Trazando el camino: ¿el retorno del Ecuador a los mercados internacionales?

Durante casi dos décadas Ecuador ha transitado una ruta accidentada en su relación con los mercados internacionales de capital. Desde la adopción del dólar en el año 2000, el país ha experimentado momentos de optimismo financiero, rupturas políticas y procesos de reestructuración que han dejado una huella profunda en su credibilidad externa. Hoy la gran pregunta resurge: ¿está Ecuador listo para volver a financiarse en los mercados globales?

La última emisión de deuda soberana convencional se realizó en enero de 2020, cuando el país colocó $ 400 millones en el mercado internacional, pocos meses antes de que la pandemia global obligara a renegociar más de $ 17.000 millones en bonos. Aquel proceso de reestructuración —que redujo tasas, extendió plazos y otorgó alivio temporal— permitió estabilizar el perfil de deuda, pero también marcó el cierre de una etapa: Ecuador desde entonces no ha vuelto a emitir bonos soberanos tradicionales en los mercados internacionales.

En últimos cinco años, el financiamiento del Estado ha provenido casi exclusivamente de organismos multilaterales, principalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF).

En julio de 2025, el FMI aprobó una ampliación de su programa con Ecuador, aumentando su apoyo a $ 5.000 millones y destacando el cumplimiento de metas fiscales. Según el FMI, el país ha logrado un ajuste notable en sus cuentas públicas, reduciendo el déficit del 7 % del PIB en 2020 al 1,3 % en 2024. Esta consolidación se ha traducido en mayor credibilidad, pero también en una dependencia sostenida del financiamiento multilateral para cubrir el déficit y las amortizaciones de deuda.

A nivel macroeconómico, los resultados son evidentes. Las reservas internacionales superaron los $ 8.800 millones en agosto de 2025, un máximo histórico. El riesgo país, que durante la pandemia superó los 5.000 puntos básicos, ha caído a menos de 800 puntos, su nivel más bajo en casi cuatro años. Ese descenso refleja una mejora en la percepción de los inversionistas sobre la disciplina fiscal del país, aunque todavía se mantiene por encima del umbral de 600 puntos, que históricamente ha sido un requisito para emitir deuda en condiciones de mercado.

Detrás de estas cifras hay decisiones difíciles y políticamente costosas. El aumento del IVA al 15 %, la liberación del subsidio al diésel, la contención del gasto corriente y la reestructuración de entidades estatales han sido piezas fundamentales del ajuste.

El Gobierno también ha planteado la liberación gradual del subsidio al gas licuado de petróleo (GLP), una medida que podría generar ahorros fiscales adicionales cercanos a $ 870 millones anuales. Aunque controvertida, esta decisión enviaría una señal de disciplina que los mercados valoran.

Sin embargo, la estabilidad macroeconómica no es sinónimo de acceso inmediato a los mercados. Persisten factores estructurales que alimentan la percepción de riesgo: una inversión extranjera directa (IED), que apenas alcanzó el 0,3 % del PIB en 2024, la inseguridad, el crecimiento del empleo informal, la minería ilegal, la caída del precio internacional del petróleo y la baja eficiencia en la producción petrolera. Todos estos elementos actúan como recordatorio de que la solvencia financiera requiere también estabilidad política y fortalecimiento institucional.

A pesar de ello, los avances no son menores. En agosto de 2025, Standard & Poor’s mejoró la perspectiva crediticia del país de “negativa” a “estable”, reconociendo los esfuerzos fiscales y el fortalecimiento de las reservas. La calificación, sin embargo, se mantiene en el rango “B-”, todavía dentro de la categoría especulativa, muy por debajo de “investment grade” o “BBB”, lo que implica que los inversionistas internacionales continúan exigiendo primas altas para comprar deuda ecuatoriana. Comparado con sus pares regionales, el panorama ecuatoriano sigue siendo desafiante.

El contexto político interno también juega un papel decisivo. La consulta popular prevista para finales de 2025 podría convertirse en un punto de inflexión para el riesgo país, dependiendo de su alcance y su resultado. Si logra aprobar reformas estructurales, como la modernización del sistema judicial, la flexibilización de ciertos marcos laborales o la apertura de nuevos sectores a la inversión privada, sin generar inestabilidad, el impacto sobre la percepción internacional sería claramente positivo. Por el contrario, un proceso polarizado o un rechazo mayoritario podría debilitar la confianza y retrasar la recuperación del apetito inversor.

En medio de este panorama, el FMI ha enfatizado que la próxima fase para Ecuador debe enfocarse en “profundizar las reformas estructurales y fortalecer la inversión”. El FMI estima que el país necesitará financiamiento externo adicional por cerca de $ 12.000 millones entre 2026 y 2028, tanto para refinanciar vencimientos de deuda como para sostener la inversión pública. El desafío será conseguir parte de esos recursos en condiciones de mercado, sin depender únicamente de multilaterales. En este sentido, el Gobierno busca crear las condiciones para que el retorno al mercado sea gradual y sostenible.

El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que el umbral de 600 puntos básicos en el riesgo país sería el nivel mínimo para una colocación viable de bonos soberanos. De alcanzarse, Ecuador podría volver a emitir deuda a tasas cercanas al 8 %, en contraste con las tasas de dos dígitos que enfrentó en 2019 y 2020. Este retorno permitiría diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia de créditos condicionados.

En este contexto, la pregunta no es si Ecuador quiere volver a emitir deuda soberana, sino si el mercado está listo para recibirla. Un país que supo reducir su déficit, estabilizar su deuda y reconstruir reservas merece atención, pero aún debe sostener el rumbo. La credibilidad no se compra con una emisión, se construye con consistencia.

El desafío para los próximos años será mantener el equilibrio entre la responsabilidad fiscal y el crecimiento inclusivo. Si el país logra fortalecer sus instituciones y mejorar el clima de inversión, el regreso al financiamiento internacional podría ser más que una meta: una realidad. (O)