El servicio de televisión pagada en Ecuador (por cable o satelital) ha tenido una fuerte contracción en los últimos siete años, perdiendo cerca de un millón de clientes, al pasar de 1,3 millones de suscriptores en el 2017 a 340.980 en el 2024.

Las cifras provienen de reportes estadísticos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), con corte al cuarto trimestre del 2024.

En el periodo de análisis, el grado estimado de penetración del servicio entre la población ecuatoriana cayó del 29,55 % en 2017 al 6,29 % en 2024.

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Con la disminución de la cantidad de suscripciones también se redujo el número estimado de usuarios. La Arcotel indica que mientras en 2017 había alrededor de 4,9 millones de usuarios, para 2014 fueron 1,1 millones.

En cuanto a los proveedores, actualmente la empresa DirecTV lidera el mercado, con 152.083 cuentas y una participación del 45 %.

Le sigue la empresa pública Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con 59.781 clientes y el 18 % de participación.

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La dramática pérdida de clientes está relacionada, en parte, con los cambios en los hábitos de consumo de las personas y el aumento de la cobertura de internet, donde los usuarios prefieren el acceso a contenidos bajo demanda mediante plataformas digitales de streaming, como son Netflix, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ o similares.

Así lo resume Pablo Villalva, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), quien además explica que es por ello que algunas empresas de servicio de televisión paga y canales de televisión tradicionales de señal abierta han optado por crear sus propias aplicaciones digitales.

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La convergencia tecnológica ha permitido a los consumidores acceder a contenidos de manera más flexible y personalizada a través de sus dispositivos móviles, observa Villalva.

Piratería, el principal enemigo

Más allá de la transición hacia plataformas de streaming tipo Netflix, el principal factor que ha golpeado al servicio de televisión paga en Ecuador es el aumento de la piratería, aclara Patricia Falconí, presidenta ejecutiva de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel).

Sustenta su afirmación en el informe Dimensión e impacto de la piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina – Edición 2024, elaborado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (CET.la), que sitúa a Ecuador entre los países con mayor penetración de piratería en televisión paga, con un 26 %.

Un ejemplo de plataformas ilegales de streaming, que transmiten contenidos sin autorización, es MagisTV. En agosto de 2024 un juez ordenó la suspensión inmediata de IP de dicha plataforma por transmitir ilegalmente los partidos de fútbol de la Liga Pro.

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En noviembre de ese año, la Policía Nacional capturó a una persona que presuntamente distribuía cuentas de la plataforma ilegal en la provincia del Guayas. En países de la región, como Colombia, también se han reportado detenciones de individuos supuestamente relacionados con este tipo de actividades.

La vocera de la Asetel añade que según análisis recientes por parte de autoridades de propiedad intelectual, así como de proveedores y dueños de contenido, en Ecuador, de cada dos contenidos que circulan digitalmente, al menos uno es ilegal.

“Esto genera gran preocupación. Lamentablemente, la piratería se debe a varias aristas; la primera es el desconocimiento de las personas frente a los riesgos que generan este tipo de contenidos para los consumidores”, señala.

Explica que al momento de acceder a páginas web de contenidos ilegales estas redireccionan a otro tipo de sitios donde pueden extraer datos personales del usuario, como información de tarjetas de crédito o pueden instalar en los dispositivos (computadoras, celulares o tablets) virus, malware u otros.

“Esas son cosas que muchas veces no logramos identificar como usuarios finales de este tipo de contenidos”, menciona Falconí.

Otra situación que ocurre, dice, es que algunas personas asumen que son plataformas o aplicaciones legales porque pagan una suscripción mensual o anual.

En la realidad, los servicios son ilegales porque los distribuidores no pagan los impuestos y regulaciones relacionadas con la propiedad intelectual de los contenidos que transmiten, ni cumplen las normas establecidas.

El problema se ahonda por la falta de control. “Hoy en día tenemos un sinnúmero de aplicaciones (piratas). Y a pesar de las múltiples acciones que se han hecho con las autoridades de propiedad intelectual y de telecomunicaciones, no se ha logrado establecer un mecanismo viable, factible, ágil, que permita combatir en línea este incremento de la piratería”, lamenta Patricia Falconí.

Recalca que la piratería pone en riesgo a los usuarios, perjudica a los creadores y distribuidores de contenidos, y perjudica al Estado porque recibe recursos por los impuestos que corresponden.

Altos costos encarecen el servicio

Las empresas que prestan el servicio de televisión paga en Ecuador enfrenta altos costos que elevan los precios finales a los usuarios finales, en comparación con lo que ofrecen plataformas de streaming.

Los proveedores locales de contenido tienen que cumplir normativas internas, tributación y cargas regulatorias que no están orientadas a las plataformas del extranjero que ofrecen contenido en línea, lo que evidencia una desventaja, explica Falconí.

Los clientes de las plataformas, tipo Netflix, pagan IVA por el uso de servicios digitales, pero las compañías no tributan al país.

“Si ponemos a competir a una empresa que participa en el mercado ecuatoriano con la regulación laboral, tributaria, sectorial y demás, y a una empresa que no tiene ningún tipo de carga regulatoria, laboral y demás, pues evidentemente la carga no es la misma”, resume.

La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) ha planteado la eliminación del impuesto a los consumos especiales (ICE), cuya tarifa es del 15 %, para el servicio de televisión paga.

El gremio argumenta que la televisión por paga, al igual que las telecomunicaciones, no es un servicio suntuario, sino que genera beneficios a la ciudadanía.

Falconí señala que en ciertas zonas del país, particularmente en las áreas rurales, es más fácil acceder a la televisión pagada que tener internet. (I)