Las organizaciones nacionales y provinciales agremiadas en la Cámara Ecuatoriana de Transporte Pesado piden al Gobierno buscar soluciones para reducir el impacto de la eliminación del subsidio al diésel, pues ese peso se terminará trasladando al usuario.

El Decreto Ejecutivo 126 eliminó el subsidio y subió el precio del galón de $ 1,797 a $ 2,80 a partir del 13 de septiembre del 2025.

El gremio cuestiona que esta decisión se haya tomado sin antes socializarla con los sectores involucrados y asegura que los deja en total indefensión, “causando gravísimas implicaciones económicas, técnicas, jurídicas y sociales a todo el pueblo ecuatoriano, a quien se le tendrá que trasladar el valor final en el momento menos oportuno”.

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Por ello, piden la derogación del decreto hasta analizar y llegar a soluciones que ayuden a reducir el impacto de la eliminación de este subsidio, que al Estado le cuesta $ 1.100 millones al año.

La Cámara desconoce acuerdos a los que pudieron haber llegado directivos de la Confederación de Transporte Terrestre y de la Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador, “quienes de manera abrupta se han tomado el nombre de los transportistas ecuatorianos; quienes no nos representan”.

El sector indica que han respaldado la gestión del presidente Daniel Noboa desde el inicio y asumieron el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 % al 15 % para ver una solución a la seguridad, pero que ahora, “mientras la inseguridad sea nuestra cruz, es imposible pensar en el incremento del valor de los combustibles”. (I)