
En una acción de protección, radicada en el Tribunal de Garantías Penales, se dictó sentencia ordenando el registro de los títulos, a lo que se presentó una apelación. Según el abogado, en segunda instancia, la Sala Laboral revocó la sentencia y ordenó que se continuara el reclamo en la instancia administrativa, pero “nunca ordenó anular el registro de los títulos ya realizados”; sin embargo, así se hizo.
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El abogado explicó que esa no era la última instancia judicial para disponer la anulación de los títulos y manifestó que se han presentado siete acciones extraordinarias de protección contra esa sentencia.
Por ahora, dijo, hacen falta dos instancias más en este caso: la Corte Constitucional y las instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
Sobre aseveraciones de que la Unival no podía impartir clases a ecuatorianos, el abogado recordó que la universidad apareció en la lista de universidades extranjeras registradas en Ecuador para emitir títulos, publicada por la Senescyt el 17 de noviembre de 2022.
El abogado exigió que se respeten los derechos constitucionales y los derechos humanos conforme a los tratados firmados en la Convención Americana de los Derechos Humanos y las Naciones Unidas.
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“Que respeten nuestros estudios y nuestros títulos profesionales por encima de las diferencias políticas o ideológicas”, dijo el abogado, al ratificar su pedido de inscripción de los títulos profesionales.
La postura del ministerio sobre la anulación
Sobre este caso, el Ministerio de Educación, que está a cargo de una parte del sistema universitario tras una fusión con la Senescyt a partir de septiembre de 2025, sostuvo que la situación se originó a partir de la solicitud de registro en el país de títulos de pregrado y posgrado.
En el proceso de verificación para el registro de títulos se identificaron incumplimientos sustanciales relacionados con el reconocimiento y la acreditación de la institución emisora en su país de origen, pues había perdido su personalidad jurídica en diciembre de 2022, adujo esa cartera de Estado.
Dicha medida, subrayó en un correo dirigido a este Diario, se fundamentó en incumplimientos estructurales en materia de calidad académica, entre los que se incluyen la falta de autorización de su oferta educativa en la modalidad en línea, la existencia de inconsistencias en la información reportada ante los organismos reguladores del país y la ausencia de sistemas de información confiables.
Estas condiciones constituyen impedimentos determinantes para el reconocimiento y el registro de los títulos emitidos por la referida institución, al no cumplir con los parámetros mínimos de calidad establecidos en la normativa vigente en el Ecuador, lo que imposibilita dar curso favorable a dichos registros, declaró tras un pedido de información.
El ministerio recordó que un grupo de ciudadanos presentó una acción de protección, pues argumentó la presunta vulneración de sus derechos al no haberse registrado sus títulos.
En primera instancia, una autoridad judicial dispuso el registro de los títulos, pero hubo una apelación y un fallo judicial de febrero pasado determinó que no existió vulneración de derechos, reconoció que esa universidad no cumple con estándares de calidad y revocó la obligación de registrar títulos.
Ante ese pronunciamiento, argumentó, se verificó la información correspondiente y se confirmó que la institución emisora de los títulos no cuenta con la acreditación en su país de origen, requisito fundamental para su reconocimiento en el Ecuador, con lo que se ratificó que no cumple con los parámetros mínimos de calidad exigidos por la normativa vigente. (I)
