El Gobierno reiteró este lunes, 8 de septiembre, la necesidad de contar con mayores recursos para enfrentar la extracción antitécnica e ilegal de minerales y ante ello exigió a las compañías que paguen la tasa minera.
El cobro de la tasa empezó en julio y hasta el 31 de ese mes tenían que pagar las empresas de mediana y gran minería, mientras que el resto de regímenes lo debe hacer en diciembre.
El instructivo para cobrar la tasa fue emitido el pasado 27 de junio mediante la resolución de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom). La normativa surgió a partir de la resolución 003/25, que puso en vigencia la tasa desde el 31 de mayo.
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Aplica para los titulares de concesiones mineras no metálicas, titulares de concesiones mineras metálicas que se encuentran dentro del régimen general, régimen de pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala en cada una de sus fases.
De acuerdo con la normativa, están excluidos los titulares de concesiones y/o permisos que correspondan a materiales de construcción.
Este lunes, 8 de septiembre, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, dijo que se necesitan recursos para el combate de la extracción antitécnica e ilegal (minería ilegal).
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“Es indispensable tener recursos porque lamentablemente es un desafío enorme que lidia el Gobierno, pero que además está vinculado con los grupos de delincuencia organizada, es decir, no es una actividad más, es una que vincula varios delitos”, señaló la vocera.
Ante ese panorama, comentó que el Gobierno ecuatoriano es firme en llamar y exigir a las compañías que paguen la tasa minera porque es parte de la lucha que han emprendido en contra de la extracción antitécnica.
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El valor de la tasa minera depende del tipo de régimen y fase (evaluación económica, exploración y explotación). Se calcula con base en porcentajes que van del 3 % al 100 % del salario básico por cada hectárea minera.
En el caso de los titulares de licencias de comercialización, el rubro a pagar está fijado en diez salarios básicos.
Si los titulares mineros no cumplen con los pagos en los plazos previstos, la normativa indica que a partir del 1 de agosto pasado o el 1 de febrero del 2026, según corresponda, la Agencia de Regulación y Control Minero dará inicio a un proceso coactivo. (I)
